CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La noche lluviosa del viernes fue utilizada por policías del Gobierno de la Ciudad de México y por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para desalojar a personas migrantes que se encontraban pernoctando en la plaza Giordano Bruno, de la colonia Juárez.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) subió imágenes en su cuenta en Twitter del desalojo nocturno que inició a partir de las 20:00 horas de viernes, en las que se observa a agentes el INM subiendo a los migrantes a camiones de pasajeros.

La organización alertó sobre el momento en que eran subidas las “familias con necesidades de protección internacional”, de las que no se tiene certeza del lugar donde las llevaban ni bajo qué argumento.

“Esto no debería pasar en una #CiudadHospitalaria @Claudiashein”, reclamó la organización a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al cuestionarla “¿Dónde quedó la #CiudadHospitalaria?, luego de que en la noche lluviosa “están subiéndolas a autobuses”. 

La organización recordó que, hace unos días, en su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum sostenía que su gobierno estaba dando “un trato humanitario a las familias con necesitades de protección”.  

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que el miércoles 17 diera a conocer su versión del desmantelamiento de un albergue ubicado en Tláhuac, llevado a cabo por autoridades capitalinas cuatro días antes, bajo el argumento de que estaba “rebasado” al ser habilitado para 180 personas y en él había más de 4 mil, y que habían sido previamente desalojados precisamente de la plaza Giordano Bruno.

El desmantelamiento llevó a migrantes a tomar nuevamente la plaza cercana a la Secretaría de Gobernación, en espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les otorgara documentación que les permitiera moverse por el territorio nacional sin ser deportados

El medio digital Pie de Página resaltó que el operativo se realizó sin la presencia de personal de comisiones de derechos humanos, nacional o local, ni mucho menos de traductores, toda vez que la mayoría de las personas migrantes que se encontraban en el lugar provienen de Haití.

Según Pie de Página, en la confusión, algunos migrantes accedieron a subir a los camiones que llegaron a la plaza Giordano Bruno, mientras otros ingresaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aledaña al lugar.

De acuerdo con la información proporcionada al medio digital por personal del INM que participó en el operativo, las personas serían trasladadas a Morelos, Puebla, Hidalgo y Aguascalientes, aunque después se les aclaró que las personas migrantes que ocuparon los primeros cinco camiones serían enviadas a Chiapas.

Ante el cierre del albergue en Tláhuac, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) exigió “un alto a las políticas y acciones gubernamentales que exponen la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en la Ciudad de México (CDMX) y otras entidades de la República Mexicana”.

Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Redodem denunciaron que desde hace seis meses solicitaron al gobierno de Sheinbaum “un espacio de recepción de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”, de acuerdo a los principios establecidos en la constitución de la Ciudad de México de protección a las personas migrantes.

Tras señalar que fue hasta que ocurrió el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez que el gobierno de Sheinbaum instaló el albergue de Tláhuac, y que desde un principio las organizaciones civiles alertaron a las autoridades capitalinas que su capacidad era insuficiente, y que debido a ello se empezaron a realizar campamentos en los alrededores del albergue, sin que las personas contaran con los requerimientos mínimos para cubrir sus necesidades básicas.

La Redodem informó que la capacidad de los albergues de la sociedad civil en la CDMX se rebasó hasta en un 800%, debido a que “nos negamos a dejar a las personas (migrantes) en situación de calle, como lo hicieron las autoridades capitalinas”.

Las decenas de organizaciones y albergues de la sociedad civil firmantes, exigieron a las autoridades capitalinas, al gobierno federal y a los organismos de derechos humanos cumplir con sus obligaciones de protección internacional a las personas migrantes, ofrecerles alternativas y garantías de movilidad, así como reunirse con organizaciones de la sociedad civil para “para generar una política pública que garantice el acceso efectivo a sus derechos”.