CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El caso de las 80 niñas y adolescentes rescatadas de la Casa Hogar de las Mercedes, IAP, en la Ciudad de México exhibe no sólo posibles abusos sexuales y violaciones a los derechos humanos dentro del albergue, también un nuevo episodio de revictimización institucional. 

Así lo advierte Rafael Castelán, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Aclara que el operativo de rescate y posterior cobertura mediática “violentaron nuevamente” a las menores de edad al no garantizar el principio del interés superior de la niñez. “Todo lo que sucede alrededor de estas niñas es un acto violento”, denuncia. 

Castelán asegura que las niñas y adolescentes padecen un proceso de re-victimización por parte de los medios de comunicación. Ahora tú miras en X (Twitter) y están las niñas gritando, como en este rescate que hace la autoridad, y que de repente no respetan los protocolos que tienen que hacerse”, considera el especialista en derechos de infancia. 

En entrevista, explica que, aunque la intervención inmediata puede ser necesaria en casos de flagrancia, en este caso debió existir un protocolo cuidadoso, con acompañamiento psicológico y social, especialmente porque el albergue era también el hogar de las menores de edad. 

Quieras o no, ese espacio era la casa, era el espacio donde hay toda esta comisión de estos aparentes delitos por parte de algunas personas o los que se denuncian, pero era su casa, era su espacio. Allí estaban sus amigas, quizá las personas con las que se refugiaban, y de algún modo se daban soporte.

Omisiones estructurales

Castelán recuerda que desde 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece estándares que deben cumplir todos los centros de asistencia social, así como visitas de supervisión obligatorias por parte de la Procuraduría de Protección y de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). 

Sin embargo, también denuncia, esas revisiones suelen ser simuladas o se realizan sin una verdadera perspectiva de derechos.

“Hemos visto que en muchas ocasiones algunas personas de la vida pública o de la vida política de nuestro país tienen estos espacios, son las parejas en muchos de los casos, las parejas de ciertas figuras políticas, y lamentablemente es que se pasan por alto este tipo de estándares que tienen que cumplir.

Más aún, si todavía acuden las autoridades con una perspectiva que no es de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues seguramente sólo van, supervisan, hacen una checklist, pero, por ejemplo, no se acercan a dialogar con metodologías, con ciertos cuidados específicos a las niñas y a los niños que estén en estos espacios para saber cuál es la condición, qué es lo que están pasando, cómo les está yendo. 

Castelán compara el caso de las Mercedes con otros episodios paradigmáticos donde el escándalo mediático no derivó en reformas estructurales, como el de “Mamá Rosa”, en referencia a Rosa Verduzco, quien estuvo al frente del albergue “La Gran Familia” desde 1973, cuando se constituyó como asociación civil, hasta 2014, año en que un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió irregularidades graves: más de 500 menores de edad vivían en condiciones de hacinamiento, con denuncias de maltrato, privación de libertad, explotación y abusos sexuales.

“En su momento hubo indignación pública y posicionamientos en el Congreso, pero nada cambió. No se fortalecieron los mecanismos de supervisión ni se garantizó que los rescates estuvieran acompañados de atención integral”, lamenta.

El activista aclara que existen centros de asistencia que sí cumplen con todos los estándares y, aun así, no reciben apoyo público. En contraste, otros operan con recursos y vínculos políticos pese a incumplir las normas básicas de protección.

“Es el espejo también de lo que pasa en nuestro país”, dice. Describe la paradoja en estos lugares: mientras algunos centros de resguardo sobreviven con recursos propios y con verdadera vocación de cuidado, otros mantienen su registro pese a las irregularidades. Una doble moral institucional sigue poniendo en riesgo la vida y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Vivir en un encierro

Castelán expone que la institucionalización debe ser siempre la última alternativa cuando una familia o una red de apoyo ya no pueden asumir el cuidado de una niña, niño o adolescente. “Porque estar en un centro de asistencia social es, en cierto modo, vivir en un encierro”. 

Bajo la tutela del Estado o de una institución privada, los derechos y el desarrollo progresivo de los menores quedan sujetos a protocolos, horarios y reglas que, aunque en la teoría buscan protegerlos, también limitan su autonomía y su capacidad de construir vínculos afectivos.

El especialista comenta que los impactos emocionales y sociales de esta situación suelen ser profundos. “Los niños pueden llegar a pensar que nadie los quiere, que no hay una familia que los desee, que los cuide”, agrega. 

En muchos casos, los centros garantizan lo básico: alimentación, vestido, educación o incluso espacios de recreación, pero no sustituyen los afectos, seguridades ni los lazos familiares. 

En ese sentido, Castelán cuestiona el que México carezca de una legislación clara sobre los procesos de transición a la vida adulta: 

“Cuando cumplen 18 años –explica–, muchos jóvenes egresan sin apoyo, sin acompañamiento, sin una red. No hay proyectos institucionalizados que les garanticen desarrollo y seguridad en esa nueva etapa de la vida”.

Las Mercedes 

El 29 de octubre de 2025, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescataron a 80 niñas y adolescentes del centro de asistencia privada Casa de las Mercedes, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras denuncias de violación agravada, traslado irregular de menores y explotación doméstica, presuntamente cometidos por personal de la institución. 

El operativo se realizó en las dos sedes del centro de resguardo, localizadas en las calles Schultz y Berriozábal, en la colonia San Rafael, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos federal como local, y derivó en la detención de un hombre identificado como Aquiles “N”, acusado de violación agravada, quien ya fue vinculado a proceso. 

La investigación comenzó en marzo último, luego de que una adolescente de 17 años fue presuntamente trasladada de manera irregular por la directora del centro, Ángela “N”, al domicilio de su madre, Claudia “N”, donde habría sido agredida sexualmente por Aquiles “N”. 

Tras redactar una carta dirigida al DIF de la capital del país y pese a que dijo que recibe amenazas de los presuntos responsables, la menor de edad permitió que se abriera la carpeta de investigación que incluyó dictámenes periciales y entrevistas ministeriales. Con la información recabada, la autoridad judicial solicitó medidas de protección para las jóvenes, las cuales contemplaron custodia policial de los inmuebles, traslado seguro y videograbado de las niñas y adolescentes a espacios bajo resguardo del DIF-CDMX, así como la prohibición para el presunto agresor de acercamiento con las víctimas.

El mismo día del operativo la Fundación Casa de las Mercedes, IAP, difundió un comunicado en el que negó las acusaciones y lamentó la difusión de lo que calificó como “información falsa e imprecisa” en redes sociales. 

En el texto, la institución, que asegura tener más de tres décadas acompañando a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia, defendió su labor argumentando que brinda “cuidado, educación, salud emocional y la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad”. Además, rechazó que se difunda información que, a su juicio, “vulnera la confianza, la seguridad y el bienestar de quienes protegemos”.