Los encargados de albergues para migrantes y quienes los asesoran jurídicamente coinciden en que las autoridades mexicanas y estadunidenses se concentraron en montar operativos de contención, en vez de informar con claridad y oportunidad a la gente sobre los requisitos y el proceso para obtener el ingreso legal o, en su caso, el asilo en Estados Unidos. De esa manera, indican, prevalecerá el problema del hacinamiento de personas rechazadas en el lado mexicano.

TIJUANA, B.C.- Entre simulacros binacionales de retención de migrantes, desinformación e incertidumbre, miles de personas originarias de diversos países se desplazaron a Baja California en las horas previas al fin de la aplicación del Título 42. Su esperanza de encontrar asilo en Estados Unidos se encontró con albergues saturados y campamentos improvisados al lado del muro fronterizo.

Cientos de familias llegaron por oleadas a esta ciudad en la recta final de la medida sanitaria implementada por la administración del entonces presidente Donald Trump en el periodo crítico de la pandemia de covid-19 para realizar expulsiones exprés.

La presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó que el Departamento de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) y la Guardia Nacional realizaron simulacros en la Garita Internacional de San Ysidro como parte de las medidas preventivas ante la terminación del Título 42.

Dichas acciones, realizadas la noche del miércoles 10, fue para medir la capacidad de cierre del acceso en caso de presentarse alguna emergencia. Cada grupo realizó las maniobras en su lado, donde hubo maniobras de contención, lanzamiento de bombas de gas e incluso medios locales reportaron que se escucharon explosiones.

El sacerdote Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, destacó que desde hace un mes tienen la “casa llena”, al atender a 140 residentes, sin contar las constantes llamadas telefónicas, mensajes en su página de Facebook y personas en la puerta del conocido albergue, fundado en abril de 1987.

Lamenta que la mayoría no tiene idea del protocolo para obtener asilo en Estados Unidos: “Las cosas que estamos notando es que mucha gente no sabe, no tiene idea del proceso. Hay mucha confusión. Por más que la prensa trate de explicar, ellos se confunden más”.

Desde su apertura, este albergue ha recibido a 270 mil migrantes: todo “un pueblo”, dice vía telefónica el cura estadunidense, y señala que pasaron de ser un albergue para deportados a uno de tipo familiar. “Hoy se nota que son más familias que nada. Hay un montón de niños”, expresa.

Especifica que casi la mitad de esos migrantes son mexicanos desplazados por la violencia, junto con venezolanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos e incluso haitianos que pretenden llegar a Estados Unidos.

Mala información

Acerca de la desinformación de los migrantes ante las expectativas creadas por el fin del Título 42, Murphy lamenta: “Van escuchando chismes de sus comadres, de los coyotes, de que llegan a la frontera y pueden pasar. En Tijuana hay grupos esperando entrar (desde el viernes 12). Lo que va a pasar es que van a entrevistar gente y a muchos los van a echar afuera rápido. Va a ser una decepción muy grande”.

Relata, como ejemplo, que ya trató de explicárselo a un hombre que no podía buscar asilo porque había sido deportado en cuatro ocasiones.

José María García Lara, director y fundador de Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, indica que cada día se ven más personas hacinadas entre los muros que separan México de Estados Unidos en esta zona.

A principios de semana la prensa local calculaba que había 300 migrantes, pero la cifra prácticamente se duplicó y se espera que crezca en los próximos días. También se ven desde aquí las patrullas estadunidenses, que no los dejan avanzar en aquel territorio.

Chema, como García Lara es conocido por sus allegados, consideró “inhumano” que estos grupos estén ahí por mucho tiempo, pues hay niñas, niños, mujeres y hombres a la intemperie, aunque algunos ya estaban instalados en casas de campaña.

El activista coincide en que abunda la desinformación entre estas comunidades de viajeros, pues en el albergue Juventud 2000 –donde hasta el viernes 12 había 200 personas– algunas mujeres extranjeras preguntaban si abrirían la frontera desde el miércoles 10, el Día de las Madres, como escucharon decir a otros migrantes.

“Hay una mala información que se está moviendo alrededor de las comunidades, principalmente entre la gente que tiene la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida o que viene también con problemas de sus lugares de origen. Se complica porque esa desinformación se va de voz en voz”, comenta.

Agrega que el Título 8, que fue retomado a partir del primer minuto del viernes 12, implica castigos hasta por cinco años para quienes entren en forma irregular a Estados Unidos. Por ejemplo, no podrán hacer trámites ni tener acceso a visas o a programas específicos.

Otro problema es que la mayoría de los 30 albergues de Tijuana están llenos; se calcula que en ellos podrían estar actualmente hasta cinco mil personas.

“Estamos saturados. Podemos dar un estimado de que, si son cinco mil personas en los albergues, se puede hablar de otros cinco mil que están afuera”, dice García Lara, quien explica que constantemente ve la llegada de grupos de 10 a 20 personas de México, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala a Tijuana.

“Son núcleos familiares los que llegan aquí, a excepción de hombres solos o que han migrado en estos días. Se ven muchas personas jóvenes, de entre 20 y 25 años, mujeres y hombres. Para muchos es, quizá, su primera experiencia migratoria”, observa.

Durante su conferencia matutina del miércoles 10 de mayo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que se reforzarían los albergues de la entidad y se brindarían facilidades para que los migrantes llenen en internet los formatos de la aplicación móvil CBP One.

Ésta es la principal vía legal para solicitar asilo en los Estados Unidos, además de ser muy utilizada por quienes llegan desde la frontera sur.

“Vamos a reforzar los albergues y vamos a instalar el internet suficiente, y los aparatos tecnológicos que se requieran, para apoyar a las personas que se encuentren en situación de movilidad humana, para que puedan llenar los formatos”, dijo la mandataria estatal.

En comunicado oficial, Ávila Olmeda agregó que su gobierno instalará módulos y brindará la capacitación necesaria en forma coordinada con las autoridades de CBP, además de que esta última se comprometió a aumentar el número de ingresos diarios “para hacerlo más fluido”, además de que no se prevé el cierre de garitas.

Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno designado para coordinarse con autoridades de Estados Unidos, informó de la existencia de 42 albergues en la entidad, donde actualmente hay “cerca de seis mil migrantes”.

Añadió que con la organización civil ADRA se instalará una antena móvil para hacer solicitudes de ingreso en la Unidad Reforma, además de que dicha organización ha puesto a disposición sus servicios de asesoría para estas comunidades.

“No podemos regresar”

María de Lourdes Alvarado, de 52 años, tiene dos meses tratando de cruzar la frontera junto con su esposo, su sobrina y cuatro niños. La inseguridad en Zamora, Michoacán, fue la principal razón para trasladarse a Tijuana. Se refugian en el albergue Juventud 2000 y una de sus hijas la espera en Estados Unidos.

“Más que nada, veníamos huyendo de la delincuencia. Ya ve que por donde quiera encuentran muertos. A veces una ni siquiera dormía”, comenta en una entrevista vía telefónica. Recuerda la llegada amenazante de las camionetas del narco y el frecuente riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

Considera que es complicado usar la aplicación CBP One, además de que tiene que levantarse temprano para activarla porque se satura. Pero es la primera vez que se dirige a Estados Unidos y mantiene la esperanza: “De por sí no le entendía a la que estaba, a esta menos. Que Dios nos dé licencia para llegar a refugiarnos aquí con nuestra familia. Está carajo en Michoacán”.

Rosa María Ortiz tiene 44 años y es originaria de Acapulco. Vía telefónica desde el mismo albergue, narra que llegó a Tijuana en compañía de su hijo de 14 años. Están por cumplir cuatro meses tratando de entrar usando la aplicación, pero aún no obtiene la cita.

Habla de sus motivos: “Venimos por lo peligroso que está ahorita Acapulco. Había demasiada balacera, a mi hijo le tocaron hasta en la escuela. Eso hizo que nos tuviéramos que mover”. Del otro lado del muro los esperan sus tíos, quienes son residentes.

Durante su estancia en esta ciudad, la señora Ortiz ha escuchado recomendaciones de otros migrantes, como apoyarse en un coyote o entregarse a las autoridades de migración. “Pero como llevo a mi hijo, no sabemos lo que va a pasar si uno se entrega”, reflexiona.

Ante todo, se muestra esperanzada y considera que el trámite saldrá bien. Ya no desea mirar atrás: “No podemos regresar a nuestro lugar de origen, por lo peligroso. No queda más que seguir esperando”.

Mientras esperan la oportunidad de obtener asilo en Estados Unidos, tras la vuelta del Título 8, cientos de migrantes aprovechan las aplicaciones móviles para obtener alimentos y bebidas en el campamento ubicado en una parte del muro entre Tijuana y San Ysidro, California.

Al tiempo, organizaciones civiles donan pañales, juguetes y mantas para la población migrante.

La CBP optó por separar a los hombres solitarios de las familias y mujeres que viajan con niños. Al parecer los primeros fueron alejados a kilómetros de ahí, sin que sea precisada la ubicación.

También se repartieron brazaletes de colores para que los migrantes sean atendidos en cierto orden por las autoridades migratorias.

Debido a que muchos huyeron de sus lugares de origen a causa de la violencia, traen consigo pocas pertenencias, principalmente fotos de sus seres queridos en sus carteras y teléfonos celulares. Sin embargo, aquí enfrentan dificultades para adquirir lo indispensable. Se habla de que una orden de pollo puede costar 100 dólares. También les ofrecen pilas y cargadores para celular, pizza y hasta cigarros de 10 pesos cada uno.

Disyuntiva migratoria

El doctor Óscar Rodríguez Chávez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en la Unidad Ciudad Juárez, analiza que la eliminación del Título 42 podría representar un “incentivo” para la población interesada en el asilo, pero al mismo tiempo una desventaja para el migrante tradicional.

Lo anterior porque, al regresar, no generaban historial por una deportación expedita, pero con la puesta en marcha del Título 8 puede haber penalidades administrativas por cruzar a Estados Unidos.

“Es diferente para los migrantes que no quieren solicitar asilo: la eliminación del Título 42 significaría que tienen menos posibilidades de entrar, mientras que para los otros se abre una puerta para atender sus casos, dado que estaban poniendo como atenuante la salud pública en Estados Unidos”, abunda.

El doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef, refiere que la CBP expulsó migrantes en los últimos cinco meses por ambos títulos (8 y 42), por parte de la CBP. Puntualiza que esa transición ya existía, pues los últimos datos del CBP indican la detención de 1 millón 55 mil migrantes:

“Ya se estaba preparando los Estados Unidos. Prácticamente el 60%, en los últimos cinco meses, han sido expulsados por el Título 8 y la diferencia, el 40%, por el Título 42”. Sin embargo, prevé que en vez de arredrarse “seguirá llegando más gente a la entidad”.

Reportaje publicado el 14 de mayo en la edición 2428 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.