CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al 31 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) había recibido apenas el 1.1% de las claves prioritarias de medicamentos ontológicos que había comprado en el mercado internacional para cubrir sus necesidades en el primer trimestre de ese año; el 98.9% restante --es decir, más de un millón 872 mil piezas--, había sido rechazado por los operadores logísticos durante su entrega por los proveedores.

El gobierno federal tuvo que poner en marcha unas adjudicaciones “expeditas” en el mercado internacional, pero éstas no tuvieron el éxito esperado, y al 31 de diciembre de 2021 el gobierno federal solo había recibido 644 mil piezas de medicamento para el tratamiento del cáncer, un 11.5% del total adjudicado. Como producto de esta cadena de problemas, los servicios de salud tuvieron el 5.1% de las medicinas que requerían.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las demás instancias del sector salud, la situación no estaba mucho mejor: la dependencia dirigida por Zoé Robledo Aburto solo pudo comprar el 60% de las claves que necesitaba, y no pudo recibir 55 mil 838 piezas porque se las rechazaron los operadores logísticos.

Al revisar las etapas del desabasto de los medicamentos oncológicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una cadena de deficiencias en la operación del INSABI, y en su cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); además de problemas de origen, el organismo fiscalizador observó fallas graves en las cadenas logísticas que impidieron la llegada de medicamentos a los centros de salud.

En su revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASF puso la lupa sobre el INSABI, y en dos informes de auditorías detectó una serie de problemas graves en ese organismo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con la intención de centralizar el sistema de salud pública, y al frente del cual nombró al político tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar.

El problema del desbasto de medicamentos se agudizó en el arranque del sexenio, con la decisión del gobierno de López Obrador de consolidar las adquisiciones de todas las medicinas de 41 instituciones del sector salud en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el argumento de que el sistema anterior estaba plagado por actos de corrupción.

El primer intento fracasó, por lo que el gobierno encargó la adquisición de los medicamentos al INSAB, en alianza con la UNOPS, como parte de un convenio marco con la agencia internacional, firmado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón el 11 de febrero de 2019. En el caso de las medicinas, el acuerdo plantaba que la UNOPS encabezaría los procesos de licitación internacional, y el INSABI le pagaría los productos con recursos del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar (FONSABI), que en 2021 recibió 51 mil 628 millones de pesos.

Desde un principio, esta mecánica sufrió problemas de retrasos, ineficiencia y fallas administrativas, y obstáculos logísticos. En diciembre de 2020, la UNOPS anunció que mil 448 claves de medicamentos quedaron excluidas de la licitación internacional, lo cual obligó las dependencias de Salud a conseguir los productos en emergencia y por su cuenta.

De manera general, la ASF observó “diversas deficiencias en las adquisiciones consolidadas de medicamentos y material de curación efectuadas por el INSABI”, ya sea por los problemas con la UNOPS o por las compras de emergencia que la dependencia tuvo que realizar en el mercado internacional porque no la UNOPS no pudo comprar las claves.

“No se cumplió con la totalidad de las necesidades de medicamentos y material de curación de las Instituciones Públicas Participantes (IPP) requeridas al INSABI, toda vez que de la demanda de 3,485 claves solicitadas por las 41 IPP (…) sólo se adjudicaron 1,050 claves (30.1%); asimismo, de las 2,435 claves excluidas por la UNOPS, el INSABI efectuó las adjudicaciones directas consolidadas en las que se consideraron sólo 986 claves, durante el periodo del 22 de junio al 18 al julio de 2021 en las que participaron 37 IPP”, determinaron los auditores.

En los casos de estas compras de último momento de 986 claves, la ASF observó que el INSABI incurrió en otras “deficiencias”, incluyendo la ausencia de solicitudes de cotización o de la oferta de proveedores; en consecuencia, la ASF detectó que el INSABI adjudicó un contrato a un proveedor por dos claves de medicamento a pesar de existir ofertas más económicas, y entregó otro a un proveedor aunque éste no presentó la Licencia Sanitaria del producto que vendió al gobierno federal.