Anomalías en la adjudicación de contratos, ausencia de facturas y documentos justificativos, opacidad en operaciones y estados financieros, incumplimientos de plazos y requerimientos técnicos, son algunas de las irregularidades recurrentes que la Auditoría Superior de la Federación detectó en dependencias del gobierno de López Obrador durante el tercer año del sexenio. Destacan las falencias financieras y administrativas halladas en obras y programas emblemáticos de la 4T: Tren Maya, refinería Dos Bocas, Segalmex, Insabi…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante el tercer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal incurrió en diversas irregularidades financieras y administrativas, ya sea en sus megaproyectos –especialmente el Tren Maya y la nueva Refinería de Dos Bocas–, pero también en la gestión del sistema de alimentos subsidiados, en el sector de la salud pública o en la operación de programas sociales.

Con la tercera entrega de sus reportes de auditoría de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró nuevas irregularidades por 2 mil 346 millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las cuales se sumaron a los desfalcos reportados por el ente fiscalizador en esta dependencia durante los dos años anteriores, y que suman ya más de 15 mil 517 millones de pesos.

Durante sus tres años al frente de la institución, Ignacio Ovalle Fernández implementó un sistema totalmente opaco, a través del cual se movían decenas de millones de pesos en dinero y productos –de Liconsa y Diconsa, entre otros– sin emitir facturas ni documentos justificativos. Ovalle también encabezó la compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con recursos públicos, en un caso que llevó su entonces director de finanzas, René Gavira Segreste, a ser vinculado a proceso.

El pasado lunes 20, cuando presentó el informe de auditoría a la Cámara de Diputados, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, indicó que desde el pasado mes de septiembre el ente fiscalizador ha presentado 34 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 12 estuvieron vinculadas con Segalmex.

Aunque López Obrador reconoció la existencia de corrupción en Segalmex, ofreció una salida decorosa a Ovalle: lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, donde recibe un sueldo neto de 102 mil pesos, según el portal Nómina Transparente.

Opacidad en Dos Bocas

En el caso de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la ASF señaló el singular método a través del cual el gobierno federal financia este megaproyecto, uno de los más onerosos del sexenio, que sólo en 2021 absorbió 120 mil millones de pesos, tres veces más que su presupuesto asignado para ese año.

Para entregar el dinero a la refinería sin cavar un hoyo en las finanzas de Pemex, la Secretaría de Energía –a cargo de Rocío Nahle García– realiza aportaciones a la petrolera, que a su vez las utiliza para comprar acciones de su filial privada PTI Industria de Desarrollo (PTI-ID), la cual está a cargo de la obra. En 2021 el gobierno federal canalizó cerca de 114 mil millones de pesos por esta vía, y Pemex sacó 6 mil millones de pesos de su propio bolsillo; sin embargo, la ASF determinó que PTI-ID “no reveló” en sus estados financieros que estos recursos fueron destinados a la construcción de Dos Bocas.

Al revisar las gestiones de Dos Bocas, la ASF también anotó irregularidades en la adjudicación directa de nueve contratos con varios proveedores, incluyendo uno con las empresas Nuovo Pignone International y la estadunidense Baker Hughes, envuelta en cuestionamientos de la oposición porque uno de sus ejecutivos rentó su casa en Houston a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. En el sitio de PTI-ID, al igual que en todos los contratos de la refinería, el monto del servicio se encuentra testado.

Como lo hizo desde el arranque del proyecto, en 2021 PTI-ID firmó convenios modificatorios con algunos de sus contratistas para aumentar de manera brutal los montos contratados, una práctica ya documentada en este semanario (Proceso 2383). Así, la constructora ICA, en consorcio con la estadunidense UOP LLC, firmaron en 2021 un convenio modificatorio por 14 mil 636 millones de pesos, un monto más de cuatro veces superior al del contrato original firmado en 2019, el cual se elevó a 3 mil 309 millones de pesos.

De hecho, 2021 resultó un año extremadamente fructífero para ICA, pues además de este convenio modificatorio, celebró otros dos contratos en Dos Bocas, por un monto total de 27 mil millones de pesos, los cuales deberían terminar entre marzo y agosto de 2023, según la ASF. La empresa ítalo-argentina Techint también tuvo un gran año 2021, pues recibió contratos por 30 mil 229 millones de pesos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2417 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.