En medio de magros resultados en la compra y distribución de medicamentos y equipo médico, de opacidad en la entrega de contratos y de irregularidades en el manejo de sus millonarios recursos, el Insabi es mutilado por su propio creador, el presidente López Obrador, quien en marzo pasado anunció que le quitará una de sus tareas esenciales: encabezar la atención médica en los estados para las más de 70 millones de personas que no están cubiertas por instituciones de seguridad social.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En 2020, durante su primer año de existencia, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) gastó alrededor de 18 mil 810 millones de pesos en contratos públicos que otorgó de manera opaca a diversas empresas farmacéuticas, incluyendo a Laboratorios Pisa, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vetó en el arranque de su sexenio con acusaciones de corrupción.

La iniciativa #ComprasPúblicasMx, impulsada por el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), documentó que 75% de los cerca de 17 mil millones de pesos gastados por el Insabi en 2020 se asignó a través de adjudicaciones directas, y que ningún proceso de adquisición está respaldado por todos los documentos en la plataforma de contrataciones públicas Compranet, operada por la Secretaría de Hacienda.

En un informe adelantado a Proceso, el Imco recalcó que en 2020 –el primer año de la pandemia de covid-19–, el gobierno mexicano facultó a seis instituciones de salud para realizar compras de emergencia mediante adjudicaciones directas, las cuales “mostraron importantes deficiencias, ya que carecen de planeación, publicación oportuna de la documentación, transparencia en el gasto y condiciones de calidad y precio”.

En un caso documentado por Proceso en febrero pasado, el Insabi perdió 920 millones de pesos porque pagó por adelantado mil respiradores a una empresa basada en Londres, Viva Enterprises Limited, la cual sólo le entregó 50 equipos, a destiempo. La dependencia tuvo que contratar a un despacho británico para demandar a la empresa, y se negó a transparentar los contratos con la empresa y el despacho, que este semanario le pidió a través de la plataforma nacional de transparencia (Proceso 2365)

El Imco realiza una ponderación sobre la opacidad de las instituciones en materia de compras públicas, con la cual elabora su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).

En el caso del Insabi, dirigido por el político tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, el IRC lo coloca entre 20% de entes públicos federales peor calificados.

De hecho, el Imco subrayó que siete de cada 10 instituciones de salud empeoraron en el IRC en 2020, sobre todo en la parte correspondiente al cumplimiento de la ley.

Para 2021 la opacidad del Insabi se agudizó: una revisión realizada por Proceso en Compranet muestra que la dependencia adjudicó directamente 714 de los 720 contratos públicos disponibles en la plataforma; de los restantes, licitó apenas dos, tuvo tres convenios con entes públicos y registró “otra contratación”. En términos de recursos, el Insabi adjudicó directamente 98.7% de los 13 mil 205 millones de pesos que erogó en contratos el año pasado.

Según el Imco, en 2020 el Insabi violó la Ley de Adquisiciones de manera reiterada, pues en 76% de los procesos de contratación subió la información a Compranet después del inicio de los servicios, y aparte contrató en dos ocasiones a la empresa Dibiter, a pesar de que ésa estaba sujeta a una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2373 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.