PACHUCA, Hgo. (apro).- Cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fueron utilizadas para el desvío de fondos. Los montos eran transferidos a beneficiarios finales, entre los que estaban el expresidente del Patronato de la institución, Gerardo Sosa Castelán, y su operador financiero Francisco Natalio Zamudio Isbaile, ratificó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Lo anterior fue obtenido de los dictámenes contables e informes emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que forman parte de la causa penal 263/2020, en contra del líder del denominado Grupo Universidad, en la que es coimputado Zamudio Isbaile, prófugo desde agosto de 2020, cuando se libró orden de aprehensión en su contra.

El contador Francisco Natalio, identificado como el encargado de crear empresas fachada y despachos que movilizaban los recursos, buscó revocar mediante un amparo la orden de aprehensión que tiene vigente al acusar supuestas violaciones en el debido proceso y que no se acreditaba la ilicitud del dinero ni las operaciones desde la cúpula universitaria. 

Sin embargo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que la medida cautelar es fundada y que existen indicios de la participación de él y de Sosa Castelán en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, a través de un esquema de triangulaciones que operó, al menos, de 2011 a 2018. 

Se puede concluir que había una coordinación entre los miembros de la organización para realizar reiteradamente las acciones consistentes en movilizar los recursos cuya procedencia fue injustificada, por lo que se estima era ilícita, al triangular depósitos y transferencias usando la cuenta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para el desvío de los fondos y los transferían a los beneficiarios finales, entre los que estaba Francisco Natalio Zamudio Isbaile y Gerardo Sosa Castelán", dice la resolución a la que se tuvo acceso, la cual también integra informes de la CNBV, de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —que inició la investigación— y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los movimientos financieros de los acusados. 

Ambos manejaban los recursos

El Tribunal estimó que hay indicios suficientes para considerar que los imputados probablemente participaron en los hechos con apariencia de delito que se les atribuyen, "ya que manejaban a su conveniencia los recursos" de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Del análisis de los elementos valorados, el colegiado identificó que Francisco Natalio tenía funciones de dirección, "pues era quien, en conjunto con Gerardo Sosa Castelán, idearon el esquema que les daría la pauta para legalizar el capital, ya que ambos tenían el control del numerario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de que éste coordinaba los despachos contables" que eran empleados para dispersar recursos, así como la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI. 

Esta firma falsa, añadió, no tenía registro de empleados ni emisión de CFDI’S, aunado a que no había realizado declaraciones ante la autoridad hacendaria y ni siquiera contaba con algún lugar establecido para su funcionamiento. 

"Por otro lado, no asiste razón al recurrente al manifestar que no hay indicios que demuestren que ocultó los recursos, porque algunos de los depósitos provenían de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la que su coimputado Gerardo Sosa Castelán era presidente del patronato; siendo que tanto él como el primero, tenían a su cargo la decisión y el control del dinero de la institución educativa y lo distrajeron de su objeto al depositarse en la sociedad antes mencionada (Contabilidad del Siglo XXI), la cual no se advierte que operara con normalidad, ya que no emitía facturas o CFDI’S, no tenía empleados o registros ante hacienda que hiciera visible que funcionaba como tal, de ahí que se estime que sólo servía para recibir los capitales y transferirlos a otras empresas, así como a los beneficiarios finales".

Entre esos beneficiarios también están las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas del líder político que mantiene el control de la UAEH, así como Anastasia Elizabeth Baños Baños, subalterna de Zamudio Isbaile. Todas ellas, prófugas. 

Por esta razón, la autoridad judicial consideró que las conductas de recibir, transferir y adquirir los capitales se realizaron con la intención de ocultar su origen. 

Zamudio Isbaile intentó refutar que el que no hubiera empleados en la empresa no infería su inexistencia; además de que argumentó que la visita que se hizo fue un domingo, por lo que no había personas. No obstante, la UIF y la FGR, con información del SAT, detectaron que no hay empleados ni ningún movimiento asociado con prestación de servicios, salvo el dinero que recibía de la UAEH para la red Sosa Castelán.

"No hay evidencia de que Contabilidad del Siglo XXI brindara servicios contables en el mundo real, habida cuenta que resulta cuestionable por qué o para qué se hacían depósitos a una empresa de la que no se localizaron actividades, comprobantes fiscales, registros patronales o de empleados, incluso ni siquiera presentó declaraciones ante la autoridad hacendaria en el periodo de dos mil once a dos mil catorce", que es parte del que, de acuerdo con la imputación, se cometieron los posibles delitos (2011-2018).

El Tribunal Insiste: "hay indicios de que teniendo el cargo de tesorero del patronato, disponía del numerario con el que contaba la Universidad Autónoma de Hidalgo y según lo expuesto por Óscar Pacheco Medina, tenía diversos despachos contables, entre ellos, la empresa fachada, en la que se hicieron depósitos provenientes de la institución educativa, sin aparente justificación; todo lo cual, al parecer era supervisado por él, ya que era el contador del coimplicado Gerardo Sosa Castelán (cabeza de toda la organización)".

Pacheco Medina, a cuyo testimonio hace referencia el colegiado, es un testigo colaborador del caso que aceptó ser prestanombres de Gerardo Sosa, para crear otra empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, que se financió con dinero de la UAEH. 

Francisco Natalio también buscaba revocar la orden de aprehensión en su contra con el argumento de que no se dejó definido de qué forma se distrajeron los recursos de la institución universitaria; no obstante, el colegiado secundó a la FGR en que, al retirarlos, no fueron utilizados para cuestiones inherentes al ente público. 

"Incluso –planteó— Óscar Pacheco Medina declaró que desde una cuenta de la Universidad se le hizo un depósito para el pago de un terreno que costó cuarenta y cinco millones de pesos, cantidad que el banco le congeló, otorgándole así una serie de préstamos con garantía líquida para tener una cuenta nueva" a nombre de una empresa que constituyó por instrucciones de Sosa, "de quien el aquí recurrente (Zamudio Isbaile) era su contador y asesoraba diversas empresas universitarias".

Para justificar la salida del dinero, tanto los abogados de Sosa como los de su contador han dicho que eran por servicios ofrecidos por las empresas —que ellos mismos controlaban— a la UAEH, por concepto de revisión de pólizas y su soporte documental, de 
control interno correspondiente a distintos meses; así como por servicios de contabilidad gubernamental. 

Asimismo, por revisión de contratación por honorarios y de cálculo de retención de impuestos; pago de servicios de contabilidad, dictaminación fiscal y honorarios servicios contables.

Simulación de servicios a la universidad

Sin embargo, primero el Ministerio Público, por la información fiscal, y después el colegiado, sostuvieron, con la evidencia valorada, que no hay evidencia de que estos servicios fueron realizados, además de que no existía quién ni dónde ni con qué instrumentos trabajar, ya que la denominada empresa fachada no tenía personal, sede ni mobiliario ni material. 

"A pesar de estar constituida legalmente, no operó en el mundo fáctico, constituyendo ello una simulación, pues aparentaba realizar servicios contables y fiscales; sin embargo, no expedía facturas, no tenía empleados y el lugar en el que se dijo estaba constituida, servía sólo como casa habitación". 

Con estos elementos, consideró, se justifican los indicios de probable participación tanto en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como de delincuencia organizada.

Desde el 4 de febrero pasado, Gerardo Sosa abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, en el que estuvo desde el 31 de agosto de 2020, cuando fue detenido en la Ciudad de México, para continuar su proceso en su domicilio. De acuerdo con su defensa, su estado de salud se encontraba altamente deteriorado y la FGR validó la medida. Posteriormente, fue operado del cerebro y el corazón en un hospital privado.

Su proceso continúa en curso y sus abogados, al igual que los del prófugo Zamudio Isbaile, han tratado de refutar las acusaciones en contra al argumentar la licitud de los recursos que fueron transferidos a sus cuentas.