CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para redefinir cómo se mide el gasto del gobierno. 

La iniciativa, con la cual propone expedir la nueva “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”, ya causó polémica porque hay quien advierte que con esos cambios se busca maquillar la situación financiera real del país.  

Este 19 de marzo el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su propuesta para modificar la LFPRH, específicamente el artículo 2, fracción XXIV Bis, para modificar el concepto “gasto corriente estructural”.

El ajuste desincorpora ese término a los programas sociales universales con respaldo constitucional, así como los servicios personales vinculados a funciones de educación, salud y seguridad pública; es decir, el pago de maestros, médicos y policías.

Esos gastos, que hasta ahora eran vistos como presión directa sobre el gasto operativo, pasan a ser absorbidos bajo una categoría con implicaciones distintas en la medición del balance público.

De acuerdo con el artículo 17 de la LFPRH, el “gasto corriente estructural” es uno de los componentes para determinar si el gasto público contribuye o no al equilibrio presupuestario. 

Aunque el gobierno no elimina esos gastos del presupuesto, ni del cálculo del déficit medido vía los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), sí altera el “termómetro” con el que se mide la presión del gasto sobre las finanzas públicas porque este concepto ayuda a evaluar la disciplina fiscal de México, así como a mantener un balance con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.

“Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriore", detalla el artículo. 

Advierten opacidad 

Para el analista económico Mario Di Costanzo, el cambio que pretende Sheinbaum Pardo en la fórmula busca esconder el déficit y el endeudamiento real del país en un momento en donde las finanzas de México están más presionadas que nunca. 

“Llega a la Cámara de Diputados una reforma que busca excluir del gasto corriente los sueldos de policías, médicos y maestros, además propone que no se considere como gasto corriente a los programas sociales... Lo anterior, entre otras cosas, reduciría ‘artificialmente el déficit y los requerimientos financieros del sector público”, advirtió en redes sociales.