PACHUCA, Hgo. (apro).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecostos y posibles servicios simulados en obras facturadas por empresas a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); por lo cual, el ente fiscalizador demandó a la casa de estudios aclaraciones por 183 millones 392 mil 599.35 pesos.

Entre las operaciones indebidas está la subcontratación a compañías que comparten domicilios fiscales, facturas emitidas por labores no comprobadas, sobrecostos y cargos que las compañías intentaron hacer y la UAEH validó en la recepción de las obras, por trabajos que ya existían.

Los contratos fueron validados por el entonces secretario general de la institución, Saúl Agustín Sosa Castelán, hermano de Gerardo Sosa, líder del denominado Grupo Universidad o La Sosa Nostra, que tiene el control político y financiero de la institución desde la década de 1980.

Estas irregularidades, entre las que se presumen posibles actos de corrupción, fueron detectadas en la Auditoría De Cumplimiento 2021-4-99010-19-1020-2022 a los “Contratos Suscritos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Financiados con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2021, Incluidas las Participaciones Federales”.

En la inspección, que es parte del tercer y último informe de la Cuenta Pública 2021 entregada el 20 de febrero a la Cámara de Diputados, el ente fiscalizador identificó que la UAEH realizó el pago con sobrecosto por 20 millones 715 mil 532.82 pesos por el contrato DGJ/GEN EST/LPNO-N6/09-2021, Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Entrenamiento de Biología y Química del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), a la empresa con número de REC 022-05-21, la cual, sin embargo, no contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizarlo.

Por tal motivo, subcontrató a una persona física identificada como “Proveedor I” para que, junto con otros, se encargara de llevar a cabo la obra.

Aunque la ASF no incluye en su informe el nombre de las empresas, se trata, por el número de contrato, de QADERM, S.A. de C.V., cuyo apoderado general es Juan Carlos Sánchez Henestrosa.

La Auditoría especificó que si bien la empresa contratada por la UAEH presentó facturas y comprobantes de transferencias –que fueron verificadas con los estados de cuenta de banco BBVA México, S.A., proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– a siete empresas más (el Proveedor II , el Proveedor III, el Proveedor IV, el Proveedor V, el Proveedor VI, el Proveedor VII y el Proveedor VIII), “no se cuenta con la documentación justificativa de dichos pagos, toda vez que no proporcionaron los elementos que acreditaran los trabajos que presumiblemente desarrollaron, y de ninguna de las empresas mencionadas existe evidencia de que hayan realizado trabajo alguno”.

Otros 59 millones 41 mil 815.92 pesos fueron observados por pagos indebidos en volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios no formalizados mediante convenios, pero incluidos en las actas finiquito de los contratos DGJ/FED-EST/AD-22/37-2020, DGJ/FAM MD 2021-GEN EST/LPNO-N1/02-2021 y DGJ/GEN EST/LPNO-N6/09-2021, “cuya realización implicó cambios sustanciales en los proyectos de obra no justificados”.

Por ejemplo, respecto al contrato DGJ/FED-EST/AD-22/37-2020, Trabajos Complementarios para la Conclusión del Edificio del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la UAEH, a cargo de Trena, S.A de C.V., la ASF detectó 13 conceptos no incluidos. Además, estos pagos consistieron en la sustitución de algunos equipos instalados por el mismo contratista como parte de trabajos pagados en una etapa previa del proyecto, e incluidos en un contrato distinto. Esto significa que ya estaban, pero se pretendió generar una nueva carga económica, en el marco de otro pedido.

El contrato DGJ/FAM MD 2021-GEN EST/LPNO-N1/02-2021 es por la segunda etapa de construcción de aulas en la Escuela Superior de Zimapán, mientras que el identificado con el folio DGJ/GEN EST/LPNON6/09-2021 corresponde a la Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Entrenamiento de Biología y Química del ICBI (edificio oriente).

En ambos casos, en las bitácoras donde se muestra la progresión de las obras no estaban incluidas las modificaciones de volúmenes y conceptos, de acuerdo con el ente fiscalizador.

Un millón 113 mil pesos demandados, que forma parte de las anomalías, es por pagos no justificados en subcontrataciones en el marco del contrato número DGJ/FAM MD 2021-GEN EST/LPNO-N1/02-2021, que corresponde a la construcción de aulas en la Escuela Superior de Zimapán (2da etapa). Se trató de servicios facturados por “control de calidad de obra”, que incluye control de trazo, niveles y plomos para los diferentes trabajos, estimaciones, números generadores y croquis.

El subcontratar, para la ASF, evidenció que la empresa a la que se le adjudicó el contrato, Constructora LUAN, S.A. de C.V., “no contaba con la capacidad técnica para la realización del objeto del contrato”, además de la falta de verificación por parte de la UAEH, “toda vez que la convocatoria y las bases de la licitación pública UAEH-LPNO-N1-2021 establecieron que no se permitiría subcontratación alguna”, por lo que la empresa ganadora firmó un manifiesto en el que se comprometió a no subcontratar, lo cual sí hizo.

Asimismo, la documentación remitida con la que pretendían validar el cobro, según la auditoría, “es incongruente”. La incongruencia radica en que, para justificar el gasto, la empresa presentó 20 facturas emitidas a su favor por parte de una persona física con la que comparte domicilio y quien fue la responsable de la etapa previa del proyecto y participó como competidora en el proceso de licitación.

Por esta razón, la ASF alertó: “se detectaron posibles actos de colusión entre la empresa adjudicada y la persona física subcontratada, toda vez que se hizo partícipe del beneficio de los recursos destinados a la ejecución de la obra en cuestión a la persona física ya referida, quien participó como licitante en el procedimiento de adjudicación del contrato mencionado, además de haber sido responsable de los trabajos que anteceden al proyecto en 2018, y que cuenta con el mismo domicilio fiscal que la empresa con número de REC 041-19”.

Es decir, un mismo grupo de interés, con el mismo domicilio fiscal y que previamente había sido contratado para la misma obra, emitió facturas a la empresa ganadora ahora de la licitación para justificar gastos no comprobables.

Igualmente, la ASF solicitó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo aclarar y proporcionar documentos justificativos y comprobatorios de 28 millones 798 mil 548.19 pesos por concepto de pago con posible sobrecosto de los bienes importados contemplados en los contratos con número DGJ-LIC-48-2021, DGJ/ADJDIR/387-2021 y DGJ/ADJDIR/388-2021, toda vez que la suma de su valor en aduana más los impuestos pagados por su ingreso al país, facturas de gastos a terceros y servicios aduanales de los mismos solo representan 40.8%, 5.0% y 0.9%, respectivamente, del valor contratado y pagado por la UAEH.

Los auditores especificaron que el monto soportado en facturas era muy inferior al que contrató la institución educativa.

De la misma manera, presumió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 429 mil 690.72 pesos por no cobrar una penalización por la entrega extemporánea de los bienes por parte de la empresa con número de REP 414-15, del contrato DGJ/ADJDIR/93-2021.

Con base en la información adicional de la Auditoría, se trata de 551 bienes con valor superior a los 100 millones de pesos, del presupuesto 2021, entregados en 2022. Al 31 de diciembre del último año, precisaron los inspectores, aún estaban pendientes por entregar tres bienes con un valor de 255 mil 900 pesos.

La UAEH presentó el Convenio de penalización e indemnización del Contrato Bianual (2021-2022) de compra-venta y prestación de servicios mediante el cual acordó el pago por concepto de penalizaciones por la cantidad de 10 millones 429 mil 690.72 pesos, por medio de transferencias a la cuenta del Gobierno del Estado de Hidalgo en las fechas siguientes: 24 de enero de 2023, 3 millones de pesos; 17 de abril de 2023, 3 millones 500 mil pesos, y 31 de julio de 2023, 3 millones 929 mil 690.72 pesos. La empresa penalizada cumplió con el primer depósito y están pendientes los dos restantes.

En mayo de 2022, en un enroque del Grupo Universidad o La Sosa Nostra, Agustín Sosa Castelán –quien validó todos los procedimientos observados– dejó la secretaría general y asumió la dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH).

En tanto, su hermano Gerardo Sosa, agrupado ahora en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), continúa con un proceso en prisión domiciliaria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos (causa penal 263/2020), en el que, no obstante, han sido absueltos dos de los coacusados por omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar las órdenes judiciales mediante las cuales obtuvo la información financiera presuntamente relacionada con lavado de dinero.