REYNOSA, Tamps. (Proceso).– En la búsqueda de desaparecidos, Tamaulipas es un caos. Una comisión interdisciplinaria ha buscado durante dos semanas restos mortales en la fosa común del panteón municipal Sagrado Corazón, en esta ciudad.

Su objetivo es localizar los cadáveres de salvadoreños que aparentemente murieron ahogados cuando intentaban cruzar el río Bravo hace ocho años. Los cuerpos habrían sido enterrados entre esta ciudad y en Nuevo Laredo.

Pero al entrar al cementerio reynosense, familiares de las víctimas encontraron cinco fosas clandestinas usadas por criminales para desaparecer cuerpos, dice Geovanni Barrios Moreno, fundador de la asociación civil Justicia Tamaulipas.

Sin embargo, la fiscalía estatal decidió buscar solamente en dos puntos del polígono de la colonia Hidalgo, frente al bulevar del mismo nombre. Hasta ahora han localizado restos de 14 personas sin identificar, lo que les hace suponer que el punto era un campo de inhumación criminal.

Le llama la atención que, en este operativo, ordenado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no esté presente alguna autoridad ministerial, pues hay evidente presunción de homicidios en el sitio.

Denuncia similar hace Raymundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hay un subregistro de personas desaparecidas en la entidad, dice, pues de 2010 a la fecha el organismo ha contabilizado 80 casos de desaparición forzada y 40 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas Armadas.

Propone abrir una fiscalía especializada en Tamaulipas, igual a la que fue creada por el caso Ayotzinapa. Lamenta que los crímenes en Nuevo Laredo no sean políticamente rentables para el gobierno, por lo que pasa desapercibido para el Estado mexicano el dolor de las víctimas y su reclamo de justicia.

Fosas y muertos desconocidos

En un predio conocido como La Bartolina, en el municipio de Matamoros, fueron localizados miles de restos óseos calcinados que pesaron media tonelada.

En su informe de identificación de personas desaparecidas presentado el miércoles 7, Karla Quintanilla, presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), reveló que en 2017 descubrieron el sitio de cremación clandestina, a 12 kilómetros de la costa del Golfo de México, cerca de la frontera con Brownsville, Texas. El procesamiento de los huesos para su identificación es efectuado por la Fiscalía General de la República, la CNB y la fiscalía tamaulipeca.

La comisionada también reportó la desaparición, entre febrero y principios de julio, de por lo menos 71 personas en el kilómetro 26, conocido como el tramo del terror, de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Al solicitar una entrevista con la fiscalía de Tamaulipas, para conocer del tema, la dependencia respondió con una tarjeta informativa, en la que señala que obtuvo autorización del juez de control de la Quinta Región Judicial con sede en esta ciudad para exhumar e identificar a los desconocidos, en particular a los tres centroamericanos que son buscados por sus familiares. Los cuerpos serán enviados al Centro de Resguardo de Cadáveres de Miguel Alemán para proceder a confirmar la filiación y, en su caso, entregarlos a sus familiares.

Geovanni Barrios dice que, en las pesquisas en terrenos del Sagrado Corazón han sido hallados cuerpos de otras personas. “En un lado localizaron nueve cuerpos y en otro lado encontraron otros, que no estaban colocados como usualmente lo hace la autoridad, que es uno sobre otro, juntos en hilera. A éstos los aventaron como cayeran, por eso es muy raro verlos así. No digo que sea fosa clandestina, pero pudiera ser por la forma en que fueron localizados”, dice el activista, quien tiene desaparecido a su hijo Geovanni Barrios Hernández desde el 24 de abril de 2008.

“No hay un registro de los entierros –­lamenta–. Era un despapaye antes de los protocolos. No saben a quién pertenecen los cuerpos ni en qué carpeta de investigación están inscritos. Como nadie reclamaba, los echaban a la fosa común sin registro”, dice Geovanni, quien estima que actualmente hay muestras genéticas de 9 mil personas que buscan muertos en Tamaulipas.

En Nuevo Laredo prevalece, como en todo Tamaulipas, el subregistro de casos de desaparición, dice Raymundo Ramos, quien acompañó el martes 13 a las víctimas que recibieron disculpas de la Secretaría de Marina como parte de la recomendación 36VG/2020 de la CNDH, por la desaparición forzada de 27 personas ocurridas entre marzo y mayo de 2018. De ese total, 12 fueron halladas sin vida en brechas y cementerios clandestinos en Nuevo Laredo y el vecino municipio de Anáhuac, Nuevo León.

“Vemos negligencia, desinterés, falta de compromiso con las víctimas; no hablamos de corrupción, aunque lo pensamos. Pero no nos ayuda la fiscalía. Por año judicializan una carpeta y si tenemos 33 carpetas en los próximos 30 años tendremos resultados, al ritmo que va la fiscalía”, dice.

Considera que, a diferencia del caso de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 normalistas en septiembre de 2014, en la tragedia humanitaria de esta frontera sí hay una autoridad responsable: la Semar. 

Recuerda que en el caso de Ayotzinapa enviaron muestras humanas a un laboratorio de Austria, que ha ayudado a las identificaciones. En contraste, en esta frontera fueron encontrados en septiembre del año pasado restos calcinados y hasta ahora no saben a quién corresponden, o si fueron enviados a Europa para obtener el ADN.