CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En 2021, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) incurrió en irregularidades financieras por más de mil 337 millones de pesos en el Tren Maya, derivadas de sobrecostos en varios conceptos –especialmente en el Tramo 4, a cargo de la constructora ICA--, y arrancó las obras del megaproyecto con estudios no terminados, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).      

En 2021, el gobierno federal inyectó poco más de 33 mil millones de pesos en el megaproyecto –el 92% del presupuesto total entregado a la Secretaría de Turismo (Sectur)--, que el Fonatur destinó al arranque de las obras en cuatro de los siete tramos contemplados, y ello sin tener los estudios terminados y tomando en cuenta de manera muy parcial las recomendaciones de la Oficina de Gestión del Proyecto (OGP). Por ello, las obras reportaron un rezago del 70% en el avance físico, según lo planeado para ese año.

En una serie de 10 informes sobre el Tren Maya publicados ayer, la ASF descubrió, entre otros, que el gobierno federal sigue llevando adelante el proyecto del Tren Maya sin tener un estudio financiero, pues el dictamen que estaba previsto para 2020 nunca se realizó, y que el Análisis Costo Beneficio (ACB) del megaproyecto, que sirvió de justificación al proyecto, ya quedó rebasado por el aumento brutal del costo total del Tren Maya –de 12 a 20 mil millones de dólares--, pero el Fonatur sigue sin presentar una versión razonable del estudio.

Respecto a las factibilidades técnica, ambiental y económica, el Fonatur sigue operando con deficiencias, pues apenas en diciembre pasado pidió una prórroga de 180 días para presentar los datos actualizados sobre una serie de problemas identificados por un dictaminado privado, llamado IDEA Consultores.

De acuerdo con la ASF, la OGP advirtió, desde julio de 2021, que existían “retrasos” y “falta de recursos humanos y materiales” para la ejecución del proyecto, y recomendó al Fonatur que concentre los recursos en el tramo de Mérida a Cancún, pues los demás enfrentaban problemas.

La OGP también señaló una serie de riesgos con prioridad “muy alta” para el Tren Maya, que incluían la presencia de asentamientos humanos en la ruta del tren, el “plazo insuficiente para llevar a cabo los procesos de licitación” y los repetidos cambios que el Fonatur hizo al Tramo 5, situación que sigue vigente en este inicio de 2023, con un enésimo cambio en el diseño de la ruta.

Entre los riesgos de prioridad “alta”, la OGP señaló los riesgos de socavones derivados de la naturaleza kárstica de los suelos –especialmente en los tramos 4 a 7--, pero también las potenciales acciones de organizaciones sociales contra el megaproyecto o la tardanza de los trabajos de rescate arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La relación con la OGP no pareció del todo orgánica: el Fonatur resultó incapaz de entregar a la ASF los documentos que “acreditaran las gestiones” entre sus funcionarios y la OGP, pues planteó que dicha información estaba en manos de servidores públicos que ya no laboraban en la institución, es decir, personal que salió de Fonatur cuando López Obrador removió a Rogelio Jiménez Pons. Ello llevó la ASF a presentar una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC).

De acuerdo con la ASF, en 2021 el Fonatur entregó 55 contratos, por un monto total de más de 70 mil millones de pesos. De estos, 30 contratos lo fueron por adjudicación directa, y en 8 casos no presentó ninguna de las disposiciones requeridas –la investigación de mercado o el oficio de notificación--. Cuando los auditores le pidieron copias de los contratos, el Fonatur alegó que no los localizó en sus archivos, lo que llevó el organismo fiscalizador a presentar una queja ante el OIC.

Del Tramo 3, adjudicado a Grupo Indi –una de las empresas más favorecidos con contratos de obra pública en esta administración-- en consorcio con la española Azvi por 10 mil 192 millones de pesos, la ASF determinó un monto de 49 millones de pesos por aclarar, y recalcó que, en noviembre de 2022, las obras solo reportaban un avance del 15.39%.

Del caótico tramo 5, la ASF determinó que hubo una “insuficiente planeación y programación de la obra debido a que se realizaron pagos por obra en trabajos de la cimentación del viaducto Playa del Carmen en el trazo original”, el cual fue descartado y posteriormente retomado, “por lo que, en consecuencia, se tendrá que realizar nuevamente la ingeniería básica, el proyecto ejecutivo y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur, con el correspondiente impacto en monto y plazo derivado de lo anterior”.

Por si fuera poco, la ASF observó irregularidades en la licitación del contrato original para el Tramo 5, que el Fonatur entregó al consorcio encabezado por Grupo México, pues señaló que se presentaron dos ofertas más económicas que la propuesta final de la empresa del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco.

El año antepasado, el Fonatur también concretó la compra de un terreno cercano al aeropuerto de Cancún, por mil 150 millones de pesos. Lo compró a Banco Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, pues lo tenía resguardado en un fideicomiso en nombre de una empresa vinculada al magnate llamada Surmaq, S.A. de C.V. De acuerdo con la ASF, los funcionarios de Fonatur incurrieron en una irregularidad en la operación, pues no reportaron 862 millones 500 mil pesos de la venta en la Cuenta Pública 2021.