Las hijas de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), buscan liberar cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que asegura son parte de la presunta estructura de lavado de dinero del grupo político La Sosa Nostra, al que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó "organización criminal" dedicada a la sustracción de recursos de esa casa de estudios a través de empresas fachada. 

Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto tramitaron una demanda de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México, con la que pretenden descongelar cuentas en Banorte y Santander, según la información pública del expediente 596/2021, disponible en los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal. 

Debido a que las cuentas fueron abiertas en sucursales de Pachuca, el juez se consideró incompetente y remitió el recurso a la autoridad local, que lo aceptó. 

En lo que se resuelve de fondo el amparo, las quejosas solicitaron que sus registros bancarios sean descongelados. 

Contra ambas hermanas, el juez del caso Sosa Castelán emitió órdenes de aprehensión en agosto de 2020 por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior, en el marco de la detención de su padre, hace un año. 

Aunque la petición de desbloqueo les fue concedida en una de las cuentas, el juez advirtió que la medida no aplicaría si la inmovilización deriva de un procedimiento de la UIF. 

El bloqueo de las cuentas de los miembros de la estructura política, financiera y operacional de La Sosa Nostra se debió a solicitudes de cooperación internacional por parte de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del gobierno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en ingles) a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

El ente del país vecino acusó una posible participación en actividades ilícitas de las hijas del también exrector de la UAEH con una organización criminal.

De acuerdo con la causa penal 263/2020 que se sigue contra Gerardo Sosa como cabeza de la supuesta organización acusada de lavar 58 millones 245 mil 948 pesos, Adriana y Ana Carmen son probables responsables de ocultar y recibir dinero sustraído de la Universidad Autónoma de Hidalgo, mediante operaciones con firmas fantasma y/o creadas con recursos de la casa de estudios. 

En el esquema de lavado de Sosa Castelán, según la FGR (Proceso 2291), este semanario reveló que a través de 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, Adriana Sosa Cravioto recibió un millón 192 mil 308 pesos y Ana Carmen otros 806 mil 769 pesos, mediante siete depósitos a una cuenta en Santander. 

Según la descripción de la FGR acerca del móvil del posible delito, el dinero salía de la UAEH y llegaba a las cuentas de Gerardo, sus dos hijas y tres personas con estrecho vínculo con el grupo: Francisco Natalio Zamudio Isbaile, operador contable; Anastasia Elizabeth Baños Baños, trabajadora de confianza de Zamudio —ambos con orden de aprehensión—, así como Juan Manuel Hernández Gayosso, recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia incidental, para atender lo relativo a la suspensión provisional solicitada por las hermanas Sosa Cravioto se llevará a cabo el 18 de agosto, en tanto que el recurso se resolverá a fondo el 22 de septiembre.