CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Los últimos días han sido especialmente complejos y severos para migrantes y solicitantes de refugio en tránsito por México y para los propios mexicanos.

La finalización en la aplicación del conocido Título 42 por las autoridades migratorias de Estados Unidos, que permitió la expulsión inmediata de quienes arribaran a su frontera usando el argumento de la pandemia, generó todo tipo de especulaciones y, sobre todo, justificó la implementación de fortalecidas iniciativas de control sobre la movilidad irregular que han resultado gravosas y violatorias de derechos. Si bien se abrieron alternativas para el ingreso regular a Estados Unidos, importantes sin duda, al final el resultado tiene por objetivo más la exclusión y menos la protección.

La especulación más visible de la coyuntura fue el anunciado incremento del flujo de personas arribando a la frontera estadunidense, motivado por la finalización del Título 42 el pasado 11 de mayo. Como esa disposición había sido la herramienta más utilizada para el rechazo de migrantes, se estimó que su conclusión motivaría números sin precedente de personas en movimiento. Dichas oleadas humanas no ocurrieron como se preveía, lo cual tiene explicación por las medidas de restricción migratoria que se implementaron semanas antes.

Al finalizar el año 2022 y al inicio de 2023 los controles migratorios de Estados Unidos se enfocaron sobre la enorme movilidad procedente de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de Haití, estableciendo su inelegibilidad para la solicitar refugio en la frontera sur estadunidense y, como compensación, la posibilidad de acordar una entrevista para el ingreso por razones humanitarias mediante una aplicación remota (CBP One). Se anunció una meta de hasta 30 mil autorizaciones por mes utilizando este procedimiento. Ante la penalización del arribo irregular para esas nacionalidades, que incluía su retorno inmediato a México –que nuevamente tuvo un posicionamiento condescendiente con Estados Unidos–, la movilidad de nacionales de estos países declinó drásticamente en los primeros meses del año (salvo el flujo haitiano, que esencialmente ha continuado).

Bajo esas condiciones era mínima la probabilidad de un gran crecimiento de los arribos irregulares a la frontera de Estados Unidos con el término del Título 42. La notable especulación al respecto se construyó en otro espacio: en la disputa político electoral de Estados Unidos, entre los partidos Demócrata y Republicano y entre sus respectivos gobiernos. Como en ocasiones anteriores, migrantes y refugiados volvieron a ser un objeto usado para golpes electorales, como argumento sobre el fracaso del presidente Biden en el control fronterizo. Para este conflicto un arribo masivo de migrantes y refugiados sería el argumento central que aprovecharía la crítica republicana.

Con independencia de esas disputas electorales, el resultado práctico fueron cambios muy importantes en la política migratoria de Estados Unidos, implementados por el gobierno de Biden y asumidos por el gobierno de México prácticamente sin restricción. Dicho de manera rápida, los retornos de refugiados y migrantes a las ciudades fronterizas mexicanas siguen ocurriendo, pero ahora utilizando la legislación migratoria (el Título 8), que tiene por agravante la inhabilitación hasta por cinco años de ingreso a Estados Unidos y, en caso de reincidencia, la posibilidad de una sanción penal.

Peor aún, las nuevas disposiciones establecen de antemano la inelegibilidad para solicitar asilo directamente en la frontera de Estados Unidos, salvo excepciones muy especiales. Es decir, llegar a esa frontera sin autorización es objeto de alguna sanción y de franco rechazo.

Para que el mecanismo funcione, como es evidente, se requiere de la aceptación mexicana. Por nuestro lado el gobierno del presidente López Obrador no ha establecido alguna estrategia dedicada a la asistencia humanitaria básica de las poblaciones rechazadas por Estados Unidos. Son las organizaciones de la sociedad civil y su extraordinaria generosidad la que atiende realmente la problemática. El desentendido gubernamental, adicionalmente, se extiende a la no protección de migrantes y refugiados, al menos mediante alguna cobertura jurídica que impida el hostigamiento de autoridades migratorias, de la Guardia Nacional o de autoridades locales que se han sumado a prácticas de rechazo y de exclusión.

Lejos de lo anterior, los últimos avisos del Instituto Nacional de Migración han sido prohibir a sus representaciones en los estados que emitan alguna documentación que permita la estancia en México de migrantes y refugiados, así sea de manera temporal. Hasta antes de esa indicación, por lo menos, existía la posibilidad de que el INM otorgara formas migratorias que posibilitaran la estancia autorizada en México por algunas semanas o incluso meses. También existía la alternativa de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, como instrumento de protección y de permanencia regular en el país, así fuera temporal. Ahora eso está prohibido. Lo que se emite ahora son oficios de salida, que en tiempo perentorio indican a la persona extranjera la obligación de salir del país.

Si este es el cuadro, la vulnerabilidad de personas en situación irregular en México se agrava al extremo. Rechazados de un lado, hostigados del otro, excluidos de todo. Cuanto más impropia es la estrategia migratoria mexicana, como dominante es el perfil social de solicitantes de refugio que tienen las poblaciones en tránsito por nuestro país. Pareciera así que el gobierno mexicano está abiertamente sumado a la estrategia de rechazo que migrantes y refugiados enfrentan al arribar a la frontera de Estados Unidos. De paso, dejamos en un cajón y fuera de alcance la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que es la que debiera estar presente y dominando en la coyuntura.

Si bien es cierto que los cambios en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos tienen elementos positivos, como el mencionado recurso remoto con la aplicación CBP One y, además, el establecimiento de centros regionales de procesamiento (anunciados para funcionar en Guatemala, Colombia y otros puntos en Latinoamérica), lo cierto es que al tiempo se están creando escenarios muy crudos, desde el punto de vista de la violación de derechos de migrantes y refugiados e incluso para lo más elemental de asistencia humanitaria. No son pocas las personas sometidas a las fuertes presiones generadas por las nuevas medidas de control de Estados Unidos y de México. No es menor el sufrimiento. Nuestros principios legales en materia migratoria y de refugio debieran motivar la rectificación de este camino. Nuestros migrantes y refugiados también: hoy somos 42% del flujo irregular tocando las puertas de Estados Unidos. Nos toca un mínimo de congruencia y no el ambiente hostil que estamos imponiendo.  

*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM

Este análisis forma parte del número 2429 de la edición impresa de Proceso, publicado el 21 de mayo de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.