HIDALGO (apro).- Un total de 28 personas físicas y nueve personas morales, a quienes fueron suspendidas 320 cuentas con cerca de tres mil millones de pesos conforman la presunta red de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relaciona con el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

La cabeza del presunto entramado delictivo es Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la UAEH –órgano encargado del manejo financiero de la institución–, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano desde el 31 de agosto de 2020, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. 

Para la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva la causa penal 263/2020 por la que está preso Gerardo Sosa, la Sosa Nostra o Grupo Universidad, otrora brazo político que nació al amparo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo y que desde 2018 está en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene el rango de “organización criminal”, cuyas operaciones, a través de la dispersión de recursos mediante empresas fachada, tenían como fin drenar las arcas de la Autónoma del Estado. 

En respuesta a la solicitud de información 330026321000728 elaborada por Proceso, la UIF reveló que por el caso UAEH 37 personas físicas y morales fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de organizaciones financieras “por conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”.

Se trata de tres personas físicas “designadas” –es decir, con presunción de operaciones directamente relacionadas al lavado–, y 25 “relacionadas” con la movilización de recursos del erario universitario con fines de blanqueo, a quienes fueron suspendidas 118 cuentas por un monto conjunto de 15 millones 323 mil 142.31 pesos.

El grueso del dinero inmovilizado está en las personas morales, como organizaciones con objeto empresarial que, presume la UIF tras el rastreo de cuentas realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), fueron empleadas para triangular activos.

Según la respuesta de Inteligencia Financiera, a una persona moral “designada” y ocho “relacionadas” se suspendieron 202 cuentas que contenían dos mil 271 millones 242 mil 454.63 pesos, moneda nacional, y 33 millones 705 mil 035.92 dólares americanos, que al tipo de cambio actual ($20.89) asciende a 704 millones 908 mil 200.36 pesos.    

El bloqueo a las cuentas de Sosa Castelán

El 29 de abril de 2019, en un cónclave de la cúpula de la UAEH con trabajadores de la casa de estudios a quienes se les pidió “cerrar filas” para lo que denominaron “la defensa de la autonomía universitaria”, porque afirmaron era un atentado contra la institución, Gerardo Sosa Castelán, ahí presidente del Patronato, confirmó que sus cuentas y la del rector Adolfo Pontigo Loyola habían sido bloqueadas.

Santiago Nieto afirmó entonces, a través de Twitter, que se habían congelado cuentas a personas vinculadas con la Autónoma de Hidalgo por presuntos actos de corrupción, incluidos conflicto de intereses y venta ilegal de hidrocarburos.    

Con base en los amparos presentados en los distritos judiciales de Hidalgo para desbloquear cuentas, los nombres incluidos en la causa penal 263/2020 –proceso por lavado de dinero, relacionado y que tiene a Sosa en prisión– e información sobre el caso a la que tuvo acceso Proceso, entre esta red con cuentas bloqueadas también se encuentran Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Gerardo Sosa que según la imputación contra su padre recibieron un millón 192 mil 308 pesos y 806 mil 769 pesos, respectivamente. Contra ambas el juez del caso emitió órdenes de aprehensión desde 2020. 

También, cuentas pertenecen al prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile, operador financiero de Gerardo Sosa quien, a decir de la FGR, es la cabeza de cuatro despachos contables (Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable Pachuca) que recibían dinero de la universidad y, posteriormente, lo transferían a la empresa de papel que éste también creó, Contabilidad del Siglo XXI, para que desde ahí fuera dispersado a los receptores finales.   

Igualmente, el bloqueo alcanza a Estela Galindo Ortega, directora de Recursos Humanos de la UAEH, así como al exrector y exdiputado local morenista Humberto Veras Godoy. 

Además, a empresas como La Voz del Aire S.A. de C.V., que era la razón social con la que operaba el periódico El Independiente de Hidalgo, que cerró ediciones el 12 de diciembre de 2020, así como Promotora Integral Innova, contratista de la universidad y propiedad del arquitecto Jesús Bravo Paredes, mencionado en el expediente contra Sosa por presuntamente recibir licitaciones amañadas para obra pública y ser parte de la dispersión del erario universitario.  

Asimismo, fueron inhabilitadas cuentas de firmas como Uni Comercializadora S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de artículos de papelería, cómputo, ferretería y mantenimiento de oficinas, cuya apoderada legal es Laura Carrasco Martínez, casada con David Villegas Balmori, otro miembro de la estructura del grupo La Sosa Nostra, y la dispersora Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, creada con el patrimonio de la UAEH de acuerdo con el testimonio del prestanombres confeso y testigo colaborador de la Fiscalía Óscar Pacheco Medina, y cuyo accionista principal es Óscar Damián Sosa Castelán, excandidato de Morena a la alcaldía de Tulancingo (2020).

Orden que derivó bloqueo, “confidencial”

El 20 de mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó a la UIF realizar o continuar el bloqueo de cuentas bancarias de personas físicas y/o morales relacionadas con un posible desvío a través de la universidad hidalguense. Este documento, según Inteligencia Financiera, es el origen de la suspensión de cuentas, además de una alerta de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La UIF clasificó como información reservada por cinco años este oficio, al asegurar que el riesgo que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. 

En otra respuesta a una solicitud de información de Proceso (folio 330026321000727), el organismo dependiente de Hacienda argumentó que “el intercambio de información entre países compete sólo a países” y que dar a conocer este documento menoscabaría las relaciones entre México y Estados Unidos, incluso, el rompimiento de éstas.

De igual forma, expuso que podrían obstruirse investigaciones en curso por parte del Ministerio Público.