PACHUCA, Hgo. (apro).– José Antonio Pacheco Medina, hermano de Óscar, el testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso contra Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, presentó una demanda de amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el congelamiento de cuentas bancarias a él y otros miembros de su familia.

En la causa penal 263/2020, que la FGR lleva contra Sosa, Óscar Pacheco declaró que, por instrucción del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), creó una empresa con el patrimonio de la casa de estudios, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A. de C.V., que es parte de la estructura financiera a través de la cual se dispersó recurso del erario universitario a cuentas de Gerardo, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto –prófugas de la justicia desde agosto de 2020– y personeros de la familia.

Estas operaciones presuntamente ilícitas, que fueron detectadas por la UIF, tienen al jefe del grupo político conocido como “La Sosa Nostra” en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, desde el 31 de agosto de 2020.   

José Antonio Pacheco solicitó desde mayo la protección de la justicia federal por lo que consideró “actos fuera de juicio”, específicamente el “embargo precautorio, aseguramiento, inmovilización, congelamiento y bloqueo” de cuentas, así como la “imposibilidad de abrir cuentas nuevas, cancelación de las vigentes y su ejecución”, acciones que corresponden al organismo entonces a cargo de Santiago Nieto, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De acuerdo con el expediente 497/2021 abierto en Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, la demanda de amparo la promueven José Antonio y su hermano Óscar, además de Jésica Pacheco Lozada y María del Carmen Lozada Sánchez, por su propio derecho, así como Ana Cristina Pacheco Lozada, en representación de sus menores hijos de identidad reservada S.G.P. y R.G.P.

De la familia que busca ampararse ante las acciones de la UIF, Jésica Pacheco Lozada, hija del testigo colaborador de la FGR, es mencionada en la causa penal por medio de las declaraciones de su padre, ya que éste reveló que, originalmente y por supuesta orden de Gerardo Sosa, constituyó la empresa junto con su hija Jesica el 15 de diciembre de 2001, con cinco acciones cada uno por 25 mil pesos, según la escritura pública 20,551, pasada ante la fe del notario público número 3 de Pachuca, Gerardo Martínez y Martínez (Proceso 2289).

Este semanario reveló que en el acta general del 8 de enero de 2008, protocolizada el 28 de abril de 2009 por medio de la escritura pública 38,717, se autorizó que la hija de Óscar Pacheco le donara a éste sus acciones y se aumentara el capital de la empresa con un supuesto préstamo de siete millones de pesos por parte de Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo, por lo cual le otorgaron mil 400 acciones. Con esto se convirtió en el principal accionista, aunque el control lo mantuvo el líder tácito de la Autónoma de Hidalgo, que controlaba el dinero por medio del Patronato Universitario, de acuerdo con la acusación del ministerio público federal.

Antes de esto, se hizo una modificación para incorporar una socia: Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa del exrector, que aportó 950 mil pesos y obtuvo 190 acciones. El testigo de la FGR aseguró que el mayor en el grupo político de los Sosa controlaba todo, con el dinero de la UAEH.

Antes de ser delator de la Fiscalía, Óscar Pacheco Medina fue “socio” –el afirma que prestanombres– de los hermanos Sosa Castelán en Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, así como dos empresas más: Grupo Inmobiliario Quinto, en sociedad con Gerardo, y en Inmobiliaria Amaque, asociado con Damián, quien el 13 de septiembre se registró en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como aspirante a la candidatura a gobernador de Hidalgo.

Su hermano José Antonio, a su vez, también tiene una carrera ligada a este grupo político: licenciado en Computación egresado de la Autónoma de Hidalgo en 1991, ha sido jefe de área y jefe de departamento, hasta escalar a director de Informática y Sistemas de la institución, desde 2012.

En el último acuerdo disponible en el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que data del 12 de noviembre pasado, el juez cuarto de distrito les requirió a los quejosos para que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan su informe justificado en el plazo de 15 días, “apercibidos que de no hacerlo así, se tendrá por cierto el acto que se les reclama y se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización)”.

Lo mismo, añadió, acontecerá en caso de que no remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias necesarias para la solución del asunto. 

Asimismo, comisionó a un encargado para que les haga del conocimiento que el presente asunto se encuentra suspendido, debido a que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpuso recurso de queja en contra de un auto de 10 de junio del año en curso.

En su declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, Óscar Pacheco dijo: “lo único que pudo decir es que salían muchos cheques de la cuenta del licenciado Gerardo y también salieron otros de lo que es la Fundación Hidalguense.