CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal,  condenó la investigación judicial a la que ha sido sometida la periodista Marcela Turati Muñoz, junto con la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la especialista forense argentina Mercedes Doretti por parte del Estado mexicano.

“El Estado mexicano está llamado a dar explicaciones; la protección, la sanción y la investigación es muy importante en este caso”, dijo al sostener una reunión virtual con un grupo de periodistas de diversas regiones del país. 

“Estas denuncias no solo tienen un efecto sobre las personas que lo han denunciado, sino también crea un efecto inhibitorio sobre el resto de la prensa, sobre el resto del debate público y sobre la investigación de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el relator colombiano en la videollamada.

“Este caso nos despierta la más alta preocupación”, manifestó Vaca Villarreal, quien consideró que esta denuncia es “de la más alta gravedad, particularmente en un Estado con tantos desafíos en materia de lucha contra la impunidad, que debería de estar muy agradecido con la prensa que contribuye al esclarecimiento de hechos de graves violaciones a los derechos humanos”. 

El relator especial de la CIDH sostuvo la reunión periodistas y fundadores de Quinto Elemento Lab, y de medios como el diario NTR de Jalisco, Semanario Zeta de Tijuana, la Red de Aliados de Periodistas de a Pie, La Verdad Juárez, El Diario y la revista Proceso, quienes entregaron una carta firmada por más de 900 periodistas y ciudadanos de 63 países en la que condenan los actos arbitrarios e ilegales de la hoy Fiscalía General de la República (FGR).

El caso es por las investigaciones periodísticas que se realizaron por la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2011. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada y secuestro, y ordenó y practicó de manera ilegal diligencias de investigación mediante las cuales accedieron a información personal con las llamadas telefónicas hechas y recibidas por Marcela Turati, a sus mensajes escritos, a sus contactos y a su ubicación geográfica de febrero de 2015 a abril de 2016, al igual que a las defensoras.

Dicha carpeta de investigación sigue abierta y fue descubierta este año.

El titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenó estas acciones del estado mexicano para investigar a Turati y a las defensoras Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti.

La carta suscrita por más de 900 periodistas, académicos, activistas y ciudadanos, exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular Alejandro Gertz Manero que cese el hostigamiento judicial en contra de la periodista e investigue y sancione a los funcionarios que ordenaron ilegalmente las diligencias en contra de Turati, y las defensoras Delgadillo y Doretti.

Se pide a las autoridades frenar la arbitraria investigación en curso, que sancione a los funcionarios responsables y que la FGR excluya de la averiguación previa del caso y destruya la información obtenida de manera ilegal.

Marcela Turati enfatizó que este tipo de delitos deben ser sancionados. “Lo que queremos es que se castigue, que no se le aplique a otros periodistas y que no se le haga costumbre al gobierno, que no se haga fácil a ningún funcionario de ningún estado repetir y usar estas herramientas para acusar, censurar, criminalizar y perseguir periodistas”, dijo la periodista.