CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó a autoridades federales, del estado de Tamaulipas y del municipio de Reynosa, “salvaguardar” a unas 600 personas migrantes albergadas en la Casa del Migrante “Senda de Vida”, cuyos administradores recibieron una orden municipal de desalojo con fines de demolición.

 Personal del organismo realizó una visita al albergue el 21 de julio, donde se pudo constatar que en lugar había 250 niñas, niños y adolescentes, así como “mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión arterial, así como personas con discapacidad audiovisual, motriz y psicosocial”.

Ante el riesgo de que estas personas se queden sin un espacio seguro, la CNDH solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, y al Sistema DIF estatal, para que salvaguarden la integridad de los migrantes.

El organismo informó en un comunicado que los administradores de Senda de Vida recibieron un apercibimiento de la Dirección de Obras Públicas de Reynosa que la orden de desalojo respondía a una petición del “representante de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos”, por lo que daban a los administradores del albergue cinco días para desalojarlo, “con la finalidad de demoler sus instalaciones, debido a que el inmueble se ubica en una zona de inundación del Río Bravo, y fue construido sin permiso de dicha Comisión”.

De acuerdo al organismo, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas, “solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa, mismas que fueron negadas por aquella institución”.

Ante esas circunstancias, “la CNDH emitió las medidas cautelares en las que solicita  realizar las acciones pertinentes para garantizar la atención humanitaria que sea necesaria en caso de que las personas albergadas en la Casa del Migrante Senda de Vida, sean desalojadas, tomando en cuenta el contexto de la pandémica por covid-19”.

Por lo que pidió coordinación interinstitucional para que las personas migrantes “sean trasladadas a un nuevo espacio o lugar para su alojamiento, en condiciones dignas y con seguridad, proporcionando alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la atención médica y psicológica que requieran, priorizando en todo a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos”.

En su cuenta de Twitter la alcaldesa, recientemente expulsada del Partido Acción Nacional (PAN), Maki Ortiz confirmó que la Comisión Internacional instruyó el desalojo del albergue y sugirió que Estados Unidos se haga cargo de los migrantes expulsados.

“Estados Unidos debería resolver la situación migratoria de las personas que detiene en su frontera y no son mexicanas”, indicó a alcaldesa cuyo hijo Carlos Peña Ortiz, quien compitió bajo las siglas de Morena, será su sucesor.

Ortiz consideró que el país vecino estaría obligado con los migrantes que deporta a “darles albergue y repatriarlas a su país o darles visas y no devolverlas a México todos los días, los municipios no tenemos recursos destinados para ese rubro”.

Por lo pronto, por instrucciones de la CNDH la alcaldesa tendrá que atender la crisis migratoria en su municipio, en apego a las medidas cautelares emitidas.