En México, ejercer el periodismo nunca ha sido una tarea sencilla. La censura, la violencia y la precariedad han marcado durante años la labor de quienes buscan contar la verdad. A este panorama se suma el laberinto en el cual se encuentran las y los periodistas: la desaparición en México de los organismos autónomos en materia de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante más de dos décadas, estas instituciones acompañaron a periodistas y medios de comunicación en la búsqueda de documentos oficiales para contrastar datos, denunciar abusos y exhibir actos de corrupción.

Paralelo a esta situación, un estudio reciente de Artículo 19 alertó sobre el aumento de la censura y los intentos de silenciar a la prensa en México. Durante los primeros siete meses de 2025, la organización documentó un récord alarmante de 51 casos de acoso judicial, dirigidos contra 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) además de 12 medios de comunicación.

Esto equivale en promedio, a un nuevo proceso legal cada cuatro días, una cifra que ya supera todo lo registrado en años anteriores y que rebasa los 40 casos documentados en 2021. La investigación también reveló que en el 53% de las entidades federativas se ha registrado al menos un hecho de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación. Los estados con más procesos iniciados contra profesionales de la información son Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6.

Este escenario se agrava porque ya no existen organismos autónomos que garantice el acceso a la información. Los periodistas, que antes podían recurrir al INAI para obtener contratos, auditorías, estadísticas de seguridad o datos de salud pública, hoy enfrentan un laberinto burocrático que dificulta cumplir con una de las funciones más esenciales de esta profesión: la investigación.

Durante mi paso como comisionada del INAI, fui testigo de cómo investigaciones periodísticas se construyeron gracias a solicitudes de información. Por ejemplo, reportajes sobre desvíos multimillonarios en dependencias, la compra de medicamentos a sobreprecio o contratos de obra pública marcados por la opacidad. Cada caso reveló la fuerza del derecho de acceso a la información como herramienta del periodismo. Estas investigaciones se dieron a lo largo de diversos sexenios, sin importar el partido en el poder.

Ahora, sin ese respaldo, el periodismo enfrenta un escenario incierto. No se trata sólo de un problema para los medios, también tendrá su impacto social, porque sin el acceso a información verificada, se abre la puerta a la desinformación y al discurso político como poderosas fuentes para interpretar la realidad. En la actualidad, se vuelve imperativo contar con diversas fuentes de información para construir una realidad más diversa y plural.

El acceso a la información no es un lujo, es un derecho fundamental y un pilar del periodismo. Sin este derecho, los periodistas quedan expuestos a publicar versiones incompletas, depender de filtraciones o incluso practicar la autocensura. La opacidad siempre beneficia a quien tiene la información y deja en desventaja a quienes ejercen su derecho a saber.

Es necesario fortalecer el vínculo entre periodistas, sociedad civil y academia para exigir que no se menosprecie este importante derecho. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de quien toma decisiones o de promesas políticas. La experiencia de los organismos garantes demostró que se necesita un árbitro autónomo, con capacidad de obligar a las instituciones a abrir la información.

Las y los periodistas necesitan el acceso a la información pública para realizar su trabajo. Es necesario que accedan a datos públicos para narrar la realidad con sus ojos, para investigar sin miedo, para dar voz a víctimas y contar historias basadas en documentos, no en dichos. Sin transparencia, el periodismo se queda en el aire.

El vacío institucional que no se ha llenado, coloca a las y los periodistas en mayor vulnerabilidad. Y, sin embargo, siguen ahí, insistiendo, preguntando, buscando. A ellos debemos acompañarlos, porque la defensa de la libertad de expresión y del acceso a la información no es sólo una causa del gremio, es una causa de todos los que creemos en una sociedad más justa y libre.