El fracaso del nuevo modelo de compra consolidada de medicamentos e insumos médicos por el Insabi y la UNOPS ha obligado a las instituciones del Sector Salud a comprar por su lado los productos que las primeras no consiguieron surtir adecuadamente. Esta situación, provocada por una decisión política de López Obrador, sigue causando estragos a pesar de que el mandatario ya reconoció el desabasto de medicinas y ordenó medidas extraordinarias –pero aún no las más eficaces, a juicio de los especialistas– para remediar el problema.

CIUDADA DE MÉXICO (proceso).- Pese a los regaños del presidente –quien prometió que dejará de llamarse Andrés Manuel si continúa el desabasto de medicamentos y advirtió a sus altos funcionarios que ya no tolerará “excusas de ningún tipo”– la situación sigue grave en el sector salud: los insumos se adquieren tarde y de manera incompleta, las cajas se amontonan en los almacenes sin distribuirse, los proveedores no reciben sus pagos a tiempo y la opacidad en las contrataciones sigue imperando.

Este atolladero es producto de las deficiencias en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, encabezada por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) al amparo de un acuerdo celebrado en julio de 2020, que derivó de un convenio marco que impulsó el canciller Marcelo Ebrard al inicio del sexenio.

La UNOPS, que cobra cerca de 27 millones de dólares anuales para realizar las licitaciones, ha sido incapaz de adquirir la mitad de las claves de medicamentos e insumos que las dependencias del gobierno federal le pidieron, por lo que el Insabi ha tenido que organizar procesos de compras consolidadas para los demás organismos del Sector Salud, a pesar de su inexperiencia, tanto en la adquisición como en la distribución.

El organismo, encabezado por Juan Antonio Ferrer Aguilar, llevó a cabo el proceso a destiempo y de manera desorganizada, mientras que las instituciones de salud se han visto obligadas a comprar insumos de urgencia y por su lado, como lo documentó Proceso en abril pasado.

Apenas el 24 de noviembre el Insabi publicó la convocatoria de la licitación de 564 claves para cubrir el ciclo de enero a junio de 2022. De acuerdo con los términos de la licitación, los laboratorios deberían empezar la entrega en enero, días después de firmar el contrato, plazo prácticamente imposible de respetar dado que el fallo se dará a conocer este 22 de diciembre. Ferrer se refirió a esta información como “otra mentira que manejan los medios”.

Las críticas ya no sólo surgen del sector privado, sino de la propia administración federal, pues los errores de la UNOPS y el Insabi afectan el abasto del IMSS, del ISSSTE –y los institutos de Chiapas y Sonora–, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) y las cárceles federales (PYRS).

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2353 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.