México paga demasiado por los medicamentos de patente. Ojo: hablo de medicinas de patente, no de genéricos o similares. No es una afirmación ligera: está respaldada por comparaciones internacionales que muestran que el país se ubica entre los más caros del mundo en ventas al consumidor final. Lo sorprendente no es sólo el precio absoluto, sino la paradoja. Se trata de un país con ingresos medios, con un sistema de salud débil y fragmentado, donde millones de familias dependen del gasto directo del consumidor final. Aun así, paga como si se tratara de una economía desarrollada. La pregunta inevitable es: ¿cómo ocurrió esto?

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés) se suele citar como punto de partida. Todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio lo firmaron. En teoría, el objetivo era proteger la innovación, en particular la investigación farmacéutica. Pero la aplicación de estas reglas ha sido desigual. India es el ejemplo más claro de cómo usar las llamadas “flexibilidades” de TRIPS. Allí, el Estado creó la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) y aplicó el Drug Price Control Order (DPCO), lo que se tradujo en techos de precios para cientos de medicamentos esenciales.

El contraste con México es radical. Aquí las licencias obligatorias son casi inexistentes. No hay autoridad que fije precios máximos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se centra en la seguridad y eficacia de los medicamentos, pero no en lo que cuestan. El resultado es un mercado oligopólico donde las farmacéuticas multinacionales marcan la pauta y donde las farmacias privadas se convierten en el canal principal. El Estado compra caro y, peor aún, el consumidor paga todavía más caro.

México carece de estas herramientas. Y, por si fuera poco, el sistema público de salud no garantiza abasto continuo ni calidad uniforme. ¿De qué sirve que el medicamento sea “gratuito” en un hospital si no está disponible, si llega tarde o si la calidad es cuestionable?

El gasto directo del consumidor final se dispara. En México puede representar hasta 40 % del gasto total en salud, muy por encima de lo que ocurre en países con sistemas universales. Este gasto se vuelve catastrófico cuando absorbe una tercera parte o más del ingreso familiar. Ocurre con frecuencia: familias que deben hipotecar bienes, vender activos o abandonar tratamientos porque no alcanzan a pagar medicinas de patente.

Lo paradójico es que India, con menor ingreso per cápita, logra ofrecer precios mucho más bajos. ¿Cómo? Aprovechando su capacidad de manufactura y aplicando regulación activa. México combina lo peor de los mundos: no regula, no produce lo suficiente, no negocia y tolera mercados opacos.

Los debates éticos han subrayado que el acceso a medicamentos esenciales es parte del derecho humano a la salud. Sin embargo, México parece haber optado por proteger intereses comerciales por encima de ese derecho.esabasto.

La comparación entre México e India es reveladora. Ambos países pertenecen al grupo de economías emergentes. Ambos enfrentan desigualdades profundas en acceso a la salud. Sin embargo, los caminos regulatorios que eligieron los han llevado a resultados opuestos.

India se convirtió en una potencia farmacéutica mundial. México, en cambio, se consolidó como uno de los mercados más caros de América Latina. ¿Por qué la diferencia?

El punto clave es la regulación. En India, la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) tiene facultades claras para fijar precios máximos de medicamentos esenciales. El instrumento es el Drug Price Control Order (DPCO). Esta normativa establece un techo a los precios de miles de presentaciones farmacéuticas. No es una recomendación ni un acuerdo de buenas intenciones: es un mandato legal con sanciones en caso de incumplimiento, que se aplican con rigor.

En México no existe nada parecido. La Cofepris regula el ingreso de medicamentos al mercado, pero no interviene en lo que el consumidor paga en la farmacia. Los precios se fijan por lógica de mercado y las farmacéuticas tienen un margen de acción casi absoluto. El Estado no fija techos y rara vez interviene en la discusión sobre asequibilidad.

La India también ha aplicado licencias obligatorias. Bajo las reglas de ADPIC, los países pueden autorizar que un laboratorio nacional produzca un medicamento patentado sin el consentimiento del titular cuando hay una emergencia de salud pública. India lo hizo. México, en contraste, ha sido renuente a utilizar esta herramienta. Las licencias obligatorias prácticamente no existen en la historia reciente en el país.

Otra diferencia es la estrategia industrial. India incentivó la creación de un ecosistema de laboratorios nacionales con capacidad de producir a gran escala. El resultado es que hoy exporta medicamentos a decenas de países y se le conoce como “la farmacia del mundo”. México, en cambio, no construyó una industria farmacéutica nacional fuerte. La mayoría de los medicamentos de patente son importados o producidos bajo licencia de multinacionales. Esto se traduce en dependencia tecnológica y en una capacidad negociadora mínima.

El impacto en los precios es directo. En India, un tratamiento de patente suele costar una fracción de lo que cuesta en México. Los datos disponibles muestran que la diferencia en costos de manufactura entre India y otros mercados regulados es significativa. Y, aun así, el gobierno indio no deja que el precio final se dispare: el DPCO mantiene bajo control las presentaciones incluidas en su lista prioritaria.

En México el gasto se traslada al bolsillo del paciente. No hay subsidios efectivos ni límites regulatorios. El sistema público sufre desabasto crónico, por lo que muchas familias terminan en farmacias privadas. Allí enfrentan precios comparables a los de países ricos, pero con salarios de economía media. Este gasto catastrófico golpea a los hogares de menores ingresos.

El contraste también aparece en la narrativa política. En India las decisiones sobre patentes y precios se justifican en términos de interés público y derecho a la salud. En México, en cambio, el discurso oficial suele centrarse en la “competencia del mercado” y en la “atracción de inversión extranjera”. La diferencia conceptual es crucial: en un país se prioriza la salud, en el otro se priorizan las reglas de mercado.

Hay que decirlo con claridad: India demostró que un país en desarrollo puede resistir la presión de las farmacéuticas internacionales y aplicar políticas de acceso. México, en cambio, ha permitido que la regulación se capture y que el consumidor pague las consecuencias. El caso de la India es paradigmático de cómo se puede lograr el equilibrio entre patentes y derecho a la salud, pero exige voluntad política. En México esa voluntad ha estado ausente.

El resultado práctico es que India, con un ingreso per cápita mucho menor, garantiza medicinas más baratas a su población. México, con mayores recursos relativos, obliga a sus ciudadanos a pagar precios desproporcionados. Es un contrasentido económico y ético.

En síntesis: India regula, produce y exporta. México no regula, depende e importa. La brecha no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y esas decisiones definen quién accede a un tratamiento y quién queda fuera.

Por fortuna, esa política pública mexicana que viene de varias administraciones atrás es reversible. Y el Estado puede decir basta.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@husmail.com

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Texto de Opinión publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.