Las madres de dos jóvenes desaparecidos en 2018 en Nuevo Laredo responden que una disculpa pública como la que dieron el martes 13 el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Semar, Ramiro Lobato Camacho, no bastan. Y reiteran: la petición central es: “Queremos justicia, pero mucho antes queremos saber dónde están las personas que nos faltan”.

CIUAD DE NÉXICO (proceso).- Hace más de tres años miembros de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los hijos de Érika Arredondo y María del Rosario Navarro; desde entonces no tienen noticias de ellos.

Ambas consideran un “sinsentido” e “insuficiente” el acto de disculpa pública llevado a cabo el martes 13 como parte del cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las graves violaciones a derechos humanos cometidas por personal naval en agravio de 27 personas.

El acto protocolario en la plaza Primero de Mayo de la ciudad fronteriza fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. En él participaron el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Semar, Ramiro Lobato Camacho, así como representantes del gobierno municipal y estatal.

Ante familiares de las víctimas de hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, el funcionario de la Semar admitió que ninguna palabra “podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas”; consideró que “es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que les brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados”, y ofreció la colaboración institucional para agotar las indagatorias “hacia el pleno acceso a la justicia, por el bien de México”.

Como la autoridad del gobierno federal de más alto rango en el evento, Encinas Rodríguez abogó por terminar con la impunidad “si queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones”, alentando a que el Poder Judicial “cumpla con su responsabilidad” para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la no repetición de los hechos.

Érika y María del Rosario son madres de Julio César Viramontes Arredondo y Juan Carlos Pérez Navarro, dos de los tres casos en los que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente la Fiscalía General de la República (FGR), encontró indicios suficientes para judicializarlos.

Escépticas, después de más de tres años de exigir la presentación de sus hijos, las mujeres coinciden, en entrevistas por separado, en que la disculpa pública no alivia su pesar.

“Una disculpa pública no sirve de nada. ¿Que hacen historia porque nunca lo habían hecho? ¡Que hagan historia regresando a nuestros hijos! ¡Que hagan historia buscándolos, encontrándolos! Que me regresen a mi hijo. Para mí eso sí sería hacer historia”, dice Érika Arredondo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2333 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.