CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han cometido 10 mil 446 asesinatos de mujeres, y sólo 25.66% se investigan como feminicidio, cifras que evidencian “la prevalencia de la violencia feminicida en México, y la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes”, alertó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

En el contexto del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, el OCNF destacó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública de enero de 2019 a septiembre de 2021, las autoridades de procuración de justicia sólo han clasificado 2 mil 681 muertes de mujeres como feminicidio.

La organización destacó que, pese a “la gravedad de la violencia feminicida que nos aqueja en las últimas décadas y que se ha agudizado sin parar”, la respuesta del Estado han sido avances “pocos y deficientes, y por lo que no han impactado de manera favorable en integridad física, seguridad personal y vida de las mujeres”.

Ante las 25 declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el OCNF urgió a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a ejecutar “acciones prioritarias”, para que se adviertan resultaos en los próximos tres años en que culmina este sexenio, y que se “muestren avances sustanciales de los resultados de las políticas públicas y de las acciones que en los están impulsando en el marco de la AVGM”.

La organización hizo una revisión de la aplicación de las AVGM decretadas para los estados de Guerrero, Jalisco, Colima, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Sonora y Puebla, entidades donde no hay los avances esperados.

Entre las mayores deficiencias que la organización observa en esos estados, es la alta de dictámenes de evaluación de resultados de las AVGM, y en los que existen, se advierte el incumplimiento de las medidas decretadas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres.

“Como defensoras de los derechos de las mujeres manifestamos la preocupación de la violencia feminicida en México. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que refuercen las acciones a fin de priorizar y garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes”, apuntó el OCNF.

El Observatorio hizo un llamado al gobierno federal para que “reconozca que la violencia contra las mujeres es el resultado de la discriminación y de las relaciones de poder generadas por la cultura machista, que afecta a todas las mujeres de cualquier estrato social” y a la Conavim a “asumir su responsabilidad de dar seguimiento a los estados, a fin de que éstos presenten resultados a la brevedad”.

El OCNF exigió al Congreso de la Unión aprobar las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo referente al Mecanismo de Protección de la Alerta de Género, “para mejorar su funcionamiento, ante la gravedad de la violencia feminicida (violencia sexual, trata de personas, desaparición y feminicidio)”.

A los gobiernos estatales y municipales, la organización les pidió “que refuercen las medidas que s e han decretado a través de la Alerta de Género para que las acciones implementadas, muestren resultados reales”.

El OCNF exigió atender las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) hizo al Estado mexicano, entre ellas la de “seguir impulsando la creación, corrección y fortalecimiento de políticas públicas, para garantizar la atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. La AVGM no debe suplir todas las políticas públicas a que el Estado está obligado a implementar para garantizar una vida libre de violencia, sino reforzar y focalizar las políticas públicas que atiendan de manera eficaz la problemática, de lo contrario esta se vuelve inoperante”.