SAN CRISTÓBAL DE LA CASAS; Chis; (apro).- Altas funcionarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron este martes en Chiapas una gira de trabajo para supervisar y dar seguimiento a la Medidas Cautelares otorgadas en 2018 y 2021 a indígenas tsotsiles de varias comunidades de Aldama que viven medio de conflicto con sus vecinos de Chenalhó.  

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, la comisionada y relatora para México y Pueblos Indígenas de ese mismo organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño así como dos especialistas llegaron ayer lunes a México para reunirse primer con el Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Este martes por la mañana llegaron a Chiapas para supervisar la situación de violencia que viven unas 22 comunidades indígenas tsotsiles de Aldama, entre ellas las que visitarán Tabac, Cocó y la cabecera municipal.

Dicha comisión supervisará la resolución 102/2021 de la CIDH sobre la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas cautelares MC-882-17 y MC-284-18, por cuestiones de seguridad y desplazamiento.

En el inicio de los trabajos de la visita, Arosemena de Troitiño y Reneaum Panszi sostuvieron una reunión con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y autoridades federales y estatales.

Entre estos, Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En representación del estado chiapaneco participó Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno.

La delegación sostendrá una reunión con personas integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de allegarse de información sobre posibles situaciones de riesgo en estas comunidades de Chiapas.

Desde 2018, el Estado mexicano dijo a los funcionarias de la CIDH ha implementado medidas a fin de garantizar un incremento de seguridad en la zona, ha otorgado ayuda humanitaria y acceso a servicios de salud. De igual forma, desde 2017, representantes del Gobierno de México han mantenido reuniones con las personas beneficiarias y sus representantes, con el fin de asegurar tanto acciones de seguridad como mejoramiento de vivienda para un reasentamiento digno.

Al término de la visita, el Estado mexicano dijo que estará atento a las opiniones y recomendaciones que pueda emitir la CIDH para continuar salvaguardando la vida e integridad de las y los habitantes de las poblaciones tsotsiles, beneficiarias de las mencionadas medidas.

El 28 de marzo de 2018, las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH una solicitud de Medidas Cautelares, frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en Chenalhó, que ocasiona desplazamiento de personas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dijo en septiembre del 2021, que tres años después de la solicitud de medidas cautelares para las comunidades de Aldama por los constantes ataques de arma por parte de grupos armados y de múltiples comunicados enviados por parte de dicha asociación y del Estado mexicano, el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 les otorgó las medidas, registradas con el número MC-284-18.

El Centro de Derechos Humanos enfatizó que, las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399 personas, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida, permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace moverse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados a la CIDH.

Sumando la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable con la que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba solicitó a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptar Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, para garantizar su vida, seguridad e integridad física.