CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V., clave en la trama de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, busca liberar sus cuentas bancarias.

Además, acusa al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, de “falta de respuesta” por mantener el bloqueo.

El principal accionista de esta constructora es Óscar Damián Sosa Castelán, hermano del también expresidente del Patronato de la UAEH que está recluido en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, y excandidato Morena a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo (2020). 

El 11 de octubre, la inmobiliaria presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo el amparo 1293/2021, con el que busca la protección federal por supuestas violaciones a los artículos 8, 14 y 16 en las que, acusa, ha incurrido Nieto Castillo. 

Dichos artículos se refieren a que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, en el que se sigan las formalidades del procedimiento.  

Específicamente, como acto omiso, los abogados de la firma señalan “falta de respuesta de supuesta inclusión a lista de personas bloqueadas”, al considerar que no se ha probado que Arrendadora Yolo haya participado en actividades delictivas. 

En la causa penal 263/2020, la FGR imputa a Sosa –quien del porrismo, a cargo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), de la que fue presidente, llegó a ser rector y luego encargado del manejo financiero de la casa de estudios– ser el cerebro de una maquinaria de corrupción desde la UAEH para sustraer dinero. 

Con base en la acusación, del total de 58.2 millones, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo transfirió 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI S.A de C.V, una de las utilizadas para la dispersión de dinero que, a decir de la FGR y con base en un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que presentó desde la audiencia inicial en septiembre de 2020, terminaba en cuentas de Gerardo, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, así como personeros. 

Además, el testigo colaborador de la FGR en el caso, Óscar Pacheco Medina, afirmó que por orden de Sosa Castelán creó esta empresa –cuya garantía de préstamos se hicieron con el patrimonio de la casa de estudios– en la que son accionistas miembros de la familia Sosa. 

Como reveló este semanario (Proceso 2291), según la escritura pública 20,551, pasada ante la fe del notario público número 3 de Pachuca, Gerardo Martínez y Martínez, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo fue constituida el 15 de diciembre de 2001, con dos accionistas: el testigo de la FGR y su hija, cada uno con cinco acciones y un capital conjunto de 50 mil pesos. 

Sin embargo, posteriormente hicieron una modificación para incorporar una socia: Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa, que aportó 950 mil pesos y obtuvo 190 acciones. El testigo de la FGR aseguró que el exlíder estudiantil controlaba todas las operaciones y que el dinero salía de la Autónoma de Hidalgo. 

En el acta general del 8 de enero de 2008, protocolizada el 28 de abril de 2009 por medio de la escritura pública 38,717, se autorizó que la hija de Óscar Pacheco le donara a él sus acciones y se aumentara el capital de la empresa con un supuesto préstamo de siete millones de pesos por parte de Damián Sosa Castelán, por lo cual le otorgaron mil 400 acciones. Con esto se convirtió en el principal accionista, aunque el control de facto lo mantuvo su hermano Gerardo. 

Con base en la imputación de la fiscalía, con dinero de la UAEH la inmobiliaria construyó una nave industrial de 10 mil metros en San Antonio, Ciudad de México. El testigo afirmó que él recibió un depósito de 45 millones desde la universidad. 

Pero no es la única operación: en 2009 comenzaron una nueva nave en Teziutlán, Puebla, frente al hospital, cuyo terreno costó 4 millones. “El dinero con el que lo pago me lo da directamente el licenciado Gerardo”, afirmó Óscar Pacheco, quien también aseguró que recibía recursos de la Fundación Hidalguense de la Universidad Autónoma de Hidalgo para subsidiar esta empresa.