Ciudad de México (Proceso).-- Durante las últimas semanas se ha denominado continuamente como “crisis migratoria” a la enorme cantidad de personas actualmente en movilidad a través de México (y desde México) con ruta hacia los Estados Unidos.

Efectivamente, las cifras son enormes, tanto como la vulnerabilidad y extrema precariedad que caracteriza a esta movilidad. Si comparamos con el año 2022, que cerró con la estadística más grande de todos los tiempos en arribos a la frontera sur de Estados Unidos, lo que sucede ahora es muy parecido en cifras: posiblemente se iguale el récord, si no es que resulta mayor.

De acuerdo con los “encuentros” que la autoridad migratoria del país vecino tuvo el año pasado con extranjeros, la cifra alcanzó 2.57 millones. Hasta agosto del 2023 se han registrado 1.5 millones y todavía nos faltan los meses por venir, que vislumbran grandes cantidades. Nos encontramos así entre tiempos muy críticos, con movimientos de personas en escala gigante, confrontados con políticas migratorias rudas y militarizadas (la mexicana) enfocadas hacia la contención y expulsión, sin desconocer que al lado están algunas medidas --insuficientes-- de inclusión promovidas por el gobierno de J. Biden.

Por si faltara algo, todo lo anterior acompañado de un perverso e impune “mediador”: el crimen organizado y las complicidades compradas en el camino, que han resultado los grandes ganadores del escenario.

Más allá de cifras, sin duda importantes, la cuestión central de la coyuntura radica en el perfil social de las personas en movimiento: se trata de solicitantes de refugio, principalmente. Son personas obligadas a abandonar sus lugares de origen, forzadas a hacerlo debido a múltiples factores que coinciden en cerrar opciones y obligar la desesperada búsqueda de alternativas en otros países. No es casualidad que los contingentes en movimiento incluyan numerosas familias, mujeres, niños y adolescentes. No es aquella vieja movilidad asociada con razones económicas y laborales, caracterizada por una migración mayoritaria de hombres solos, en edad productiva. A diferencia, la crisis actual, dicho claramente, es una crisis de refugiados.

Tener por centro al refugio, como corresponde a la realidad de las personas en tránsito por México --y desde nuestro país-- cambia por completo el diagnóstico y, sobre todo, obliga al Estado a reaccionar de forma distinta. En particular, en México tenemos compromisos internacionales en la materia, de los que incluso hemos sido entusiastas promotores; además, son vigentes valiosas disposiciones constitucionales en materia de refugio; tenemos una legislación especializada y, no menos importante, existe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Este es y debe ser el marco jurídico e institucional aplicable a la coyuntura y a las poblaciones que arriban al país; no otro.

Si a población con perfil de refugio se aplica la Ley de Migración e interviene el INM o la Guardia Nacional y, en función de esto, se les detiene o deporta del país, se están violando masivamente los derechos de las personas e incumpliendo las obligaciones del Estado. Ayudaría muchísimo cambiar de perspectiva y aplicar la legislación debida. Sobre todo, ayudaría que el INM y la Guardia Nacional sean instancias coadyuvantes en los lineamientos que establezca la Comar, que debe ser la entidad directiva ante la crisis de refugiados.

Para dejarlo claro: tengan o no un reconocimiento formal por Comar, las personas con perfil de solicitantes de refugio son titulares de la protección del Estado y portadores de derechos específicos. Más aún, la Ley mexicana sobre refugiados contiene disposiciones para formalizar la protección de manera colectiva, amplia, de entrada, sin excluir que posteriormente pueda procederse al análisis individual de cada persona y a resoluciones consecuentes. En todo caso y ante la emergencia, el principio que debe dominar es el de protección, incluyendo las medidas de asistencia humanitaria imprescindibles.

Es verdad que la Comar ha sido relegada a la última de las prioridades presupuestales. Es evidente que tiene capacidades operativas completamente desbordadas y que sobrevive gracias a las aportaciones de la Naciones Unidas, mediante ACNUR. Si bien en el corto plazo esta marginación presupuestal no va a cambiar (¿o nos dará una sorpresa la Cámara de Diputados?), lo que no puede excusarse es la marginación política de Comar. Aún con sus precarios recursos, tiene capacidad para articular apoyos de otras entidades del gobierno federal, de los estados, de municipios, de empresas y de la generosa sociedad civil. Mejor aún, tiene capacidad para trazar límites al INM y a la Guardia Nacional en su relación con la población refugiada, para evitar los abusos y violaciones graves a derechos. No se necesita presupuesto para ejercer ese liderazgo. Lo requerido es voluntad política.

La actual coyuntura se caracteriza además por la aportación mayoritaria de mexicanas y mexicanos en los arribos a la frontera sur de Estados Unidos. La problemática no es de extranjeros solamente. Ninguna otra nacionalidad tiene la magnitud de la mexicana, que integra alrededor de un tercio del total de los “encuentros” registrados por la patrulla fronteriza estadounidense. Si quisiera reducirse el flujo de arribos a la frontera, habría que comenzar con evitar las condiciones que obligan a nuestra población a buscar alternativas en el norte.

Es un síntoma muy grave que cerca del 40% del flujo mexicano sea en grupo familiar, según datos de julio y agosto de 2023. Cuando se migra de esta manera es porque se abandonan los espacios de origen; es porque se cierran de manera dramática las opciones de vida, no para una persona sino para el núcleo familiar. Corresponde este perfil a los solicitantes de refugio mexicanos, que en estos días abarrotan albergues de las ciudades fronterizas del norte. No hace mucho tiempo --para precisar la magnitud de la crisis social que explica la problemática-- la proporción de movilidad en grupo familiar rondaba el 3%, en enero del 2022. Hoy estamos en una escala 12 veces mayor: el crimen organizado y la ausencia de estado de derecho en muchas regiones del país son el telón de fondo.

En suma, la crisis de refugio es también nuestra. Sobre todo es nuestra, a pesar del silencio gubernamental que se esfuerza por esconder la viga del ojo propio.

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Tonatiuh Guillén López es profesor del PUED/UNAM