CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de México, se mantienen sin cumplimiento buena parte de las 80 recomendaciones que en su momento formuló el organismo tras una visita al país realizada entre el 28 de septiembre y 3 de octubre de 2015.

Entre las principales preocupaciones de la CIDH están las relacionadas con el mantenimiento de una política de seguridad pública militarizada, sobre todo por “las declaraciones del Poder Ejecutivo, de modo anticipado a las fuerzas armadas frente a posibles acusaciones por violaciones a derechos humanos”, por lo que recomienda al Estado que “refuerce sus discursos sobre rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad”.

Cabe recordar que desde su informe de visita a México, la CIDH alertó sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública, a partir del emprendimiento de la “guerra contra el narcotráfico”, siendo una de sus primeras recomendaciones “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.

El informe de seguimiento de recomendaciones a México forma parte del informe anual de la CIDH, destacándose entre otros temas, alertas por el incumplimiento de un observatorio sobre uso de la fuerza, ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las Mujeres de Atenco por la prevalencia de la tortura, en particular contra mujeres, tema en el que destaca la “ausencia de un diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres, lo cual impide adoptar políticas públicas integrales efectivas para la prevención y erradicación del problema”.

Sin dejar de reconocer el avance institucional en la política de búsqueda de personas desaparecidas, la CIDH subrayó su “preocupación que las desapariciones y desapariciones forzadas continúan constituyendo un alarmante fenómeno que afecta gravemente la situación de derechos humanos en México”, y consideró alarmante que al 7 de diciembre de 2021 “más de 23 mil 500 niñas, mujeres adolescentes y mujeres, están reportadas como desaparecidas en México, de las cuales más del 50% se encontrarían en el rango de 10 a 24 años de edad”.

Mientras que en el caso de las investigaciones sobre desaparición forzada, la CIDH resaltó que la normatividad aplicable considera que las indagatorias “sobre ese delito deben incluir la cadena de mando”, pero “la evidencia proporcionada no muestra avances de la implementación de esa práctica en el plano jurisdiccional”.

Otras de las preocupaciones manifestadas en el informe de seguimiento, están relacionadas con los riesgos a los que están expuestos los colectivos de familiares de personas desaparecidas, repudiando el asesinato del buscador de Guanajuato, Javier Barajas, cuya familia tuvo que desplazarse, mientras que otros colectivos de la entidad han recibido amenazas.

De acuerdo con el documento, presentado este jueves, se resalta que el “Estado continúe desplegando el máximo de sus esfuerzos para asegurar ejecución de las órdenes de aprehensión y se dicten los autos de formal prisión respectivos”, en el caso de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El organismo regional de derecho humanos alerta sobre “un entendimiento erróneo” de la Fiscalía General de la República de su autonomía, ya que “no remitió información para la respuesta del Estado”.

Sobre el uso de la fuerza, la CIDH advirtió que persisten “los problemas de elaboración y transparencia de informe pormenorizado sobre operaciones”, en tanto que no se aportó información relacionada con la apertura de investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales.

Tras reconocer al Estado por la aplicación de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL, 2021), la CIDH expresó su preocupación porque “el 49.1% de los hombres y el 39.8% de las mujeres declararon que sufrieron algún tipo de agresión física después de la detención; 42% de la población penitenciaria fue golpeada o maltratada para autoinculparse o aceptar hechos imputados y el 51.8% señaló haber sido incomunicada o aislada en agencias del Ministerio Público. Además 11% de las mujeres declaró haber recibido agresiones sexuales durante su estancia en agencias del Ministerio Público”.

En el documento se alerta de los altos niveles de violencia contra periodistas y el espionaje de periodistas y defensores, dedicados a la investigación de casos de corrupción, a través del software Pegasus.

En sus conclusiones, el organismo consideró que “la impunidad continúa representando uno de los retos más importantes para México”.