BRUSELAS (Proceso).– La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dificulta un acuerdo en materia de lucha contra el narcotráfico y terrorismo entre México y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

El 15 de mayo de 2023 los 27 Estados socios de la Unión Europea (UE) autorizaron las negociaciones con México para llegar a un acuerdo que permita a Europol el intercambio de datos personales con las autoridades mexicanas de seguridad.

Europol y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México ya disponen de un Acuerdo de Trabajo, vigente desde el 1 de julio de 2020. Ese acuerdo es de tipo administrativo y se centra únicamente en la cooperación práctica y en el flujo de información general de inteligencia.  A partir de entonces también existe una “oficina de enlace” de México en la sede de la policía europea en La Haya, Países Bajos, cuyo titular es, desde enero pasado, el abogado Juan Carlos Sánchez Magallán, quien reemplazó a Julio César Sánchez Amaya, el primero en ocupar el puesto. 

No obstante, tal Acuerdo de Trabajo “no establece la base jurídica para la transferencia de datos personales por Europol a las autoridades policiacas mexicanas”, advierte el propio documento en su artículo 15.

La información que ahora busca intercambiar Europol con las autoridades mexicanas es aquella “que revele origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, o datos relativos a la salud, a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física”; eso sí, sólo “cuando sea estrictamente necesario, razonable y proporcionado en casos individuales para prevenir o combatir un delito”, señalan los países de la UE en el documento en el que plantean sus guías de negociación.

Ese intercambio de datos de carácter personal con terceros países es fundamental para la seguridad regional. 

Las estrategias de la UE en vigor para combatir el cada vez más poderoso narcotráfico subrayan “la urgente necesidad de desarrollar más la inteligencia (en ese campo) y mejorar el intercambio de información y las acciones de investigación con terceros países y regiones que constituyen centros principales para el crimen organizado de alto riesgo que afecta a los países de la UE”.

La Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la UE que realiza las negociaciones en representación de Europol– justificó la necesidad de concluir tal acuerdo con México dado que “los cárteles mexicanos son organizaciones multinacionales y policriminales que han intensificado sus actividades delictivas en la UE.

Esa institución señaló en marzo de 2023, en un documento dirigido a los gobiernos europeos, que “teniendo en cuenta la Estrategia de la UE en materia de seguridad, la Estrategia de la UE contra la droga 2021-2025 y el Plan de Acción de la UE contra la droga 2021-2025, la Comisión (Europea) considera necesario añadir a México como país prioritario para iniciar negociaciones a corto plazo sobre un acuerdo que permita el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades mexicanas competentes”.

Sin embargo, México es el único entre un grupo de países de América Latina con el que Europol no ha ni siquiera comenzado las negociaciones.

“Tras la autorización el 15 de mayo de 2023 para iniciar las negociaciones, la Comisión se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades mexicanas con el fin de preparar las negociaciones. Sin embargo, las negociaciones formales aún no han comenzado”, confirmó a Proceso un portavoz de la Comisión Europea, que por razones de protocolo no puede ser identificado.

Brasil y Ecuador firmaron dichos acuerdos con la policía europea desde el año pasado, el primero el 5 de marzo y el segundo el 24 de septiembre, mientras que Perú y Bolivia ya entraron en negociaciones formales.

El problema mexicano

El retraso que hay con México está relacionado con la desaparición del órgano autónomo que se encargaba de proteger los datos personales, el INAI, cuyas funciones fueron transferidas a una secretaría gubernamental (Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno). Esa decisión, tomada en el sexenio pasado, representó un fuerte retroceso democrático, en especial del derecho a la confidencialidad, denunciaron en su momento organizaciones como Naciones Unidas o Human Rights Watch.

Dos condiciones pone Europol para establecer cualquier acuerdo de esta naturaleza: por un lado, que el intercambio de tan delicada información se adhiera a los estándares europeos de protección de los derechos fundamentales y, por otro, que se limite a datos necesarios para investigaciones específicas.

Cuando los Estados miembros de la UE dieron luz verde a la apertura de negociaciones con México en mayo de 2023 el INAI todavía existía. Desde el punto de vista europeo este órgano autónomo ofrecía garantías adecuadas para la protección de la privacidad y la condición de que las personas afectadas por el acuerdo tuvieran derechos exigibles y recursos legales efectivos contra posibles abusos de la autoridad.

Así lo consideró el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la autoridad de control independiente encargada de asegurarse que las instituciones y organismos de la UE respeten la privacidad y protejan los datos personales al procesar información. 

En la evaluación previa que por ley realizó y publicó el 3 de mayo de 2023 sobre el acuerdo de Europol con México, ese organismo refirió que, de conformidad con el artículo 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, “el control por parte de una autoridad independiente constituye un elemento esencial del derecho a la protección de los datos personales”.

Por lo tanto, continúa, “el SEDP valora positivamente la existencia de una autoridad independiente de protección de datos en México, el INAI, que es miembro acreditado de la Asamblea Global de Privacidad” (un importante foro internacional que reúne a más de 130 autoridades del mundo como el INAI).

Esa misma valoración exponen los gobiernos de la UE en el documento en que marcaron las “directrices” que debe seguir la Comisión en sus eventuales negociaciones del acuerdo con México, el cual revisó este medio. 

En un anexo de ese documento de mayo de 2023, los Estados de la UE abundan: “El Acuerdo establecerá con claridad y precisión las salvaguardias y controles necesarios para la protección de datos personales y de los derechos fundamentales y las libertades de las personas, con independencia de su nacionalidad y de su lugar de residencia, al intercambiar datos personales entre Europol y las autoridades mexicanas competentes. 

“Además -complementan-, estas (autoridades) velarán por exigir que la transmisión de datos personales esté sujeta a obligaciones de confidencialidad y que dichos datos no se empleen para solicitar, dictar o ejecutar una pena de muerte ni ningún otro tipo de trato cruel o inhumano, sin perjuicio de otras garantías adicionales que se puedan requerir”.

Más aún: el acuerdo -señalan- “ofrecerá la posibilidad de que, en el momento de transmitir los datos, Europol indique cualquier restricción de acceso o utilización, sobre todo por lo que respecta a su transmisión, supresión o destrucción o tratamiento posterior”. También “debe obligar a las autoridades mexicanas competentes a que respeten estas restricciones y determinen cómo se va a garantizar su cumplimiento en la práctica”.

El portavoz de la Comisión Europea consultado por Proceso señaló que, “en consonancia con el dictamen del SEDP, se establece que cualquier acuerdo celebrado debe garantizar un sistema de supervisión por parte de una o varias autoridades públicas independientes responsables de la protección de datos”.

Estas autoridades -precisó- deben tener facultades efectivas de investigación e intervención, incluida la capacidad de ejercer supervisión sobre las autoridades públicas mexicanas que tratan datos personales de la información intercambiada, y de iniciar procedimientos judiciales cuando sea necesario.

La desaparición formal del INAI se concretó en marzo de 2025 -ya durante el mandato de Claudia Sheinbaum- como consecuencia de una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que consideraba democráticamente ilegítimo y “tapadera” de intereses privados a ese instituto autónomo.

En septiembre último, Olivier Onidi, director general adjunto de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, la oficina que encabeza las negociaciones de Europol, se entrevistó en México con autoridades del país. 

Una vocera de la institución dijo a Proceso que durante sus encuentros “se mantuvieron intercambios sobre la importancia de desarrollar vínculos operativos con Europol”. Sin embargo, aseguró, “no tuvieron lugar debates detallados sobre dicho acuerdo (el de intercambio de datos personales) en este contexto (de reuniones)”.