PACHUCA, Hgo. (apro).– Gerardo Sosa Castelán, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y quien enfrenta un proceso judicial por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, fue operado de un tumor cerebral a la altura de la hipófisis y del corazón.

Este miércoles, durante el inicio de la audiencia de juicio de Fernando R. M., acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto –ocurrido el 23 de febrero de 2019–, la defensa de Sosa Castelán, víctima indirecta por el asesinato de su hijo, dio a conocer que el también exrector se encontraba convaleciente por las intervenciones quirúrgicas en un hospital de la Ciudad de México.  

Aunque el ministerio público preveía la participación de Sosa Castelán de manera virtual, la audiencia no se llevó a cabo por falta de capacidad tecnológica para llevar a cabo el enlace y por el estado de salud del político hidalguense.  

Asimismo, se informó que el Poder Judicial del estado fue notificado de la convalecencia del líder del Grupo Universidad, un clan político que surgió al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace más de cuatro décadas y que actualmente opera para Morena. Es denominado así por el control político ejercido en la UAEH desde las postrimerías de 1970. 

Por tal situación, el juicio fue pospuesto para el 23 de marzo.  

La presencia del jefe político es requerida por ser víctima indirecta y también para que ratifique su declaración. Con base en la relatoría de los hechos –reconstruidos por el ministerio público–, cuando su hijo fue atacado a tiros cerca de un rancho de la familia Sosa en Acaxochitlán, Hidalgo, aún fue llevado con vida a una clínica Santa María, en el municipio de Tulancingo, donde falleció cuando se preveía su traslado aéreo a la Ciudad de México. Mientras agonizaba, padre e hijo hablaron por teléfono.  

Desde el 23 de febrero de 2020 –justo cuando se cumplió un año del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) detuvo a Fernando R.M., a quien acusó de ser autor material de este delito. 

Ambos habían trabajado en la administración del rancho Yemila, que pertenece a los Sosa. La teoría del caso de la PGJEH es que Fernando, tras diferencias con Gerardo hijo, las cuales lo llevaron a dejar sus funciones en dicha propiedad familiar, lo asesinó.  

El presunto responsable está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. Su familia ha denunciado la supuesta fabricación de un culpable, además de considerar el suyo como un “caso político”, en el que recriminan la actuación indebida de la Procuraduría y el Poder Judicial.  

“Sé de mi inocencia. Sé que la justicia llegará pronto y que la verdad tiene que salir en este caso, como todo lo que rodea al grupo de Gerardo Sosa”, dijo, desde la cárcel en la que está recluido, Fernando R.M., a través de un mensaje enviado a Proceso luego de que fuera determinado el aplazamiento de la audiencia. 

Él contó que la última vez que vio a Sosa Castelán fue en el velorio de Gerardo hijo, el 24 de febrero de 2019. Afirmó que el jefe del Grupo Universidad le dijo: “Ya ves, cabrón, me lo descuidaste”, cuando recibió el pésame. 

Después, ambos serían detenidos: el primero por el presunto homicidio de su hijo y el segundo acusado de lavado de dinero. 

Sosa Castelán no ha sido absuelto de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputan; sin embargo, el pasado 3 de febrero dejó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al que había ingresado el 31 de agosto de 2020.   

Lo anterior se debió a que la Fiscalía General de la República (FGR), que, cuando fue detenido, le imputó ser líder de una organización delictiva que sustraía dinero de la UAEH mediante dispersiones a una empresa fachada –Contabilidad del Siglo XXI– y cuatro falsos despachos contables creados por el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile –Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca–, aprobó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, al argumentar que el interno mostraba un deteriorado estado de salud. 

El juicio de Fernando R. M. también se pospuso porque no se presentaron otras víctimas indirectas –con calidad de testigos–: Adriana Cravioto Torres y Adriana Sosa Cravioto, madre y hermana del joven fallecido. Ellas, mencionó la representación de la procuraduría, tienen domicilio en Canadá.  

Adriana Sosa se encuentra prófuga de la FGR debido a que hay una orden de aprehensión en su contra por la causa penal de lavado de dinero contra su padre (263/2020). A ella, la Fiscalía la acusa de recibir y ocultar dinero, debido a que sus cuentas –al igual que las de su hermana Ana Carmen– eran utilizadas en la dispersión de los recursos.  

A los juzgados sí acudieron Óscar Damián Sosa Castelán –accionista mayoritario de una de las empresas dispersoras de recursos en el caso UAEH (Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, que movilizó 31.3 millones de los 58.2 investigados)– y el exrector y exdiputado local morenista Humberto Augusto Veras Godoy, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló en 2020 cuentas bancarias que, refirió, posiblemente estaban asociadas a lavado de dinero. Ambos tuvieron contacto con Gerardo Sosa Cravioto en sus últimos instantes de vida, después del ataque armado.