CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– México se mantiene en el rango de países peligrosos para el ejercicio periodístico, pese a que hay un menor número de comunicadores asesinados. Sin embargo, continúan los casos de impunidad y aumentan la crítica y las embestidas desde el Poder Ejecutivo hacia reporteros y sus medios, expone el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

“Con un Estado que no comete los asesinatos de manera directa, pero que no ha podido garantizar la vida de los comunicadores sociales, hubo nueve asesinatos de periodistas en México”, se lee en el documento que analizó datos entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025. 

La investigación hecha por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países. 

Se advierte que este periodo del reporte coincide con el cambio en el Poder Ejecutivo mexicano y “ocurre en un momento en que se tiene una marcada percepción en la opinión pública nacional de que poco o nada cambió en el último año con respecto del sistemático tono condenatorio contra la prensa independiente”.

México se encuentra en la franja de “Alta Restricción” junto a Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Haití, Cuba y El Salvador. Ello, de acuerdo con el estudio, pone a nuestro país con 34.9 puntos de un máximo de 100, ubicándolo en la casilla 18, bajando cinco posiciones con respecto de la medición anterior, la calificación más baja desde la primera edición del Índice Chapultepec, en 2020.

“El entorno Ejecutivo fue el más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión, aunque seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con influencias consideradas ‘Moderadas’. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones”, expone el documento. 

Respecto de otros poderes, los investigadores concluyen que existe otro riesgo, pues mientras gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han apelado a las demandas civiles para intentar acallar la crítica, “uno de los nuevos argumentos contra comunicadores es la supuesta comisión de violencia de género. Ejemplo emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez. Por el caso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años, y la prohibición del ejercicio a González Valdez por el mismo lapso”.

Represión en la región

El documento advierte que América Latina se encamina hacia una etapa marcada por procesos electorales y cambios geopolíticos que, de acuerdo con el diagnóstico, podrían redefinir el entorno informativo planteando nuevos dilemas, desafíos y responsabilidades para la defensa de la libertad de prensa.

En esencia, los datos coinciden en que ese periodo trata de uno de los peores años para el periodismo en la región, con homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en naciones como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

Los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta en las naciones peor evaluadas –refiere el índice–. Los jueces de la gran mayoría de estas naciones atribuyen a los Poderes Ejecutivos correspondientes el entorno mayormente vinculado con las situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa. 

Durante años, el tema de la publicidad oficial ha estado en el debate público, debido a las implicaciones de control; por ello el informe pone énfasis en este rubro aludiendo que “se antoja vital establecer controles más rigurosos sobre el uso de la publicidad oficial evitando su permanente utilización como herramienta de censura indirecta.

La publicidad oficial ha sido durante muchos años un mecanismo de control indirecto en el país, anteriormente más ‘diversificada’ en su reparto, pero a partir de este sexenio se ha limitado a hacerla llegar sólo a medios identificados abiertamente con una corriente ideológica en particular, en este caso de izquierda (impulsada desde el mismo partido en el poder) -se lee en el reporte. 

Aunque el informe no lo menciona, se refiere al diario La Jornada, que en 2024 recibió por concepto de publicidad 233 millones de pesos. 

Eso coincide con lo publicado por la organización Artículo 19, que en su momento documentó que “en el periodo 2019 a 2023; 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. Diez de ellos concentraron 48.57% de los recursos, mientras que 911 medios restantes se repartieron 51.43%; Televisa, La Jornada y TV Azteca son nuevamente los medios que concentran la mayor parte de la publicidad oficial. 

Televisa recibió 10.43% del total, La Jornada 9% y TV Azteca 8.71%; juntos esos tres medios acumularon cuatro mil 79 millones de pesos, lo que representa 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial. 

Asesinatos y violencia

El informe del Índice Chapultepec alerta que persiste el acoso judicial y la violencia, “con una tasa alarmante de agresiones, y se mantiene al mismo tiempo una impunidad generalizada”.

Aunque los homicidios de periodistas han disminuido, la falta de acciones gubernamentales concretas para proteger y resolver los crímenes agrava la percepción de un entorno restrictivo y peligroso.

Por ello recomienda la creación de mecanismos de protección más efectivos, pues, pese a que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) es la autoridad oficial encargada de las investigaciones y persecución de delitos, son mínimos los casos de fiscalización seguidos por este organismo gubernamental que terminan en sentencia favorable. 

Desde su creación en 2010 y hasta 2024, la Feadle inició dos mil 371 investigaciones, de las cuales sólo 201 han sido resueltas, lo que equivale a una impunidad de 84.7%; si se consideran únicamente las sentencias condenatorias, la impunidad alcanza 98.27 por ciento. 

Pese a la existencia de fiscalías especializadas y a la aprobación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión en 2017, la mayoría de los casos no se judicializa y la impunidad persiste.