CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personal voluntario del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres y personas de nacionalidad hondureña en condición de movilidad, fueron agredidas por agentes de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila (PAR), quienes amenazaron con solicitar la intervención de Instituto Nacional de Migración (INM) para detener a los migrantes y voluntarios de este espacio, adscrito al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, ubicado en Torreón.

De acuerdo a un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, entre otras autoridades federales y locales, agentes de la PAR, que viajaban en la patrulla SSP 093, sometieron a 12 personas migrantes “a quienes revisaban de manera agresiva, quitándoles dinero y sus pertenencias”, hechos ocurridos a las 14:50 horas del jueves 22 a inmediaciones del Centro.

Ante la forma violenta en que eran tratados los migrantes, los voluntarios del Centro y la coordinadora salieron a tratar de calmar los ánimos, pero “los policías comenzaron a amenazar y agredir de forma verbal, alegando que habían detenido a dos personas de nacionalidad hondureña por posesión de droga, hechos que no han sido comprobados ni constan al personal del Centro”.

Según la narración, entre las personas “amedrentadas y agredidas físicamente” se encuentra un voluntario de 70 años de edad “mientras éste defendía a su esposa de dichas agresiones”.

En la carta, respaldada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se sostiene que tanto agentes como voluntarios “documentaron la situación a través de fotografías y video”, pero que la agente que inició la confrontación “arrebató el celular, manipuló y borró el material audiovisual de la trabajadora social del Centro, argumentando que no podría tomar fotografías; de igual manera amenazó con notificar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que fueran detenidas todas las personas migrantes y el personal del Centro”.

Las organizaciones alertaron sobre el incremento de la violencia contra las personas migrantes en el pronunciamiento, dirigido también al INM, a la Fiscalía General del Estado de Coahuila y a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

“La persecución, criminalización y detención de personas migrantes en México se vuelve cada vez más insostenible”, señalaron los firmantes al exigir a funcionarios federales y estatales que “se respeten y garanticen los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de protección institucional”.

Pidieron acabar con “la criminalización, agresión y detención de la población migrante”, evitar que corporaciones policiacas estatales y municipales participen en operativos migratorios, “por ser contrarios a la Ley de Migración”, sí como que “se instruya al personal de la Secretaría de Seguridad para que respete los tratados internacionales en materia de derechos humanos y se abstenga de realizar cualquier acto de intimidación, amenaza y obstaculización del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios”.

Al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, las organizaciones de asistencia a personas migrantes le solicitaron realizar “una investigación efectiva sobre los hechos de amenazas denunciados”, en tanto que a la CNDH se le pidió abrir un expediente de queja por “hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos contra las personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como de las violaciones cometidas contra las y los defensores de derechos humanos”.