TOLUCA, Edomex. (apro).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “la presunta criminalización" de Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, recluida en un penal de Morelos y sentenciada a 21 años y 9 meses de prisión por su activismo en favor de sectores como las mujeres y los presos políticos.

La CIDH destaca que la defensora indígena, también integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, es procesada por al menos cinco causas penales, según información del Estado.

Advirtió que la criminalización de las personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio, pues “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos”, refirió en un comunicado.

Cuando se trata de mujeres defensoras, alertó, la criminalización inhibe las actividades que realizan, aumenta y exacerba las desigualdades sociales existentes.

Hernández Montalván –detenida en el Centro Femenil Federal de Alta Seguridad de Morelos, acusada de obstrucción a las vías de comunicación- ha sido sentenciada dos veces por tribunales del Estado de México por presunto “robo con violencia” en casetas de cobro de autopistas. Ambas condenas suman 21 años y 9 meses de prisión, y está pendiente la resolución de otras siete causas federales.

La CIDH también lamentó los asesinatos de Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, el 28 de abril; Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API), en Oaxaca el 20 de marzo; y del defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 7 de marzo.

Además urgió a “los Estados a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa”.

De igual manera, propuso incorporar un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y a dar garantías de no repetición, tras referir otros asesinatos concretados en América Latina durante los primeros cuatro meses del año.

Finalmente, llamó “a los Estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos”, en el entendido de que las personas dedicadas a esta actividad “cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias”.