Desde el principio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo. Esta intención, respaldada actualmente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la industria digital y tecnológica y entre los defensores del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de las audiencias.

La primera vez que AMLO mencionó la posibilidad de eliminar el IFT fue en una conferencia de prensa el 7 de enero de 2021, argumentando que los organismos autónomos representan una carga para el erario público, son fruto del neoliberalismo y no han cumplido con sus objetivos de acabar con los monopolios.

Esta visión simplista e ideológica no toma en cuenta el rol fundamental que juega el IFT en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, industrias estratégicas para el desarrollo económico y social de México.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013, junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fueron concebidas para ser implementadas por el IFT.

Este organismo se concibió dentro de la idea del nuevo Estado regulador, con un carácter autónomo, independiente, técnico y especializado para que las decisiones regulatorias se tomaran con base en criterios predominantemente técnicos y no políticos, aunque sería ingenuo suponer que la política ha estado excluida de la toma de decisiones.

La extinción del IFT tendría consecuencias para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque significa la politización automática de las decisiones regulatorias.

Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, así como el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que las funciones regulatorias del IFT serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En esta dependencia del gobierno federal, que a partir de la nueva administración estará a cargo de Jesús Esteva Medina, “se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Con el IFT el otorgamiento y revocación de concesiones se había convertido en un procedimiento técnico, que cambiará a político cuando quede en manos de la SICT.

La falta de reguladores independientes (recuérdese que también está contemplada la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica) podría favorecer las prácticas anticompetitivas, afectando a los consumidores con precios más altos y menos opciones y calidad, incluidos en servicios digitales.

El diseño institucional de un organismo autónomo, independiente, técnico y especializado como el IFT es superior a un modelo subordinado o desconcentrado del gobierno federal. La independencia del IFT ha sido clave para su eficacia y credibilidad, permitiéndole tomar decisiones basadas en el interés público y no en agendas políticas.

Preservar el IFT y fortalecer la coordinación y la colaboración institucional con el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum en materia de políticas públicas de telecomunicaciones y digitales tiene más ventajas que la desaparición del IFT.

Dejar las decisiones regulatorias y políticas en manos del gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes conlleva desventajas porque ya conocemos ese modelo. Las decisiones podrían estar influenciadas por intereses políticos de los funcionarios y económicos de las empresas, afectando la imparcialidad y equidad del mercado.

La extinción y la falta de un regulador independiente vuelve a generar incertidumbre en la industria y los mercados, afectando la inversión en el sector.

En lugar de extinguir al IFT, es imperativo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el IFT dialoguen para alcanzar de manera conjunta los objetivos de conectividad y prosperidad digital compartida para México. La colaboración entre el gobierno y el IFT puede fortalecer las políticas públicas digitales y garantizar un entorno regulatorio eficiente.

La desaparición del IFT también tendría implicaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC): es una violación a los compromisos asumidos por México en el tratado, lo cual generaría litigios internacionales y afectaría la relación comercial, principalmente con Estados Unidos.

Si el Congreso aprueba la extinción del IFT, surgirán consecuencias legales y judiciales, como que empresas afectadas podrían iniciar litigios internacionales bajo el TMEC y otros acuerdos comerciales. Así como dar lugar a controversias constitucionales, cuestionando la legalidad de la medida. En tanto que diversos actores podrían presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando revertir la decisión.

La extinción del IFT sería un retroceso a un diseño institucional que ya fue superado. La independencia y autonomía del IFT son principios esenciales para un sector de telecomunicaciones y radiodifusión más eficiente. Es políticamente superior que el gobierno y el IFT trabajen juntos para coordinarse y alinearse a las políticas públicas, fortalecer la regulación y promover la digitalización y la prosperidad digital compartida para todos los mexicanos.

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