CAMPOS, Col.– La central termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, con cuatro décadas en operación, está en medio de un proceso judicial luego de que habitantes y cooperativas locales de pesca promovieron un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y otras dependencias ante los daños causados por la contaminación a la salud humana, al medio ambiente y a las actividades productivas de la región.

Los solicitantes de la protección de la justicia argumentan, entre varios puntos, que la política energética federal del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador profundizó el problema al impulsar nuevamente el uso de combustóleo en termoeléctricas, en contravención de compromisos internacionales y de la Ley de Transición Energética, lo que “impide alcanzar las metas de generación limpia y reducción de gases de efecto invernadero, y perpetúa la dependencia de combustibles fósiles altamente contaminantes”.

El documento de la demanda recuerda que desde 2011 la ley obliga a considerar las externalidades ambientales y de salud al evaluar el costo de la generación eléctrica, pero acusa que esta obligación se ha ignorado sistemáticamente.

Frente a los argumentos de la demanda, clasificada bajo el expediente 1133/2024-2, el juez tercero de distrito en el estado de Colima, Ignacio Beruben Villavicencio, concedió a finales de noviembre de 2024 la suspensión provisional y en marzo último la suspensión definitiva.

El abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, director ejecutivo de Tsikini, AC –organización ambientalista que asesora a la parte quejosa–, indica que el proceso legal ha enfrentado la resistencia de algunas de las dependencias del gobierno federal señaladas como autoridades responsables, entre ellas la Profepa, CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las resoluciones judiciales incluyeron órdenes de realizar diversas acciones inmediatas, entre ellas examinar si la termoeléctrica está cumpliendo con todas las disposiciones en materia ambiental y, en caso contrario, se dicten todas las medidas indispensables para evitar que se continúen consumando esos actos.

En el caso de la Profepa, ante el reiterado incumplimiento de la suspensión provisional, el juez interpretó que se trataba de un desacato y en enero último ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación para que realice la investigación correspondiente, cuyo resultado se desconoce hasta ahora.

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.