CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos exprocuradores de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas y Alejandro Habib Nicolás, quienes también fueron titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), presuntamente incurrieron en encubrimiento y conflicto de interés en la investigación del feminicidio de Gloria Sintia, desaparecida en agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue localizado en enero de 2017.

Las irregularidades en la indagatoria iniciada por la Procuraduría de la entidad (PGJEH) prolongaron por un año la identificación de los restos, además de que contribuyeron a que no hubiera responsable. Posteriormente, las acciones de Lara y Habib obstruyeron para que se fincaran responsabilidades contra funcionarios que, por negligencia y omisiones, obstruyeron el acceso a la justicia.

Lo anterior se desprende de la recomendación R-GV-0005-23 emitida este 18 de julio por la CDHEH, la cual, además de los dos exprocuradores, involucra al asesor jurídico adscrito a la entonces Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, a dos agentes de la Policía de Investigación, a dos ministerios públicos y a la fiscal especializada en Delitos de Género por violaciones a los derechos a no ser sometidos a violencia institucional, al acceso a la justicia, a la debida diligencia, a la adecuada administración y procuración de justicia, así como a la verdad y a la reparación del daño.

El 20 de agosto de 2016 fue la última vez que la familia de Gloria Sintia tuvo contacto con ella en Xicotepec de Juárez, Puebla. Por su desaparición, la Fiscalía General de ese estado inició la carpeta NAUT-698-2016; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) –en la que los deudos iniciaron una queja en septiembre de 2018 debido a que el cuerpo fue hallado en el municipio hidalguense de Agua Blanca de Iturbide– corroboró que las autoridades de esta primera entidad no agotaron los medios de investigación, necesarios para dar con el paradero de la víctima, ya que incluso fue su hermana quien, con indagaciones propias, conoció la ubicación del cadáver, encontrado el 26 de enero de 2017.

El hallazgo derivó en otra carpeta de investigación, ahora en Hidalgo: NUC/14-2017-17, en el Distrito Judicial de Tenango de Doria. Desde aquella fecha, “parte de los restos encontrados” se mantuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo), en calidad de desconocidos, y fueron entregados hasta un año después, el 11 de enero de 2018.

Por su cuenta, la hermana de Gloria obtuvo la sábana de llamadas telefónicas, con las que a través de Google Maps obtuvo las coordenadas de las últimas marcaciones. Con esos datos inició una búsqueda propia con ayuda de colectivos, que duró dos semanas, hasta que se enteró del hallazgo de un cuerpo en Agua Blanca, en una zona boscosa y abundante maleza, en un camino de terracería de difícil acceso. Tras indagar con la Ministerio Público del Distrito Judicial de Tenango, supo que posiblemente se trataba de su hermana, que fue identificada –con el letargo referido anteriormente– por huella genética, por parentesco de maternidad y hermandad.

A partir de entonces, la procuraduría hidalguense incurrió en las irregularidades que, posteriormente, serían cubiertas entre Habib Nicolás y Lara Salinas, más las omisiones iniciales de la fiscalía poblana.

Con base en el segundo escrutinio que hizo la CDHEH del caso, después de que los restos de Gloria fueron localizados no se hicieron solicitudes de apoyo entre las instancias procuradoras de justicia, sino hasta once meses después; es decir, “las autoridades de Puebla sabían de la desaparición y en Hidalgo tenían el cuerpo en calidad de desconocido, concretándose únicamente en mantenerlo sin pedir apoyo o colaboración”. En aquel entonces, los restos fueron remitidos al Laboratorio de 1uímica forense en Pachuca, sin avance en los actos de investigación.

Pero no fue todo: cuando se realizó el levantamiento del cuerpo en el lugar conocido como El Yugo, en el ejido San Pedro, en el que participó uno de los agentes de Investigación señalados, quedaron en el sitio “otros elementos óseos” que se encontraban cerca del hallazgo principal. Estos forman parte de ocho fragmentos no entregados que faltaban al cadáver, lo cual corroboró el peritaje de una antropóloga particular.

Hasta un año con tres meses después del levantamiento y por la insistencia de los deudos fue que el perito responsable regresó al sitio por las ocho piezas, en marzo de 2018. Esto, aunque en el dictamen emitido por la antropóloga se mencionó presencia de 184 huesos, que representan 89.32 por ciento de un esqueleto adulto y éste fue entregado desde el 23 de septiembre de 2017.

Al saber de la falta de piezas, la hermana de Gloria pidió a la entonces agente de la Unidad 1 de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas del Estado de Hidalgo (FDGTPHE) de la PGJEH –a donde había sido radicada la carpeta– información al respecto, pero ella le comentó que la omisión se debía a falta de presupuesto.

Otra inconsistencia fue que el médico forense que certificó la causa de la muerte anotó que fue por un impacto de bala en la cabeza; no obstante, la antropóloga descubrió un casquillo más alojado en el cráneo, con el cual obtuvo los restos de la ojiva –por ende, no incluidos en la indagatoria oficial–. Estas omisiones, acusó la familia, conducían al error o a falsas líneas de investigación.

También hubo negativa del personal de la procuraduría para recabar entrevistas a personas que fueron ofrecidas como testigos y pudieron aportar para encontrar al responsable. Asimismo, aunque los indicios llevaban a causales por las cuales se debía determinar el caso como un feminicidio, la titular de la FDGTPEH le replicó a la hermana de Gloria que por atención a ellas, y como “un favor”, llevaban la investigación en esta área y no en el Distrito de Tenango, aunque “el delito no era a ciencia cierta un feminicidio y podría ser homicidio”, además de referir que no eran necesarios más actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, según lo que declaró la víctima indirecta ante la CDHEH.

En los informes que proporcionaron a la Comisión de Derechos Humanos como respuesta a requerimientos por la queja iniciada, los funcionarios implicados negaron omisiones y aseveraron que actuaron conforme a los protocolos de investigación, y que éstos se realizaron con perspectiva de género; sin embargo, la carpeta no se inició bajo el protocolo de feminicidio, sino “por lo que resulte de la muerte”, y hasta ocho meses después fue remitida a la FDGTPEH, pese a que desde el inicio, tras la necropsia, se conocía que los elementos óseos recuperados pertenecían a una mujer.

El perito que no puso bajo resguardo las ocho piezas, argumentó que su diligencia duró aproximadamente diez horas en el sitio, que tenía poca iluminación, por lo que pidió acudir de nuevo cuando la luz natural permitiera concluir las acciones, además de asegurar que en ningún momento actuó de manera negligente o con la intención de violentar los derechos humanos de persona alguna. Pese al dicho, no hay evidencia documental de que haya solicitado el retorno al lugar con fines de investigación, aunado a que también el peritaje en criminalística de campo fue entregado 164 días después de cuando ocurrió el hallazgo.     

Todos estos elementos que, a consideración de la familia, evidenciaban mala praxis de los encargados de hacer justicia, lo cual también contribuyó a que no se llevara a ningún responsable antes las autoridades, fueron conocidos por el ombudsperson interino Javier Ramiro Lara Salinas, quien emitió en noviembre de 2021 una propuesta de solución por estos hechos, que fue aceptada por el procurador Alejandro Habib Nicolás, quien había sido su superior en la CDHEH. Ese acuerdo consistió en ofrecer una disculpa pública y dar vista a la instancia correspondiente para que se indagaran las actuaciones de los implicados.

Habib tuvo de subalterno, en la visitaduría general, a Lara Salinas. Cuando el primero fue designado en agosto de 2021 procurador, a propuesta del entonces gobernador Omar Fayad Meneses, el segundo ascendió a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos. A su vez, los actos indebidos en los que incurrió el personal de la PGJEH ocurrieron en el periodo en el que Lara fue titular (septiembre de 2016-octubre de 2018).

No obstante, ni a la hermana de Gloria que inició la queja, ni a alguien de su familia se le notificó de la resolución del anterior titular de la CDHEH, por la cual el 21 de noviembre de 2021 se dictó un “acuerdo de conclusión”, aunque, a decir de las víctimas indirectas, nunca se cumplió, ya que no hubo reparación del daño ni responsabilidades fincadas contra los funcionarios que actuaron en la investigación.  

De igual forma, en el momento en el que Habib ofreció la disculpa pública, el 22 de noviembre –un día después del “acuerdo de conclusión”–, no pormenorizó las actuaciones indebidas en las que incurrió la procuraduría durante la gestión de Lara Salinas, además de que ninguna posible responsabilidad por este caso refirió de su otrora subalterno, en su actuar como responsable de la dependencia.

La CDHEH encontró que entre las direcciones de la procuraduría que en ese momento estaban a cargo de Alejandro Habib se giraron y notificaron diversos oficios el 17 de agosto de 2021 relativos a la Propuesta de Solución PS-VG-0005-21, “pero todas esas actuaciones tienen un común denominador: fueron diligenciadas días antes de que la PGJEH aceptara la multicitada propuesta, lo que resulta inverosímil bajo el principio de inmediatez, ya que jurídicamente sería imposible dar cumplimiento a dicha resolución tiempo antes de que se aceptara la misma”.

Esta situación, alertó el organismo, es “preocupante”, debido a que “quien firmó la propuesta de solución fue la misma persona que la aceptó, justamente cuando ya se desempeñaba como titular de la PGJEH”. En este aspecto, destaca que Habib dejó transcurrir a partir 8 de octubre de 2021 nueve meses y cinco días desde el momento que redactó dicha propuesta, cuando era ombudsman, hasta aceptarla ya como procurador.

“Es preocupante el control interno que en ese momento se efectuó, pues dejó en estado de indefensión a las víctimas directa e indirectas, lo que contribuye a una violación grave a los derechos humanos”, indicó la instancia en la nueva recomendación.

Igualmente evidenció que Ramiro Lara, como visitador general, fue quien “se investigó” e indagó en las omisiones de la procuraduría a su cargo en el momento de las irregularidades en cuanto al feminicidio de Gloria, cuando “lo correcto hubiese sido que se excusara de conocer, revisar y, en su caso, resolver la investigación de los hechos violatorios denunciados en el expediente de queja, por conflicto de interés, pero no lo hizo”.

De igual forma, la CDHEH mostró que ya cuando Lara Salimas subió a la presidencia de este organismo, se observó “notoriamente” que el organismo “continuaba con la indebida integración de la investigación, para darse ventaja o beneficio para sus intereses personales”. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, informó que iniciarán una carpeta de investigación contra los exprocuradores por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos e incumplimiento del deber legal.

La nueva recomendación pide la inscripción de los familiares de Gloria Sintia en el Registro Estatal de Víctimas, “a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente (…) misma que contemple una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos”, además de proporcionar atención médica y psicológica, por los sucesos vividos a consecuencia del actuar de las autoridades.