PACHUCA, Hgo. (apro).- La empresa Uni Comercializadora S.A. de C.V., ligada a presuntas operaciones ilícitas por parte del grupo político La Sosa Nostra, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia que dictó un juez federal para que sus cuentas bancarias se mantuvieran bloqueadas por las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

El 9 de agosto, la autoridad sobreseyó el juicio con lo que determinó no amparar a esta firma, a quien el 23 de julio había negado en definitiva la liberación de sus cuentas, debido a que eran parte de una indagatoria por posible lavado de dinero.

El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presume que esta empresa es parte de un esquema de sustracción de recursos que opera en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).  

De acuerdo con el documento 100T5 del Registro Público del Comercio de Pachuca, Uni Comercializadora, con domicilio fiscal en carretera Pachuca-Tulancingo, kilómetro 4.5, en el edificio Cevide de Ciudad Universitaria de la UAEH, fue registrada el 21 de septiembre de 2010 y tiene como apoderada legal a Laura Carrasco Martínez, esposa de David Villegas Balmori.  

Ambos personajes son investigados por Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR) al ser presuntos operadores financieros de Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Autónoma de Hidalgo, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. 

En la UAEH, donde Sosa mantiene el control político desde las postrimerías de la década de 1970, Carrasco Martínez funge como subdirectora de Transferencia de Tecnología en la División de Investigación y Posgrado, mientras que Villegas Balmori, empresario, director en Purificadora de Agua Govi S.A de C.V, era, desde 2009, presidente del Consejo de Administración de La Voz del Aire S.A. de C.V., editora del del periódico universitario El Independiente de Hidalgo, cuyas cuentas también fueron bloqueadas por el caso Sosa Castelán y cerró ediciones el 12 de diciembre de 2020, tras adeudos de quincenas a sus trabajadores, a quienes afirmaron que la intervención de la UIF fue la responsable. 

Con base en el expediente 375/2020, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el 12 de junio de 2020, después del bloqueo de Hacienda, Uni Comercializadora buscó ampararse contra cualquier “orden verbal o escrita de bloquear, asegurar o congelar recursos en cuentas bancarias”, específicamente por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.  

El 30 de agosto, el expediente fue aceptado para revisión. Según el primer párrafo del artículo 89 de la ley de la materia, el juez de distrito tiene un plazo de 24 horas para que remita el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, junto con el escrito de expresión de agravios.  

Y este 31 de agosto se cumplió un año de la detención de Gerardo Sosa en la Ciudad de México. Aquel mismo día fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Desde entonces están prófugas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, hijas de Gerardo, acusadas de recibir y ocultar dinero, así como Francisco Natalio Zamudio Isbaile, contador a quien la FGR denominó segundo en la estructura operativa de La Sosa Nostra, responsable de empresas fachadas por las que se dispersó el recurso, y Anastasia Elizabeth Baños Baños, quien, de acuerdo con la fiscalía, es operadora directa de este último personaje y recibió y ocultó capital.