XALAPA, Ver. (apro).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron este lunes las instalaciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz para denunciar presunto trato discriminatorio y nuevas medidas que, aseguran, afectan sus derechos. 

Integrantes de 12 colectivos instalaron carpas y casas de campaña frente a la sede del organismo para exigir la revisión de las disposiciones implementadas por la nueva titular. 

De acuerdo con las personas manifestantes, entre las medidas se encuentra la revisión de domicilios particulares para determinar la condición económica de las familias y definir el acceso al apoyo mensual de 2 mil pesos. 

“Se meten hasta el baño a revisar y así van a determinar si hay o no apoyo”, expresó una de las madres presentes. 

Señalaron que, en algunos casos, los viáticos llegan con retraso y que muchas jornadas de búsqueda se realizan con recursos propios. 

Los colectivos también indicaron que la comisionada solicitó que las jornadas de búsqueda no se realicen por colectivo, sino de manera individual, lo que —aseguraron— pone en riesgo a las familias, algunas de las cuales han recibido amenazas. 

“Desde hace muchos años buscamos con recursos propios y ahora que están las comisiones nos quieren coartar los derechos”, señalaron durante la protesta. 

Por la mañana acudió al lugar la presidenta de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Namiko Matzumoto, a quien le impidieron el acceso al grito de “fue por dedazo”, en referencia a su designación. 

Olga Lidia Salazar, integrante del colectivo Por Amor a Nuestros Desaparecidos y madre de Marion Sampayo Salazar, desaparecida en Poza Rica el 14 de enero de 2011, afirmó que la funcionaria solicitó el respaldo de los colectivos para llegar al cargo y ahora busca imponer medidas que consideran lesivas. 

Las familias señalaron que la titular fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz durante dos periodos y que, desde esa posición, mantenía una postura distinta frente a sus demandas. 

Al lugar acudieron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes levantaron una minuta de trabajo y recibieron el pliego petitorio. 

Las familias solicitaron la presencia de la gobernadora Rocío Nahle, al señalar que fue quien realizó la designación. “Aquí vamos a estar indefinidamente hasta que se respeten nuestros derechos”, advirtieron. 

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas no había emitido una postura oficial sobre los señalamientos. 

Sobre el tema, la gobernadora, Rocío Nahle dijo que se atiende el tema, y lo que se está pidiendo es la comprobación de los recursos que se otorgan.