CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Al considerar que no existió irregularidad en el bloqueo de cuentas bancarias a Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A. de C.V., la autoridad judicial sobreseyó el amparo promovido por esta empresa que es parte de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el 31 de agosto de 2020. 

El 11 de octubre, la inmobiliaria presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo el amparo 1293/2021, con el que buscaba la protección federal por supuestas violaciones a los artículos 8, 14 y 16 en las que, acusa, había incurrido el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.  

No obstante, expuso el juez, este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un oficio en el que demostró la notificación que hizo a la apoderada legal de la empresa sobre el procedimiento en contra, parte de una indagatoria por posible blanqueo, que también está relacionada con la causa penal 263/2020 contra Gerardo Sosa por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.  

Este semanario reveló que el accionista principal de esta firma es Óscar Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y quien participa en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para obtener la candidatura a gobernador en Hidalgo.  

Lo anterior, después de que obtuviera mil 400 acciones a cambio de un supuesto préstamo de siete millones de pesos, según consta en la escritura pública 38,717, protocolizada el 28 de abril de 2009 (Proceso 2291). Sin embargo, esta empresa, a decir de Óscar Pacheco Medina, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra el jefe del Grupo Universidad o La Sosa Nostra se financiaba con dinero de la UAEH por órdenes de Gerardo.  

Según el rastreo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que son parte del expediente de la FGR, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo transfirió 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI S.A de C.V, una de cinco utilizadas para la dispersión de los 58.2 millones de pesos que tienen en prisión al también exrector de la Autónoma de Hidalgo, al que la FGR dio la categoría de “líder” de una “organización criminal” presuntamente dedicada a drenar las arcas universitarias.  

La UIF argumentó que la inmovilización de los activos de la constructora es parte de las indagatorias por el caso Sosa, ante su posible uso para la movilidad de dinero. Al no acreditar las supuestas omisiones que acusaba la representación legal de la firma, determinó sobreseer el proceso fuera de audiencia.  

El testigo colaborador declaró en el proceso que por orden del también expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo creó esta inmobiliaria, cuya garantía de préstamos se hicieron con el patrimonio de la casa de estudios. Con recursos de la Autónoma, añadió, construyeron naves industriales, entre éstas las que se encuentran en Ciudad de México y Puebla. 

Tras los últimos movimientos ante notario que acreditó Pacheco Medina, quedaron como accionistas él, con diez acciones; Adriana del Carmen Cravioto Torres, con 190 acciones, y Damián Sosa, con mil 400 acciones.