PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).- Francisco Natalio Zamudio Isbaile, presunto operador financiero en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue contra Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), busca la protección de la justicia federal, mediante un amparo, para que no se cumpla la orden de aprehensión en su contra por su posible implicación en lavado de dinero por 58.2 millones de pesos.
En la trama financiera para sustraer recursos de la UAEH que la FGR imputa al grupo
La Sosa Nostra –que se basa en una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, Zamudio Isbaile es la cabeza de cuatro despachos contables que recibían dinero de la universidad y, posteriormente, lo transferían a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que lo enviaba a los receptores finales, entre ellos Gerardo Sosa y sus hijas, también prófugas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto.
Estos despachos son Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
Además de las de Sosa y sus hijas, las manos a las que finalmente llegaba los recursos eran las de Natalio Zamudio y dos personeros más del grupo, que la FGR definió como organización criminal: Anastasia Elizabeth Baños Baños –con orden de aprehensión y Juan Manuel Hernández Gayosso, recluido, como Sosa, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y operador directo de Zamudio Isbaile.
El amparo contra la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que libró desde el 31 de agosto –día en el que fue detenido el presidente del Patronato de la UAEH– el juez de control del penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, no ha sido otorgado.
Fue turnado a la juez noveno de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien requirió a Francisco Natalio Zamudio precisar información para de continuar con el trámite. Entre los datos que pidió está la razón por la cual pide protección federal, abundar sobre los antecedentes del caso y proporcionar copias, así como señalar el domicilio donde la FGR ha pretendido ejecutar la orden de captura.
Además, la juez dio tres días a Zamudio para que ratifique la demanda, porque identificó discrepancia en las firmas que aparecen en el documento ingresado.
Para la FGR, Natalio es el segundo en la estructura financiera que estableció el grupo
La Sosa Nostra.
Además, en la continuación de la audiencia inicial que culminó con la vinculación a proceso de cuatro presuntos implicados el 6 de septiembre –incluido Gerardo, a quien define como la cabeza de la organización–, una de las coacusadas, María Cruz Campos Álvarez, presa en el penal femenil de Morelos y quien aparece como accionista en la firma fachada Contabilidad del Siglo XXI, acusó que Zamudio Isbaile fue quien creó esta empresa de papel, y que ella aceptó prestar su nombre por temor a ser despedida.
Esto sucedió en 2001, cuando trabajaba como su secretaria en Eficiencia en Negocios Asociados, cuyas oficinas estaban en el número 302 del bulevar San Javier, en Pachuca, en un edificio de Francisco Natalio, pero que fueron desmanteladas hace unos meses, según el personal de seguridad privada.
En 2004, María Cruz renunció y, dijo al juez Gregorio Salazar, lo hizo por malos tratos. Desde ese entonces, afirmó, desconocía lo que habían hecho con su nombre y firma.
El esquema de sustracción de recursos que imputa la FGR operó de 2011 a 2018. Sin embargo, al vincularla a proceso junto con María Luisa Montalvo Sierra –la otra accionista de la firma fachada–, el contador personal de Natalio Zamudio, Juan Manuel Hernández Gayosso, y Gerardo Sosa, el juez le expuso que, al haber consentido que se usara su nombre, la hace corresponsable, aunque hubiera ignorado que el fin de Contabilidad del Siglo XXI era ilícito.
