Desde hace años los habitantes de las comunidades indígenas que habitan la sierra Tarahumara han dejado sus tierras, hostilizados por políticos, caciques y empresarios. Y aunque muchos de ellos han ganado algunas demandas, los agresores desoyen a las autoridades agrarias y mantienen el control e intensifican sus acciones, además de explotar los territorios, donde talan de manera indiscriminada, siembran aguacate o explotan minas de esa región.

CHIHUAHUA, CHIH. (Proceso).–El desplazamiento forzado es uno de los mecanismos a los que recurren empresarios y grupos delictivos para despojar a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de su territorio –rico en recursos naturales, principalmente madera, oro, plata y paisajes imponentes–, para promover el desarrollo turístico.

Pobladores de las decenas de comunidades indígenas de las cuatro etnias que habitan aquella región han huido en silencio durante los últimos 10 años de su territorio para salvar sus vidas. Atrás dejaron sus casas, parcelas, ganado y el territorio que utilizaban para el agropastoreo, actividades ceremoniales y para la recolección de plantas medicinales, que cuidaban con celo.

Y a pesar de que han ganado algunas de las sentencias, las comunidades desplazadas no pueden regresar a su tierra debido al control que ejercen los grupos delictivos.

Hoy por lo menos 10 pobladores de la etnia rarámuri defienden su territorio. Reciben asesoría jurídica de organizaciones civiles, como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Awé Tibúame, esta última formada por habitantes rarámuri de Mogótavo, del municipio de Urique.

Las localidades de Coloradas de la Virgen, Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, Tepozán y Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo –en el Triángulo Dorado– son las que han ganado litigios; las autoridades judiciales reconocen su derecho al territorio ancestral y han ordenado a los gobiernos federal y estatal brindarles protección, pero la fuerza y control de los grupos delictivos sobre los territorios y autoridades les impiden regresar.

El desplazamiento forzado en la comunidad de Coloradas de la Virgen tiene una historia de por lo menos cuatro décadas. Sin embargo, a partir de octubre de 2018, cuando asesinaron al defensor indígena Julián Carrillo Martínez, el desplazamiento ha sido masivo y no ha parado desde entonces.

Primero huyeron alrededor de 50 familias del centro de la comunidad, pero durante la pandemia los grupos delictivos acapararon más territorio y despojaron de sus tierras a familias cuyas rancherías limitan con el municipio de Morelos o con el seccional de Baborigame.

La directora de la organización Alianza Sierra Madre, Isela González Díaz, quien asesora a las comunidades mencionadas, refiere que en el caso de Coloradas de la Virgen el Tribunal Unitario Agrario ordenó la suspensión de la explotación forestal.

“Ahí –dice– la sentencia es novedosa porque ordena a la Semarnat que no dé permisos de explotación forestal que perturben la vida de las personas indígenas. Antes se había interpretado que eran parcelas en lo individual, pero con peritajes se demostró que el territorio para los rarámuri es de uso comunitario.”

Sin embargo, personas mestizas del ejido de Coloradas impugnaron la resolución y ahora está en proceso de resolución.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2394 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.