Si bien es cierto que la voluntad política del gobierno de la 4T ha permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acceder a archivos militares que les negaron con Enrique Peña Nieto, “sí nos hemos encontrado con resistencias que tienden a proteger el trabajo anterior, en fiscalía y en unidades de inteligencia”, dice la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago. La integrante del GIEI habla, además, de las nuevas líneas de investigación sobre la participación de militares y la manipulación del caso que aún encubre a personajes clave.

BOGOTÁ.–Siete años después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan “desenredar” los nudos y “pruebas falsas” que dejó la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables.

En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.

Así lo explica la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del Caso Ayotzinapa, y factor clave, por el conocimiento que tiene del expediente, para reorientar una averiguación que funcionarios del gobierno de Peña Nieto decidieron “desviar con el fin de mantener oculto el paradero de los muchachos”.

En entrevista con Proceso, Buitrago Ruiz dice que “lo más difícil” en la nueva fase investigativa del Caso Ayotzinapa, que se inició en 2019 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido “enderezar una indagación que dejaron deliberadamente torcida”.

Y explica que “aquí ha tocado luchar para conseguir nuevos datos, nuevos documentos, nueva información, por el daño que hicieron, ya que todo se fue al traste, porque dejaron la investigación sin piso”.

Por eso, señala, la Unidad Especial de la Fiscalía para el Caso Ayotzinapa, que dirige Omar Gómez Trejo, y el GIEI también trabajan para determinar “a quién o a quiénes” intentaban proteger la PGR, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, que llevó el caso el sexenio pasado) y colaboradores de Peña Nieto.

“Ahora no puedo contestar a quiénes defendían los que construyeron la ‘verdad histórica’, que ni es verdad ni es histórica, porque esto está en averiguación”, dice la exfiscal y doctora en derecho y en sociología de la Universidad Externado de Colombia.

Lo que sí es un hecho es que en los últimos meses los investigadores –la propia Buitrago entre ellos– han tenido acceso a archivos militares que en el sexenio pasado estuvieron vedados.

“Era información oculta –afirma–, y acceder a ella ha sido posible porque el presidente ordenó que pudiéramos entrar a los cuarteles. Él ha tenido esa voluntad política, y también el subsecretario (de Gobernación) Alejandro Encinas, quien es un funcionario comprometido con los derechos humanos y ha hecho esfuerzos para romper estructuras muy acartonadas que obstaculizaron la investigación en el pasado”.

“Nosotros ya entramos a conseguir información directamente a los batallones y eso nos ha permitido conocer hechos que eran desconocidos, que están en evaluación y que nos han permitido avanzar y encontrar novedades.”

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2343 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.