CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tortura “generalizada”; informes falseados; funcionarios que avalaron diligencias sin estar presentes; siembra de pruebas, como restos óseos, son algunos de los elementos con los que se construyó la “verdad histórica”, sostuvo el titular de la Unidad Especial para Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Durante la conferencia conjunta con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el fiscal especial señaló que en la revisión de la investigación iniciada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con otras dependencias federales, la Unidad a su cargo recuperó más de 40 videos que evidencian que funcionarios públicos realizaron interrogatorios “de manera irregular”.

Los videos, apuntó, refuerzan las declaraciones de testigos presenciales y de víctimas, así como pruebas documentales y resultados de la aplicación del Protocolo de Estambul a personas privadas de la libertad por el caso, que “corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR”. 

Además de la “tortura generalizada”, Gómez Trejo dijo que identificaron irregularidades procesales en diligencias como la realizada en el río San Juan, donde se habría localizado la bolsa con un resto óseo.
    
De acuerdo con el funcionario, persiste la hipótesis de que la bolsa fue sembrada y que hay certeza de que “los agentes que firmaron el informe (del hallazgo) no se encontraban en Guerrero en ese momento, sino en la Ciudad de México”. 

Señaló que el expediente tiene informes falseados sobre llamadas telefónicas anónimas, así como oficios de localización y presentación de testigos o presuntos implicados, entre otros documentos. 
    
Gómez Trejo calificó el expediente de Ayotzinapa como “una averiguación previa a modo”, por lo que la Unidad Especial inició procesos penales en contra de los funcionarios y exfuncionarios responsables de las irregularidades ministeriales y periciales, hechos que configuran delitos que fueron cometidos en la anterior administración.
    
Asimismo, explicó los impactos de la manipulación en la indagatoria, por ejemplo, la exculpación de personas que inicialmente fueron procesadas por la PGR como autores materiales de la desaparición, tras comprobarse que fueron víctimas de tortura. 

Sostuvo que la “versión histórica” ya ha sido desvirtuada en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otros organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.