TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- La Diócesis de San Cristóbal de La Casas denunció el incremento de la violencia en Chiapas así como la persecución de sus agentes de pastoral que acompañan a los pueblos y comunidades, como por ejemplo, la más reciente orden de captura girada en contra el párroco Marcelo Pérez Pérez.

En un pronunciamiento firmado hoy por Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Luis Manuel López Alfaro Obispo Auxiliar, la religiosa María Reyes Arias Sarao, Secretaria-Canciller y el presbítero José Luis Bezares Selvas, Vicario de Justicia y Paz, detalla la situación de violencia que impera en muchos municipios dentro de la circunscripción de esta diócesis.

“En nuestro país cada día experimentamos la inseguridad y violencia en nuestras calles, escuelas, comercios y desgraciadamente también en nuestros templos, lugares que nos reúne como comunidad para el encuentro con las hermanas y hermanos y con Dios. El asesinato de tres personas: un guía de turistas y dos sacerdotes Jesuitas, en el Estado de Chihuahua, dentro de un templo católico, nos hacen ver la magnitud del problema que se acrecienta cada vez más”, dicen los líderes religiosos en ese documento.  

“Desgraciadamente también en nuestro querido estado de Chiapas se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad”, agregan.  

Recordaron los asesinatos del año 2021: el 5 de julio de Simón Pedro, ex presidente de las abejas de Acteal, del Fiscal indígena Gregorio Pérez, muy cercano a su centro de trabajo; del periodista Fredy López Arévalo; y en 2022: de la señora Paula Ruíz y el mes pasado del presidente municipal de Teopisca, entre otras muchas personas más.

"El crimen organizado cada día ocupa más espacios en el territorio chiapaneco, dolorosamente se va sumando a la situación nacional, y se da una lucha entre grupos en competencia a nivel estatal y local. En este rubro destaca la trata de personas para la pornografía, venta de órganos y la explotación sexual y laboral de migrantes y nacionales... Dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios, logran controlar a las autoridades municipales. Todo esto causó inseguridad, violencia, extorsiones y desplazamiento forzado de personas y familias”, dice el documento emitido este domingo.

Señalan que en las últimas semanas nuestro país se ha visto envuelto en una serie de acontecimientos violentos muy preocupantes. Estos hechos han revelado cómo el narcotráfico se halla ligado a las estructuras policiacas, judiciales y políticas.

La mayoría de las zonas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, presenta situaciones de conflicto y detallan que por ejemplo en la Zona Tsotsil hay violencia en las comunidades de los municipios de: Chenalhó, Aldama, Simojovel, Chalchihuitán, Pantelhó, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiupán.

En la región Zona Chol presentan situación de violencia los municipios de Tila, Salto de Agua, Palenque; en la Zona Chab los municipios de Chilón, Sitalá; en la Zona Tseltal, los municipios de Oxchuc, Cancuc y Ocosingo; en la Zona Sureste, los municipios de Chicomuselo, Comalapa y Las Margaritas, donde hay persecuciones por la lucha contra la minería que daña el ecosistema y tráfico de personas.

En la Zona Sur que comprende los municipios de Venustiano Carranza, Teopisca, Las Rosas y Socoltenango y la Zona Centro en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde han ocurrido muchos hechos de violencia en los últimos años.

Señalan los líderes religiosos que al hacer un trabajo de acompañamiento en el sufrimiento de los pueblos y buscar la verdadera vida para los mismos, se afectan los intereses de personas y grupos que solo buscan la máxima ganancia a cualquier costo, sin importar el sufrimiento de las y los más pobres.

“Ha sido muy clara la implementación de las estrategias del sistema económico-político que nos gobierna, cuando una comunidad se organiza en defender su tierra y territorio, en cuidar de su gobierno comunitario por usos y costumbres, cuando se denuncian las injusticias que cometen, a veces, las mismas autoridades de las comunidades, municipios, etc. Pareciera el motivo para que se reaccione con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento”, dice la carta.

Y agrega que en Chiapas muchas y muchos han sido desplazadas y desplazados de sus hogares por la violencia que impera a su alrededor y por cuidar su vida y la de los suyos, perdiendo todo el patrimonio que con muchos sudores y lágrimas habían logrado.

“Nuestra Iglesia diocesana también ha sido mediadora en varios de los conflictos que se han suscitado en nuestro estado, siempre en contribución a la búsqueda del diálogo y la reconciliación, por la vía pacífica. Este trabajo, arduo y nada fácil, trae muchas veces la ingratitud de alguno de los actores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común”, indica el documento.  

Pero que todo esto ha traído como consecuencias amenazas e intimidaciones contra los y las Agentes de Pastoral de la diócesis, en varias de las zonas mencionadas con situación de violencia.

“Entre las que más destacan son, desde hace varios años, las que se hacen contra nuestro agente de pastoral Presbítero Marcelo Pérez Pérez, y que en estos últimos días han incrementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra”, denunció la Diócesis.  

Dijo que también sobre Agentes de Pastoral, como es el caso del hermano Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal y defensor de los derechos humanos y del territorio, de la parroquia de San Juan Cancuc, y de los otros cuatro más privados de su libertad junto con él, con quienes no se ha llevado a cabo el debido proceso, violentando sus derechos.

Y que en la detención del presidenta concejal de Pantelhó, Pedro Cortés López y a Diego Mendoza Cruz, de acuerdo a la palabra de quienes abogan por ellos, los testigos presenciales, expresaron que no se les presentó la orden de aprehensión y además se hizo con lujo de violencia, por lo cual también se violentaron sus derechos.

“Pero existen otras amenazas e intimidaciones sobre hermanas y hermanos Agentes de Pastoral y que no han tenido tanta trascendencia ante los medios, por diferentes razones. Estas situaciones mencionadas se han dado a conocer, de diversas maneras, a las autoridades de los tres niveles de gobierno las cuales se ven rebasadas, permisivas y/o coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional”, dice la carta enviada este domingo.

“Ante cualquier agresión que puedan recibir ellas o ellos, le recordamos a quienes gobiernan que, el Estado Mexicano debe garantizar la integridad física de estas hermanas y hermanos”, señalan.

Cómo Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y sus colaboradores exigieron “que cese la persecución, represión e intimidación en contra de los agentes de pastoral que luchan por la construcción de un mundo diferente y mejor”.