Este mes se cumple un año de la tragedia del festival Axe Ceremonia 2025, que debería marcar “un antes y un después” en México en materia de conciertos... Al menos eso es lo que buscan las familias de los dos fotoperiodistas fallecidos. Pero el caso por homicidio culposo que se sigue en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no llega ni siquiera a la primera audiencia inicial del caso.

Y mientras la carpeta de investigación acumula ya casi nueve mil fojas, la reforma a la Ley de Espectáculos de la Ciudad de México continúa también lentamente su curso, uno que tendría que reflejarse en la actual Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que termina el 31 de septiembre de 2027.

Los nombres de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández resuenan este 5 de abril, fecha en que se cumple el primer año del deceso de los jóvenes fotógrafos que murieron en el Axe Ceremonia. En entrevista con Proceso, los familiares y asesores legales de ambos relataron sus estrategias por separado.

Si bien han demostrado distintos puntos de vista que se han reflejado en las acciones que han emprendido a lo largo de este año, comentaron de manera independiente que, pese a sus estrategias, coinciden en el mismo fin: justicia para los jóvenes fallecidos.

A lo largo de 2025 Proceso publicó diversos textos en seguimiento, entre ellos “Axe Cremonia: el negocio millonario entre irregularidades y explotación laboral”, que develó el entramado detrás de la concesión del Parque Bicentenario, entonces perteneciente a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, SA de CV, presidido por George Mac McPhail Trouyet, titular a su vez del Grupo de Seguridad Privada CAMSA, misma empresa encargada de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez que sufrió un incendio en marzo de 2023, en donde murieron 40 migrantes.

Ahí también se relató la integración y forma de trabajo de Grupo ECO, organizadora del Axe Ceremonia, fundado por Diego Jiménez Labora, empresa con una década de funcionamiento en el sector artístico-musical y detrás de varios festivales de música, como “Trópico” (Acapulco) y “Bravo”. Grupo ECO a su vez está subdividido en microempresas de servicio como parte de todo el “ecosistema” de esos festivales, que florece a costa de pagos mínimos a trabajadores, y de lo que, en experiencia de uno de sus exempleados, sin nulas condiciones de protección laboral.

Mención aparte merecen los mensajes, tanto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, que tras la tragedia del domingo 5 de abril de 2025 se pronunciaron públicamente. Sheinbaum puntualizó en la mañanera del 10 de abril de ese año que la investigación se encontraba en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y entre otras la posibilidad del retiro de concesión al Bicentenario. Y Brugada destacó la importancia de reforzar y garantizar la seguridad en espectáculos de gran escala para evitar tragedias similares.

Los meses pasaron y finalmente el gobierno federal determinó, como consecuencia de la tragedia, retirar la concesión de servicios al Parque Bicentenario, el 23 de mayo de 2025, a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, SA de CV.

El Bicentenario pasó finalmente a manos de la Secretaría de Cultura federal para operar bajo un esquema mixto mediante un convenio de colaboración con el Auditorio Nacional y el Comité del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAN), reabriendo sus puertas al público el 1 de julio de 2025, luego de tres meses de cierre por mantenimiento y recuperación de la concesión. Pero ¿y la justicia para las víctimas y sus familias?

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Fragmento del texto publicado en la edición 34 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.