HIDALGO (apro).- Al asegurar que existe deterioro en su estado de salud, y condiciones de riesgo por ese motivo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un cambio a la medida cautelar de prisión preventiva contra el expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, para que abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que está recluido desde el 31 de agosto de 2020, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

El objetivo, de acuerdo con la FGR, es salvaguardar la salud del interno, cuyos abogados, desde el año anterior, han buscado que deje la prisión federal al argumentar que su estado de salud es precario, por padecimientos crónicos que requieren atención médica especializada. 

El imputado tiene problemas de hipertensión y, a decir de sus abogados cuando solicitaron medicamentos para su cliente a través de un amparo, que les fue otorgado en mayo del año anterior, padece de preinfartos al corazón. Por estas morbilidades asociadas, lo consideraban también un paciente con potencial riesgo en caso de contagiarse del nuevo coronavirus. 

Asimismo, señalan que tiene problemas en la columna vertebral y ha presentado desmayos y mareos por lo que aducen la necesidad de cuidados y medicación.

Sosa Castelán fue acusado de operar una red de empresas inexistentes —sin personal ni capacidad para actividades profesionales—, utilizadas para extraer dinero de la casa de estudios que controla. 

Con base en la imputación de la FGR, por la que se integró la causa penal 263/2020, entre 2011 y 2018 Sosa Castelán —a quien dio la categoría de líder de una organización delictiva dedicada a sustraer recursos de la UAEH—utilizó la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI para recibir los 58 millones 245 mil 848 pesos a una cuenta terminación 441 a Scotiabank. 

Esta empresa fachada, dice la fiscalía en una indagatoria que incluye rastreo de cuentas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), transfería los recursos a los despachos Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca, creados por el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile, que denomina como el operador financiero de Sosa Castelán.

En la presunta sustracción de recursos de la UAEH, su movilización mediante cuentas bancarias y su disposición final intervienen más personas físicas y morales: la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo —que asegura el testigo colaborador del caso, Óscar Pacheco Medina, fue creada con el patrimonio de la universidad por orden de Gerardo Sosa— y las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas del político hidalguense, originario del municipio rural de Acaxochitlán y quien ha mantenido el control de la Autónoma del Estado desde su asenso burocrático tras ser líder de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), en las postrimerías de la década de los 70 y principios de los 80.

Contra Natalio Zamudio y las hermanas Sosa Cravioto, así como la también operadora Anastasia Elizabeth Baños Baños, el juez del caso libró órdenes de aprehensión desde agosto de 2020, pero siguen prófugos y han intentado promover amparos para liberar cuentas bancarias congeladas y evitar ser detenidos.

En el reciente proceso interno para elegir quien contendería por la gubernatura de Hidalgo a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2022, el Grupo Universidad o La Sosa Nostra presentó las propuestas de Damián Sosa Castelán —accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, una de las empresas empleadas para la triangulación de los 58.2 millones— y de la diputada federal por el distrito de Pachuca Lidia García Anaya, quien asumió la titularidad del Patronato Universitario —encargado por estatuto del manejo financiero de la institución— tras la detención de Gerardo, también exrector, exdiputado federal y expresidente del PRI estatal. 

Durante su estadía en prisión, el líder político libró un proceso por defraudación fiscal (causa penal 237/2020). En ese momento, el ministerio publicó acusó que el expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo simuló pruebas para justificar depósitos millonarios no reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, la jueza de control del caso determinó que no había elementos de prueba suficientes.

Para el cambio de la medida cautelar, el juez de control requirió a la fiscalía que remita una constancia en la que autoriza la determinación, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación.