CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos denunciaron la impunidad en la que permanece la ilegal persecución hacia las defensoras Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati, contra quienes en 2016 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abrió una investigación por delincuencia organizada y secuestro que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, mantiene vigente hasta ahora.  

Durante la presentación del informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, realizado por Amnistía Internacional, se alertó sobre el uso en México del “sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y acompañan a esas víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”.

El evento de presentación, encabezado por la directora en México de la organización internacional, Edith Olivares Ferreto, contó con la presencia de las tres mujeres sometidas a investigación ilegítima, así como del representante de Amnistía en España, Esteban Beltrán, una de las responsables de la investigación, Belem Barrera y la periodista Carmen Aristegui.

Sin autorización judicial

De acuerdo con el informe, el 29 de enero 2016  la  Seido integró a Delgadillo, Doretti y Turati, como personas a investigar en la averiguación previa que se sigue por el hallazgo en 2011, de 196 cuerpos de personas migrantes en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, abierta por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Lo anterior implicó que las tres “fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano”, pues sus comunicaciones fueron intervenidas, sus ubicaciones geolocalizadas, su escritura sometida a peritajes grafoscópicos a partir de documentos en posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), todo sin autorización judicial y sin informar a las defensoras y la periodista.

La información que formaba parte del tomo 221 de la investigación fue conocida por las víctimas hasta 2021, a partir de solicitudes de amparo que tramitó la entonces directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo, representante de familiares de víctimas de las masacres de migrantes en San Fernando, de 72 en 2010 y de 196 un año después.

El reporte de Amnistía Internacional narra que la forma en que la entonces Seido justificó su actuación ilegal fue a partir de la supuesta denuncia de la familiar de una de las víctimas, quien negó haber autorizado a Turati a publicar en la revista Proceso su testimonio sobre los obstáculos para recuperar los restos de su familiar y que había sido extorsionada, además de que la acusó de haberle dado los datos de Delgadillo en un papel, pero que ella no autorizó a la defensora a ser su  representante en el proceso judicial.

En el caso de Doretti, cabeza del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien tenía un convenio con la PGR continuado con la FGR, para identificar los restos de los migrantes, no parecería haber más justificación que la hipótesis de que mantenía comunicación con Turati y Delgadillo, y que la experta forense les habría filtrado información.

La investigación de las masacres, que pasó de la Seido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), fue concentrada en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh), junto con las abiertas por otras cinco masacres de migrantes, pero la inclusión en la investigación de las tres mujeres en el tomo 221, se mantiene hasta ahora.

De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, enterada de lo que ocurrido acudió a la oficina de Asuntos Internos de la FGR, para denunciar a los agentes del Ministerio Público que habían actuado ilegalmente contra las tres mujeres, sin que hasta el momento haya resultados.

Las afectadas tuvieron que litigar incluso contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en dos ocasiones cerró sus quejas, al considerar que no había violaciones a derechos humanos por haber sido sometidas a espionaje y a la invasión de su privacidad de forma ilegal.  Actualmente, se reabrió la queja ante la insistencia de las defensoras y la periodista.

“En cualquier momento nos pueden detener”.

Durante la presentación, Delgadillo, Doretti y Turati explicaron que han decidido mantener vivas sus denuncias en las distintas instancias en México y que continuarán a nivel internacional si es necesario, ante su convicción de que lo que lo que les ocurrió a ellas no debe repetirse.

Tras señalar que la FJEDD representa a más de 300 familiares de migrantes de Centroamérica y Sudamérica, víctimas de masacres y desapariciones en México, Delgadillo alertó que sin que hasta el momento hayan sido notificadas de estar siendo investigadas, “que se nos incluya en una investigación, que sigue en la impunidad, por delitos de delincuencia organizada y secuestro, que son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, implica que en cualquier momento nos pueden detener”.

Delgadillo, quien también ha representado a familiares de víctimas y sobrevivientes del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas, consideró preocupante que se someta a una investigación ilegal e ilegítima a personas como ella cuya labor ha sido desnudar al sistema “criminal y corrupto del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la impunidad que lo rodea, así como la actuación de la FGR y de las fiscalías, que forman parte de una maquinaria de impunidad y corrupción, que no tienen la mínima intención de corregir esta situación para acabar con la delincuencia”.

Para la defensora resulta reprobable también que en este esquema participe también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que actúa con “crueldad y que discrimina a las familias de personas migrantes, más si los representamos nosotros”-

Delgadillo lamentó que “todo el poder de la ley para combatir la delincuencia organiza se desvió en contra de nosotras tres, que lo único que intentamos es que se diera respuesta a las familias de las víctimas”.

Reflexionó que “no fue fácil denunciar al aparato criminal de la FGR encargado de investigar la delincuencia organizada, una investigación que está parada”. Advertir que las familias de migrantes recorren el país buscando a los suyos las convenció de que “luchar por nosotras es también luchar por esas víctimas”.

Que no se repita

La periodista Marcela Turati coincidió con Delgadillo en que la intención de denunciar es que no se repita en otros colegas lo que ella ha padecido, más aún cuando México sigue siendo uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo.

“Un país sin guerra declarada, se compara con Irak, con Ucrania o ahora en Gaza, México está en la lista de países más peligrosos pero además donde prevalece la impunidad, y hay más de 30 periodistas desaparecidos que nadie cuenta”.

La periodista narró que se acercó a la masacre de los 196 migrantes en 2011, como parte de la cobertura que hacía en la revista Proceso, tiempo en el que atestiguó el operativo oficial para “desaparecer a los desaparecidos”, por medio del cual 120 cuerpos fueron trasladados de Tamaulipas a la Ciudad de México, y que dos años después tuvo acceso a “120 fichas forenses de los cuerpos forenses” que correspondían a esos cuerpos trasladados a la capital del país.

En su cobertura del tema de desaparecidos para Proceso, Turati contó que se le acercó una mujer que le contó que estaba buscando a su hijo desaparecido a su paso por San Fernando y que le han “sacado 250 mil pesos” en extorsión, además de que las actividades de la PGR consistían sólo en llamarla cada semana para preguntarle si sabía algo de su hijo.  Al revisar las fichas forenses, pudo advertir que el hijo de esa mujer había sido identificado desde el primer momento, porque llevaba su identificación en su pantalón, pero que fue depositado en una fosa común.

De acuerdo con la periodista, haber publicado en Proceso los testimonios de los familiares de las víctimas así como las fallas de las autoridades de la PGR y la estrategia para desaparecer a los desaparecidos, causó mucho enojo a las autoridades, tanto que en la respuesta que dio la FGR a la CNDH sobre las razones por las que se espió a Turati, fue porque publicó “cinco reportajes en 14 páginas de la revista en los que según ellos ridiculizaba la actuación de la FGR”.

Riesgo personal

Mercedes Doretti, a través de un enlace remoto, recordó que como cabeza del EAAF le correspondió firmar convenios de colaboración con la PGR para la identificación de restos en Tamaulipas, pero también para ser parte de la representación de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, además de que su organización ya tenía un convenio previo con la institución para trabajar en la identificación de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez 

Por esa relación constante con la entonces PGR, Doretti dice que le costó trabajo entender cómo era posible que se le incluyera en una investigación por delincuencia organizada y secuestro advirtiendo que en esa investigación “no hay sustento; el ministerio público coloca mi nombre arbitrariamente”.

Tras asegurar que ni el EAAF ni ella filtró en algún momento información de los casos en los que intervenían, Doretti agregó que el asunto no tendría para ella mayor trascendencia si se pensara que “con una nueva administración se hubiera cerrado esa investigación, se hubiera sancionado al personal que incurrió en las irregularidades, esa parte del expediente sobre las tres se hubiera removido del expediente y se nos hubiera ofrecido disculpas públicas”.

Sin embargo, advirtió, “eso no sólo no sucedió sino que la causa sigue abierta, no hay ningún tipo de apoyo, ni explicación ni sanción a los responsables ni disculpas por parte de la FGR”.

Para la defensora, el mensaje que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero es: “podemos actuar arbitrariamente, afectar tu vida privada, criminalizarte acusándote de cualquiera de los delitos graves, sin pruebas”, en un intento por coaccionar a los profesionales comprometidos con su labor.

“Los peritos del EAAF y otros independientes de sociedad civil o incluso dentro del aparato de justicia que están comprometido con su trabajo, laboran bajo un riesgo personal”, dijo Doretti al recordar que de primera mano supo que en Ciudad Juárez fue asesinado el director general de Servicios Periciales de Chihuahua, y otros de sus colaboradores, “y nunca se supo quién lo mató o qué pasó”-

Convencida de que “la ciencia forense es cada vez más una herramienta para hacer justicia”, tratar de intimidar a través de la criminalización es “atacar y atentar contra la posibilidad de hacer justicia para miles de familias y afecta al Estado de Derecho”.

Situación endémica

La directora de Amnistía Internacional resaltó que antes de presentar el informe, su organización trató de contactar al fiscal Alejandro Gertz Manero, en espera de entregarle personalmente el documento, sin éxito.

“La invitación al diálogo, esperamos que si se da el encuentro sea para mostrarnos que la investigación contra Ana Lorena, Mercedes y Marcela ya fue cerrada, que la información personal de las tres fue eliminada, que se está en proceso de sancionar a los responsables y que habrá una disculpa pública, así como un resarcimiento del daño”, dijo Edith Olivares Ferreto.

En su intervención, el representante de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, reprobó lo ocurrido, y sostuvo que por la situación que vive México, “debe dejar de hablarse de una crisis de derechos humanos, porque las crisis son temporales, pasajeras, lo que aquí hay es una situación endémica de violaciones a derechos humanos que lleva décadas”.

La conductora Carmen Aristegui hizo un llamado a la “solidaridad, el reconocimiento y la exigencia de que cese la criminalización contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

En el informe la organización internacional consideró que se violaron los derechos de Delgadillo, Doratti y Turati, a su vida privada familiar, a la defensa de derechos humanos, de información y no discriminación.

Expuso que en la integración de la investigación contra las tres mujeres “no hubo un fin legítimo ni se cumple con la sospecha razonable” para haber sometido a las defensoras y a la periodista a la intervención de sus comunicaciones, “violando el debido proceso porque no fueron solicitadas a las empresas telefónicas por una autoridad competente e imparcial, sino por la Seido, una autoridad cuya competencia era investigar la delincuencia organizada”.

Esto, sostuvo la organización, implicó la criminalización de las mujeres, generado daños psicológicos, interpersonales y laborales, así como “efectos nocivos en el país, un efecto amedrentador entre las defensoras de derechos humanos, los periodistas y desincentiva que las víctimas manifiesten sus reclamos”.

Además, “la criminalización que el Estado genera, limita a las víctimas la capacidad de decidir quién las defienda, sin contar con que hay un desvío de recursos, al investigar a defensoras y periodistas cuando deberían ser usados para investigar los delitos que realmente se cometen”.

Entre las recomendaciones que la organización formuló a las autoridades están el cierre de las investigaciones contra la periodista y las defensoras, la eliminación de los datos personales de ellas en la carpeta de investigación, el esclarecimiento de los hechos, castigo a los funcionarios responsables, resarcimiento del daño y una disculpa pública.