A siete años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, mientras los padres de los jóvenes le piden al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con lo prometido, porque “no queremos que otra vez nos estén engañando”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a familiares de las víctimas, denuncia que, pese a que hay avances, la falta de resultados concretos en el Caso Iguala se refleja en la actual crisis nacional de desapariciones, situación que pasa por el “desdén” que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene por los colectivos de búsqueda.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con tristeza, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no oculta la contrariedad que le causa no saber qué pasó con su hijo y sus 42 compañeros desaparecidos de manera forzada la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, luego que hace tres años padres y madres de los jóvenes confiaran en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que bajo su gobierno se esclarecería su paradero.

Integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, surgida del primer decreto presidencial de López Obrador, el 3 de diciembre de 2018, Cristina Bautista reconoce “la voluntad” del mandatario, pero advierte que a la mitad de su gobierno no se ha cumplido la principal demanda de los padres de los jóvenes desaparecidos.

“Lo que le hemos dicho al presidente es que queremos a nuestros hijos de regreso, que cumplan sus sueños que tienen en la vida, pero si ya no están vivos, si ya no están en la tierra, sino bajo tierra, que nos digan a dónde, que sea cierto.

“No queremos más mentiras porque nos llevaron cuatro años con (Enrique) Peña Nieto con puras mentiras, y ahora ¿otra vez? Le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros. Tenemos el derecho de saber de nuestros hijos”, dice Bautista Salvador en entrevista.

Originaria de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, en las montañas de Guerrero, Bautista confiesa que los familiares de los estudiantes desaparecidos sí esperaban los resultados de manera pronta tras la firma del decreto presidencial de la comisión especial que coordina el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Pensamos que todo iba a ser rápido, las investigaciones; no creímos que iba pasar más de un año sin saber dónde están nuestros hijos, pero nos equivocamos”, lamenta.

Cristina Bautista repasa lo ocurrido en estos últimos tres años, desde la creación de la Comisión de la Verdad, tras admitir que, a diferencia de la administración anterior, “ya no nos reciben con gases lacrimógenos; ahora nos abren las puertas”.

Sin embargo, aclara que una vez que se instaló la comisión presidencial, el 15 de enero de 2019, “tardamos un año en instalar el equipo (de trabajo). Vimos que, en un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso entrarle ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y Encinas “tienen voluntad, le echan ganas, la fiscalía se tardó en nombrar al fiscal especial para el Caso Ayotizinapa. Tuvimos que hacer un mitin en junio para que lo nombraran, hay órdenes de aprehensión pendientes, pero la fiscalía no quiere hacerlas cumplir.

Sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de alterar evidencia del caso, “las autoridades están viendo cómo extraditarlo a México –se esconde en Israel–, pero se ha tardado mucho por los papeleos. Quién sabe qué tanto hacen porque él fue el mero responsable de lo que pasó en el Río San Juan, y con (Jesús) Murillo Karam construyeron la mentira histórica. Estamos atorados”.

En Ayutla, el viernes17, el subsecretario Encinas informó que están pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Cristina Bautista dice que coincide con los demás familiares de las víctimas en que urge ejecutar las órdenes de captura, así como llamar a cuentas a exfuncionarios que pudieron haber obstaculizado la indagatoria y ordenado el cierre precipitado de las investigaciones con la “verdad histórica”.

“Le hemos dicho al presidente que se le pregunte a los responsables… Ahí están Peña Nieto, Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y (Salvador) Cienfuegos, quien no permitió que los expertos entrevistaran a los soldados, qué esconde ahí”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2343 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.