PACHUCA (apro).– Tras cinco años de mandato, a menos de uno de cumplir con el periodo por el que fue electo, Adolfo Pontigo Loyola renunció al cargo de rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Durante su encargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una indagatoria por la probable implementación de un mecanismo para dispersar recursos de la casa de estudios, a decir de la FGR presuntamente diseñado por el jefe del grupo que controla políticamente la institución, Gerardo Sosa Castelán. 

Pontigo Loyola fue el undécimo rector de la Autónoma de Hidalgo, en una administración que abarcaría el sexenio 2017-2023. Su dimisión se confirmó tras una sesión del Consejo Universitario. El mismo organismo eligió como interino, hasta marzo próximo, a Octavio Castillo Acosta, quien fungía como secretario general. 

En conferencia de prensa, el exrector aseguró que su renuncia no está relacionada con la investigación de la UIF que trascendió a un proceso penal (causa penal 263/2020) seguido contra Sosa Castelán, tres coacusados y cuatro prófugos. 

"Jamás ha estado inmerso el nombre de Adolfo Pontigo en lavado de dinero", aseguró el académico, en referencia a que, en la causa penal activa, no está señalado como coautor de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. 

No obstante, sus cuentas personales fueron inhabilitadas en febrero de 2020, junto a un grupo de allegados a Sosa, por la indagatoria de la UIF relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Por esta situación, reveló que el 30 de abril del año anterior sus cuentas bancarias fueron liberadas, por lo que, acotó, está desligado jurídicamente de este proceso. 

La razón por la que sus líneas bancarias fueron inhabilitadas, consideró, fue porque ocupaba el cargo de rector. "No tengo nada que ver eso", remarcó, en alusión a las pesquisas que continúan por la supuesta dispersión de activos. 

El quinquenio en el que Pontigo Loyola estuvo a cargo coincide con el lapso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) presume que ocurrió el presunto lavado de dinero de 58.2 millones de pesos (2011-2018) que tiene bajo proceso, en prisión domiciliaria, al jefe político del denominado Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán. 

Según la acusación de la fiscalía, las posibles operaciones ilícitas se realizaron mediante un esquema de dispersión de recursos que involucraba a la casa de estudios, una empresa fachada y cuatro despachos contables controlados por el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile –a quien define en la causa penal 263/2020 como el operador financiero de Sosa Castelán–, así como 10 personas relacionadas con el grupo político de la Universidad, entre ellas las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Gerardo Sosa. 

Mediante estrategias jurídicas, Pontigo buscó el descongelamiento de sus activos; sin embargo, Inteligencia Financiera acreditó que la medida debía mantenerse por un requerimiento de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Services, IRS, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, que el 20 de mayo de aquel año, mediante oficio, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda realizar o mantener la inhabilitación. 

Lo anterior se debió a que se encontraba en curso una investigación a un grupo político mexicano con sede en Hidalgo por su posible participación en actividades de carácter ilícito relacionadas con una organización criminal.

En la causa contra Sosa Castelán, la FGR dio al Grupo Universidad o La Sosa Nostra el rango de "organización criminal", al asegurar que había instaurado un mecanismo para drenar los recursos de la institución educativa. 

Tras su renuncia, el ahora exrector también informó que el caso que sigue la UIF e implica el bloqueo de las cuentas bancarias de la UAEH "no ha transitado más allá" de lo que se ha conocido, además de reconocer que unas de esas cuentas han sido liberadas, por fallos obtenidos de jueces mediante amparos, pero otras, sin precisar número ni montos que incluyen, continúan congeladas. 

Sobre la causa penal 263/2020, que incluye, con base en la FGR, el periodo de su rectoría en posibles actos de triangulación de los 58.2 millones de pesos, insistió en que "no hay una sentencia todavía", por lo que no se puede considerar por definitiva la acusación. 

Respecto de la posible intervención de Sosa Castelán en el relevo en rectoría, Pontigo aseveró: "Llevo amistad con Gerardo Sosa, pero no tuvo ni tiene nada que ver (con su decisión)". Igualmente negó que su cambio y la elección de su sucesor sea designado por el líder político del Grupo Universidad.