CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Los jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional", esa de la conclusión a la que llegó en agosto del año pasado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras una investigación sobre pensiones de los extrabajadores gubernamentales. 

En una presentación que realizó la secretaria Raquel Buenrostro durante la mañanera del 29 de agosto del 2025, se mostró un apartado titulado "Hallazgos críticos: Pensiones exorbitantes y omisiones fiscales", donde se indicaba que "a los jubilados se les subsidia el ISR por el gobierno, con recursos públicos por 2 mil 367 millones de pesos".

"Tenemos un exservidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual. Y, además, en total tenemos, por ejemplo: 33, que reciben de 700 mil a 999 mil 999 pesos; 75, de 400 mil a 699 mil; y así sucesivamente. Destacan los rangos más altos. Hay 9 mil 457 extrabajadores, lo que representa el 67 por ciento, que reciben pensión de 100 mil a un millón de pesos mensuales, de los cuales, 3 mil 500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la Presidenta de México", detalló en esa ocasión Buenrostro.

Proceso publicó el fin de semana un adelanto del libro Ni venganza ni perdón, donde su autor Julio Scherer Ibarra denunció que el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas habría utilizado un decreto de 2022 como herramienta política, generando un pasivo financiero de casi 27 mil millones de pesos al erario, en un contexto donde el propio gobierno federal ya había denunciado las "pensiones exorbitantes" heredadas de administraciones pasadas.

Mientras la denuncia oficial del año pasado destacaba un desembolso anual de 28 mil 74 millones de pesos para 14 mil 73 extrabajadores –con casos extremos de más de un millón de pesos mensuales–, el decreto de 2022 amplió beneficios similares bajo el nombre de "compensación vitalicia por justicia social", sumando un nuevo carga fiscal que, según expertos, contribuye a la problemática general de inequidad en el sistema pensionario de paraestatales como LyFC.

Este instrumento estableció compensaciones vitalicias para extrabajadores de LyFC con al menos 19 años y 6 meses de antigüedad que no hubieran accedido a pensiones formales ni a otros esquemas.

En aquel momento, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso públicamente las pensiones "ofensivas" de LyFC, administrada en liquidación por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) y detalló que el 67% de los beneficiarios –9 mil 457 personas– recibían entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, con 3 mil 504 superando incluso el sueldo neto de la Presidenta (alrededor de 134 mil pesos).

Un caso emblemático: un exservidor público con más de un millón al mes. Estas cifras, según Buenrostro, representaban 140 veces el ingreso promedio mensual de los trabajadores mexicanos (7 mil pesos, per Inegi), y se atribuían principalmente a "personal de confianza". La funcionaria anunció mesas de trabajo interinstitucionales para revisar su legalidad y proponer reformas constitucionales, así como convenios con el Registro Nacional de Población (Renapo) para actualizar padrones y evitar pagos irregulares, como a personas centenarias sin verificación.

Aunque el decreto de 2022 no se menciona explícitamente en la denuncia de Buenrostro de 2025, ambos elementos se entrelazan en el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que destina 29 mil 936 millones de pesos a las pensiones y compensaciones de LyFC –un incremento real del 1.7% respecto a 2025–.

Los 7 mil 133 beneficiarios del esquema que habría impulsado Ramírez Cuevas, forman parte o complementan el padrón de 14 mil 73 denunciado por la secretaria, contribuyendo al pasivo total y al debate sobre equidad.

El SME, por su parte, ha acusado históricamente irregularidades en la liquidación de LyFC desde 2009 (bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón), pero disidentes como el grupo liderado por Rosendo Flores –aliado de Ramírez– han sido favorecidos por el decreto.

Hasta el momento, ni Ramírez Cuevas ni la Presidencia han respondido públicamente al adelanto del libro, que estará disponible en librerías a partir del 11 de febrero.

Proceso consultó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para saber si había alguna actualización sobre la investigación e indicaron que revisarían el tema.