CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó “la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado” en contra de las defensoras Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, así como en la de la periodista Marcela Turati, quienes fueron sometidas a investigación por delincuencia organizada y secuestro, por lo que exigió a las autoridades correspondientes esclarecer los hechos.

La ONU-DH retomó la información divulgada recientemente sobre acciones llevadas a cabo en 2015 por la entones Procuraduría General de la República (PGR), para investigar a Delgadillo, Doretti y Turati, lo que implicó “la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización, haciendo uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México”, seguimiento que se habría dado de febrero de 2015 a abril de 2016, informó en un comunicado para expresar su respaldo a las defensoras y a la periodista

Tras destacar que en 2013 se estableció un convenio entre la PGR y 12 organizaciones civiles, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) representado por Doretti, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dirigido por Ana Lorena Delgadillo, para identificar los restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, la ONU-DH resaltó que fungió como observadora del convenio y en esa calidad le tocó presenciar que “las más altas autoridades de la PGR sostuvieron reuniones con las investigadas (…), y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en las mencionadas masacres”.

Al reconocer la labor de las defensoras y de la periodista, por “sus importantes contribuciones a la defensa de los derechos de las víctimas y a que se garantice el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre hechos terribles como la masacre de San Fernando, la ONU-DH reprobó “la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado que, supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y periodista”.

El organismo conminó a las autoridades a enviar “a la sociedad una señal clara que estos hechos no son tolerados, mediante una pronta investigación y determinación de responsabilidades en su realización”.

La ONU-DH consideró “especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos”.

La oficina de Naciones Unidas resaltó que el seguimiento a que fueron sometidas, se suma a “la evidencia de uso del software de espionaje Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, denunciado desde 2017 y otras denuncias relativas a posibles abusos en el uso de las capacidades de investigación y espionaje del Estado mexicano”, hechos que “ratifican la necesidad de un mayor control y transparencia sobre dichas capacidades para prevenir abusos e ilegalidades que socavan la vigencia de los derechos humanos”.

Ante estas nuevas evidencias de espionaje, la ONU-DH llamó a las instituciones estatales y federales, “a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma”.

La ONU-DH urgió a realizar investigaciones de oficio para determinar las responsabilidades de “quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos”, así como “adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de hechos en las instituciones del Estado”.