CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de que Proceso publicó el testimonio de la familia de Erick Omar Chávez Díaz sobre presuntas irregularidades en la investigación por su asesinato, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundió un posicionamiento en el que aseguró que la indagatoria se inició desde el primer momento, que seis policías están sujetos a proceso con prisión preventiva y que el caso avanza hacia la etapa de juicio.

Sin embargo, la institución confirmó que solo tres de los oficiales detenidos enfrentan imputación por homicidio doloso, mientras que para los otros tres un juez reclasificó el delito a ejercicio abusivo de funciones; por esa decisión, el 27 de enero último los familiares de la víctima bloquearon la avenida Circunvalación, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir no solo que no se reclasifique el delito en las carpetas mencionadas, sino que todos los agentes involucrados sean investigados por desaparición forzada cometida por servidores públicos, tortura y homicidio doloso.

De acuerdo con la FGJCDMX, la carpeta de investigación se abrió la madrugada del 5 de noviembre de 2025 tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida en la colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza.

Se trataba del cuerpo de Erick Omar Chávez Díaz, de 21 años, quien el 4 de noviembre de 2025 fue sometido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mientras paseaba a su perro en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos quedaron registrados en una grabación donde se observa a los uniformados golpeándolo y arrastrándolo hasta una patrulla.  Ese fue el último momento en que fue visto con vida.

El 6 de noviembre, según la Fiscalía local, los dictámenes periciales establecieron la existencia de violencia y el caso fue turnado a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio como homicidio doloso.

El comunicado del organismo precisó que mediante registros institucionales y análisis de videograbaciones difundidas públicamente se identificó la probable participación de elementos de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión contra Ricardo “N”, Enrique “N” y Jaziel “N”, cumplimentadas el 7 de noviembre, fecha en que fueron vinculados a La Fiscalía añadió que continuó con inspecciones a unidades oficiales, revisión de bitácoras de servicio, geolocalización de patrullas y peritajes en criminalística y medicina forense.

Como resultado de esas diligencias, solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra Humberto “N”, Maritza “N” y Jacob “N”, ejecutadas el 3 de diciembre; en audiencia del 9 de diciembre, el Ministerio Público imputó contra ellos el delito de homicidio doloso, pero el juez reclasificó el delito a ejercicio abusivo de funciones, manteniendo la prisión preventiva.

La institución sostuvo además que brindó acompañamiento integral a las víctimas desde el 6 de noviembre —trabajo social, psicología y atención médica— y que realizó reuniones presenciales el 27 de enero y el 6 de febrero de 2026 con participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para explicar el estado procesal.

Al cierre de esta publicación, la causa penal se encuentra en etapa de investigación complementaria con plazo hasta abril de 2026.

Lo que no respondió la Fiscalía

Aunque el posicionamiento de la institución encabezada por Bertha Alcalde llegó a esta revista como un “seguimiento a la información publicada sobre el caso de Erick Omar”, en el documento existen omisiones sobre irregularidades denunciadas durante la entrevista con los familiares de la víctima.

Mientras la Fiscalía sostiene que la investigación comenzó con el hallazgo del cuerpo, los familiares relataron que durante horas lo buscaron en ministerios públicos, hospitales y separos sin encontrar registro oficial.

Posteriormente, descubrieron que sí existía un registro institucional, pero el jóven había sido ingresado al sistema con otra edad y fallecido por causas naturales,  en un periodo en el que sus seres queridos aún lo buscaban con vida, información que no fue mencionada en el posicionamiento.

También afirmaron que la confirmación del fallecimiento no ocurrió mediante notificación institucional, sino cuando policías los citaron en vía pública para informarles que había un cuerpo con las características de Erick Omar Chávez Díaz; este mecanismo de notificación tampoco fue abordado por la Fiscalía en su respuesta.

El comunicado institucional indicó que brindó acompañamiento a víctimas desde el 6 de noviembre y que sostuvo reuniones en enero y febrero de 2026; sin embargo, los familiares declararon a Proceso que durante los tres meses que han transcurrido desde el homicidio no se les ofreció la asesoría de una abogado de oficio, ni fueron informados de diligencias relevantes, incluso afirmaron que conocieron por redes sociales la audiencia en la que se planteó la reclasificación del delito para tres agentes.

A ello se suma el silencio del organismo ante la ausencia de pertenencias personales del joven: fue presentado sin tenis, parte de su ropa no fue entregada y su teléfono permanece bajo resguardo de la autoridad.

Para la familia, estos objetos podrían aportar información sobre lo ocurrido después de que fue subido a la patrulla y sobre el periodo en que permaneció desaparecido, así como datos sensibles y personales que, temen, puedan ser utilizados para amenazarlos.

La Fiscalía informó que seis policías se encuentran procesados, pero su respuesta no se refirió a la solicitud expresa de la familia de investigar los hechos como desaparición forzada cometida por servidores públicos y tortura, además de homicidio.

Así, mientras el pronunciamiento oficial de las autoridades expone una investigación institucional activa con policías procesados y actuaciones en curso, el testimonio de las víctimas indirectas retrata una búsqueda de la justicia atravesada por el abandono institucional.